Quien suscribe, Cuauhtémoc Ruiz, soy coordinador del Comité Néstora Libre, que desde hace meses viene demandando la libertad de la comandante de la policía comunitaria de Olinalá Guerrero, a la que el diario que Usted dirige le ha dado portada el día de hoy. Le escribo para solicitarle publique las siguientes aclaraciones ya que aparece en Reporte Índigo como una persona que recibía indebidamente dinero del Gobierno del Estado de Guerrero, que es protegida por el gobernador de esa entidad, que intentó cobrar secuestro por un funcionario municipal del PRI y que maltrataba “como en un campo de concentración” a las personas que aprehendió, entre otras falsas imputaciones. Como Usted podrá apreciar, tal imagen es falsa y no se condice con los hechos.
1. Las dos camionetas y los 300 mil pesos que Néstora Salgado recibió del Gobierno estatal para desempeñar su cargo le fueron entregadas mediante un procedimiento perfectamente transparente y basado en la legislación estatal que reconoce como una institución oficial a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) y, por tanto, el erario de Guerrero le asigna un presupuesto a las policías comunitarias.
2. Carece de asidero lógico decir que Néstora es “protegida” del gobernador Ángel Aguirre. Si así fuese, ya estaría libre desde hace al menos dos meses pues un juez ordenó hace unas semanas retirarle los cargos federales. Salgado García sigue en la cárcel debido a que el Gobierno de Guerrero la mantiene demandada absurdamente pues, al reconocerla como parte de la CRAC, tenía la comandante la facultad de actuar como tal, como policía, es decir, de aprehender y encarcelar a delincuentes. Esta contradicción fue expuesta por la CNDH en su informe sobre Guerrero de diciembre del año pasado. Esto significa que Néstora es presa política del gobierno de Guerrero junto con otros 12 policías comunitarios encarcelados en las mismas fechas o poco después. Además, fueron desterrados tres de ellos, empezando por Néstora, encarcelada en Nayarit. Arturo Cano está preso en Almoloya, y Gonzalo Medina sufre prisión en Miahuatlán. El propósito de sus encarceladores –Peña Nieto y Aguirre- es que a sus familias se les haga muy costoso y penoso visitarlos fuera de Guerrero. Lo que han conseguido.
3. El síndico de Olinalá (por el PRI) Armando Patrón Jiménez se presenta en el reportaje de reporte índigo como víctima de Néstora. Lo cierto es que la comandante lo atrapó en flagrancia por abigeato y asesinato de dos personas. La aprehensión de este sujeto por la policía comunitaria iba a poner de relieve la colusión entre gobernantes y delincuentes. Por eso puede interpretarse que esta detención (no fue un “levantamiento”, como dice el funcionario, quien cree, como el león, que todos son de su condición) fue la señal para que el gobierno se decidiera a capturar a Néstora.
4. Néstora no es defendida por ninguna ONG en México ni en otros países. Quienes hemos asumido su defensa somos, en su mayoría, socialistas. En los EU es el Partido de Libertad Socialista, en Costa Rica el Partido Revolucionario de los Trabajadores, en Argentina una constelación de diputados y dirigentes sindicales de esa orientación política, en México el Partido Obrero Socialista, etcétera. A diferencia de las ONG, ninguna de estas organizaciones recibe financiamientos privados o públicos. En cuanto a que Salgado es defendida legalmente por un despacho donde litiga un sobrino del abogado Gómez Mont, es cierto, y lo hace sin cobrar honorarios. La primera defensoría legal de Néstora, del Comité de Derechos Humanos de Tlachinollan, ante la carga de trabajo por los otros 12 presos mencionados debió permitir la intervención de otros abogados.
5. Las condiciones en que estaban los presos en Olinalá no son peores que las de la mayoría de penales de México y sí son mejores. Es una evidente exageración de las llamadas “víctimas” decir que estaban en un campo de concentración. La reeducación por medio del trabajo de las policías comunitarias es un método en el que debería reflexionarse para regenerar a personas que han delinquido.
6. Lo más importante de este asunto es que la delincuencia disminuyó drásticamente cuando operó la policía comunitaria en Olinalá. También, que era una policía nacida democráticamente de la sociedad, del pueblo, de la comunidad. Claro que Néstora fue electa en los ocho barrios de Olinalá. Las policías comunitarias y autodefensas están demostrando a todo el mundo que son el método más eficaz para hacerle frente a la delincuencia organizada. Eso es lo que ven con temor numerosos funcionarios y gobernantes, cómplices de narcos, secuestradores y taladores de montes. Por eso es que no sólo Néstora está en la cárcel sino 12 más de sus compañeros, todos ellos indígenas, muy pobres o sumamente pobres y con bajos niveles de instrucción. Ellos son los presos políticos de esta época que están pagando injustamente con cárcel el haberse atrevido a organizarse y a poner en riesgo su vida para garantizar la seguridad que el Estado ha sido incapaz de proporcionar.
Al Comité Néstora Libre:
Pedro Gil Apreza Salgado es otra víctima más de Néstora Salgado y sus policías comunitarios. El 30 de marzo pasado tuvo un encuentro desafortunado estos hombres-ley de Olinalá que le abrieron el cráneo a punta de machetazos.
Por eso Pedro Gil Apreza no llegó a la ciudad de México porque aunque libró el riesgo de morir aún se recupera de las graves lesiones que sufrió por parte de la policía comunitaria.
¿Así reeduca Néstora y los suyos? La ley del miedo, la amenaza y la represión. El expediente de Pedro Gil Apreza Salgado no es una falsa imputación, basta ver las fotografías de sus lesiones y el reporte médico.
Reporte Indigo no acusa a Néstora, son las víctimas quienes la señalan de secuestradora. Sus testimonios forman parte de un grueso expediente en poder de las autoridades locales y federales.
Los entrevistados, que son personas que viven y padecen la realidad de Olinalá son quienes han atestiguado los apoyos gubernamentales que este grupo de Policías Comunitarios han recibido del Ángel Aguirre, gobernador en turno del estado de Guerrero.
Nadie habla de apoyos en lo oscurito sino de un apoyo sostenido, a la sombra de la cuestionada Ley 701, que por cierto está inconclusa. En lo oscurito, sí, así lo acusan las víctimas, las visitas del senador del PRD Sofío Ramírez Hernández, a quien aseguran han visto pernoctar en la casa de Néstora.
En este medio nadie aseguró si las hijas y esposo de Néstora Salgado tienen o no los recursos para contratar a una firma de abogados tan prestigiosa como Gómez Mont. En todo caso, la presidenta de Alto al Secuestro, Isabel Miranda de Wallace cuestionó el tema de dónde salen los recursos para pagar la defensa. Que bueno saber que el despacho no cobra.
Por último, si Néstora Salgado es presa política, como lo sostienen ustedes los socialistas que apoyan su liberación o secuestradora como acusan las víctimas, lo decide un juzgado.
Atentamente
Icela Lagunas
