A Nestora Salgado García la vida la ha llevado por diversos caminos: pasó de ser madre de familia a jefa del grupo de autodefensas que se alzó contra el crimen organizado en Olinalá, Guerrero, luego fue presa, y ahora es candidata a Senador de la República por el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena).
Nunca, ni siquiera cuando estuvo encarcelada por secuestro, su vida había saltado con insistencia a la polémica nacional, fue hasta ahora que el candidato presidencial de la coalición PRI-PVEM-PANAL, José Antonio Meade, cuestionó su moralidad para estar en un cargo de gobierno, que se le colocó con insistencia bajo el escrutinio de la opinión pública.
Durante el debate de los cuatro candidatos presidenciales, Jose Antonio Meade expuso un texto, extracto de la averiguación previa penal que en teoría es secreta, donde leyó la acusación de una supuesta víctima que acusaba a la entonces indiciada de haber solicitado 5 mil pesos a cambio de la libertad de una mujer.
El extracto del expediente penal de Nestora Salgado que leyó el candidato José Antonio Meade, fue calificado por él mismo como “una de las tantas historias de armas e impunidad” que se viven en México, a lo que la aludida respondió en redes sociales que el abanderado estaba incurriendo en el delito de difamación.
Con el hashtag MeadeMiente, la candidata de Morena al senado del país respondió a través de su cuenta de Twitter: “La difamación es un delito.@JoseAMeadeK y te reto públicamente a que pruebes tus afirmaciones. Ya basta de que tú y el #PRI criminalicen a los luchadores sociales. ¡No nos vamos a dejar!”.
ENTÉRATE: “LA DIFAMACIÓN ES UN DELITO”, ADVIERTE NESTORA SALGADO A MEADE TRAS ACUSACIONES EN SEGUNDO DEBATE
El pasaje al que se refirió el candidato del PRI es solo uno de los contenidos dentro del expediente penal que el gobierno de Guerrero instauró en contra de Nestora Salgado, marcado con el número DGAP/136/3013, en donde se contienen declaraciones de por lo menos 39 personas que señalaron a la jefa de las autodefensas de Olinalá, de los delitos de robo, secuestro y extorsión.
Hasta antes de la detención de Nestora Salgado, bajo los cargos que fueron acumulados en por lo menos otros seis expedientes criminales, el gobierno estatal nunca la consideró fuera de la ley, pues el propio gobernador Ángel Aguirre la reconoció como coordinadora de la policía comunitaria de Olinalá, bajo el acuerdo de ley 701 De Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidad Indígenas del Estado de Guerrero.
En la citada ley, según lo refiere el artículo 6 en su apartado XI, compete a los pueblos contar con un “cuerpo de seguridad pública reconocido, de conformidad con los sistemas normativos de las comunidades y pueblos indígenas”, cuyo mando recayó en Nestora Salgado, la encabezó el movimiento de defensa del pueblo contra el crimen organizado.
En función de las atribuciones de detención y seguridad pública que le otorgo la ley, Nestora Salgado comenzó a realizar detenciones de personas relacionadas con el crimen organizado, mismas detenciones que luego fueron reconocidas por el propio gobierno estatal, como actos delincuenciales.
Así, la hoy candidata a senador, fue detenida el 21 de agosto del 2013, bajo la acusación de secuestro, robo y extorsión, razón por la que fue encarcelada durante dos años, seis meses y 13 días, primero en el penal de alta seguridad de Tepic, Nayarit, y luego en la Torre Medica del Penal Femenil de Tepepan, de donde salió absuelta.
Durante el tiempo de reclusión de la hoy activista de derechos humanos y candidata por Morena, el grupo de trabajo del Consejo de Derechos Humanos de la ONU emitió una resolución en el documento “Opinión núm. 56/2015 relativa a Nestora Salgado García”, donde solicitó la inmediata liberación de la jefa de las autodefensas en la zona de La Montaña, en Guerrero.
En dicho documento, se estableció que “el arresto y la posterior privación de libertad de la Sra. Nestora Salgado corresponde a la Categoría I, II y III (relativas a violación de amnistías y derechos humanos) y de las categorías aplicables a la consideración de los casos presentados ante el Grupo de Trabajo”.
Por ello la ONU solicitó al gobierno mexicano “tomar las medidas necesarias para remediar la situación, liberando a la Sra. Salgado y proporcionándole una compensación apropiada”, misma que a la fecha no ha sido recibida por parte de la autoridad mexicana.
