Ni 3de3, ni candado antimoches

Ni las declaraciones 3de3, ni candado antimoches, ni fiscal anticorrupción, ni enfoque de redes para ver a la corrupción como crimen organizado, ni sistema de recompensas para fomentar la denuncia, ni protección de testigos.

Así es la propuesta de las leyes anticorrupción que impulsan el PRI y el PVEM.

Sorpresivamente, la representación de la sociedad civil avaló este proyecto presentado por ambas bancadas en el Senado y pidió llevarlas a la brevedad a votación en comisiones.

Abandonó, así, por lo menos a una de sus banderas más importantes: hacer públicas las declaraciones 3de3.

Tras varios días en que ambos partidos y representantes de la sociedad civil cocinaron a puerta cerrada una propuesta light, este jueves finalmente se dio a conocer el tercer borrador de las leyes anticorrupción que dejó a la oposición con un amargo sabor de boca.

“El Sistema Nacional Anticorrupción es un vehículo en el que debiéramos transitar todos los mexicanos en condiciones de tranquilidad, de orden, de garantía.

“Y lo que estamos advirtiendo es que el PRI ha entregado un vehículo sin llaves y sin motor”, acusó Fernando Herrera, coordinador de los senadores el PAN.

“Lamentamos mucho que hayan anulado la Ley 3de3 (…) Están matando al Sistema Nacional Anticorrupción”, sentenció Miguel Barbosa, coordinador del PRD.

La versión descafeinada de las leyes anticorrupción corrió a cargo de los senadores Pablo Escudero, del PVEM; y Raúl Cervantes, del PRI.

Al finalizar el proceso, Bohórquez envió una carta a ambos senadores para avalar la propuesta, pero haciendo notar que falta legislar sobre la parte penal del proyecto y la creación de la Fiscalía Anticorrupción y sin esos elementos, el SNA nacería incompleto.
 
Síndrome Poncio Pilato

En la negociación de uno de los temas más complicados en la historia del Congreso mexicano, las bancadas llegaron al punto en que aplicaron la enseñanza de Poncio Pilato: lavarse las manos.

Después de dar a conocer su propuesta, el tricolor acusó a la oposición de estar contra el avance real en la legislación anticorrupción.
En una conferencia a la que acudió la mayoría de los senadores del PRI y el PVEM, el coordinador de los priistas, Emilio Gamboa, sostuvo que si PAN, PRD y PT juntan sus votos, pueden aprobar “la ley anticorrupción que quieran”.

Juntos, el PRI y el PVEM tienen 62 de 128 votos; el PAN, el PRD y el PT tendrían 64. Esto sin contar a los dos senadores sin partido.

Gamboa dijo que buscará el mayor consenso posible para aprobar esta reforma de gran calado y aseguró que no buscará los votos de los legisladores del PAN.

“El PRI, frente a una ley de gran calado, que va a transformar la vida nacional de nuestro país, quiere el mayor número de consensos (…).

“Sé que si busco a un grupo de otro partido podríamos sacar esto; no lo haré por una condición fundamental: yo no voy a ocasionar que no haya gobernabilidad en el Senado”, afirmó Gamboa.

El PRI y el PVEM agradecieron a los miembros de la sociedad civil que enviaron una misiva para avalar la propuesta.

“Deseamos expresar a ustedes que, en efecto, coincidimos con los contenidos sustantivos de los proyectos que se han elaborado a lo largo de esos diálogos y reconocemos el esfuerzo realizado para recuperar nuestras observaciones en cada uno de ellos (…).

“Es nuestra opinión compartida que dichos proyectos deben ser llevados a la brevedad posible al seno de la Comisiones Unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana, de Justicia y de Estudios Legislativos Segunda, a fin de continuar con el proceso legislativo en curso”, afirmó Eduardo Bohórquez, presidente de Transparencia Mexicana y representante de los impulsores de la Ley 3de3, en una carta exhibida por los priistas.

En la misiva se detalla una serie de temas en los que están de acuerdo con el borrador del PRI y el PVEM; se explica que 15 académicos e investigadores revisaron la propuesta de estos partidos.

El PRD anunció que votará en contra de esa propuesta, pero no obstruirá el proceso legislativo si la mayoría quiere imponerla antes del sábado.

Propuesta queda light

En su propuesta, el PRI y el PVEM dejaron fuera la obligatoriedad para que los funcionarios hagan públicas sus declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses.

Se propuso que estas declaraciones solo sean públicas cuando haya consentimiento expreso del servidor público.

“El servidor público que así lo determine, podrá hacer pública la totalidad de su declaración patrimonial. Los declarantes podrán incluir la información de sus cónyuges y dependientes económicos directos, siempre que cuenten con la autorización expresa del titular de la información”, señala el artículo 29 de la propuesta de Ley de Responsabilidades.

Pablo Escudero, presidente de la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana, explicó que esto se hizo así por el respeto a los derechos humanos y las garantías individuales de los funcionarios.

Esto significa que tampoco será obligación que los familiares o dependientes económicos presenten su declaración.

También se sacó de la propuesta todo el sistema de recompensas, diseñado para que quienes denuncien la comisión de un acto de corrupción y ayuden a castigar al culpable, pudieran quedarse con un 10 por ciento del total del daño que se haya hecho al erario, una vez que fuera recuperado.

En cuanto a la propuesta del PAN y el PRD que pedía la creación de todo un mecanismo de protección para testigos y denunciantes de actos de corrupción, que garantizaran su anonimato y le impidieran ser acosado o lastimado por otras personas.

La propuesta tampoco incluye cambios al Código Penal Federal, donde radicaban “los dientes” del SNA para castigar con prisión la comisión de algunos delitos; ni entró a la discusión de las facultades y nombramiento de un fiscal anticorrupción.

Descafeinada

En México, la corrupción cuesta 347 mil millones de pesos al año, según cifras del INEGI.

Aun así, las bancadas oficialistas decidieron impulsar un Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) con leyes light.

En su documento de trabajo, PRI y PVEM dejaron fuera la mayor parte de las propuestas que la sociedad civil llevó al Senado como parte de la iniciativa de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos –conocida como Ley 3de3-.

Sus promotores buscaban que se diera al combate a la corrupción una dimensión como la que se da al combate al crimen organizado.

Incluía la obligación de que las declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses -3de3- de todos los funcionarios, fueran públicas. La propuesta con el respaldo de más de 634 mil firmas.