Nestora Salgado García, senadora por Morena, presentó un punto de acuerdo en el que condenó las amenazas, agresiones y asesinatos en contra de quienes contienden en el proceso electoral, además de solicitar garantías para su integridad, evitar la violencia política por razón de género y sancionar a los responsables de dichos actos.
La legisladora se sumó al llamado para que las autoridades de los tres órdenes de Gobierno, en coordinación con el Instituto Nacional Electoral, emprendan acciones para la protección de las y los candidatos que contenderán por los más de 21 mil cargos de elección popular el próximo 6 de junio.
Refirió que, al menos, once aspirantes a puestos de elección popular fueron asesinados previo al inicio de las campañas del proceso electoral 2020-2021: nueve competirían para alcaldías, uno al cargo de diputado local y uno más para regidor.
Por estos atentados, Morena suma cuatro militantes fallecidos; el PAN, tres; el PRI, dos; y el PRD, uno, y destacó que la mayoría de los ataques ocurrieron en Veracruz y Guerrero.
Nestora Salgado recordó que, durante el proceso electoral 2018, se registraron 774 agresiones contra políticos y 429 contra funcionarios no electos. De esta cifra, 152 políticos fueron asesinados, 48 eran precandidatos o candidatos a puestos de elección y 371 se desempeñaban como funcionarios.
La oriunda de Olinalá, Guerrero, agregó que su entidad natal registra mayor incidencia delictiva, con más complicaciones en lo político, en lo económico y lo social, pero también es la segunda entidad con mayor número de asesinatos y amenazas en contra de quienes aspiran a un cargo de elección popular.
Buscan acabar con nepotismo
Por su parte, los integrantes de las comisiones unidas de Justicia y Estudios Legislativos Segunda del Senado de la República avalaron, por mayoría, las nuevas reglas de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación que incluye, entre otros cambios, el castigo al nepotismo, acoso sexual y conflictos laborales, además de que blindarán la independencia de jueces y magistrados para que no puedan ser presionados en ninguna circunstancia.
En la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se establece que las personas que intenten ayudar a un ministro de la Corte o a un magistrado del Tribunal Electoral a ocultar su falta o que les otorguen tiempo para corregirla, será considerado como “corrupto”.
Los senadores de ambas comisiones también aprobaron la Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación.
