La reforma constitucional al Poder Judicial de la Federación avalada recientemente por el Congreso de la Ciudad de México podría empeorar la situación de rezago en la impartición de justicia a nivel capitalino, acusan diputados locales.
Señalan que los cambios hechos, como la creación de un Sistema de Precedentes Judiciales, solo harán más difícil el trabajo de los jueces de la ciudad.
El pasado 8 de febrero, el Congreso de la Ciudad ratificó el decreto de reforma al Poder Judicial de la Federación con el cual se hacen diversos cambios en la impartición de justicia en el país.
Los cambios en el Poder Judicial
La reforma fue aprobada el pasado 14 de diciembre de 2020 por el Congreso de la Unión y, por su carácter de constitucional, se turnó a las Legislaturas locales de los 32 estados para ser ratificada.
Según la minuta del decreto que se puso a votación, se reformaron los artículos 94, 97, 99, 100, 105, 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y añadieron párrafos a los artículos 94, 97 y 100.
La pandemia de COVID-19 y el cierre de tribunales es uno de los agravantes de la situación
El documento indica que los cambios más importantes son la creación de Tribunales Colegiados de Apelación; la eliminación de los Plenos de Circuito que serán sustituidos por los Plenos Regionales; la creación del Sistema de Precedentes Judiciales; la modificación de los mecanismos de inamovilidad judicial; el cambio de la denominación de “Contradicción de Tesis” por el de “Contradicción de Criterios”; se elimina la facultad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para revocar los acuerdos del Consejo de la Judicatura Federal; se elimina el Recurso de Revisión Administrativa de la Suprema Corte de Justicia y se concede tal facultad al Consejo; y también se faculta al Consejo de la Judicatura para designar órganos jurisdiccionales especiales que atenderán casos de violaciones graves a derechos humanos.
No obstante, diputados capitalinos consideran que esta reforma complica la procuración de justicia en la Ciudad de México que ya está en una situación preocupante de rezago por pandemia de COVID-19.
El 28 de noviembre de 2020, el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCDMX), Rafael Guerra Álvarez, dio a conocer durante una mesa de trabajo con el Congreso de la capital, que habían 75 mil expedientes judiciales acumulados en los tribunales, que no se habían podido resolver debido a, entre otros factores, la suspensión parcial de actividades por la pandemia de COVID-19.
El retraso
El Poder Judicial local se retrasará aún más con la creación de un Sistema de Precedentes Judiciales, como lo estipula la reforma, dice el diputado capitalino por el Partido Acción Nacional (PAN), Diego Orlando Garrido.
El sistema será un registro de todas las sentencias que emita la Suprema Corte de Justicia de la Nación y su contenido será el fundamento en el que se apeguen las sentencias de los tribunales locales.
Garrido opina que esto es un error porque el sistema judicial mexicano se fundamenta en la solidez de las leyes y no en los precedentes.
Actualmente es obligatorio seguir la jurisprudencia, pero con la reforma todos los criterios que emita la Corte serán motivo de argumentación de sentencias
También considera que empeorará la situación de rezago de la impartición de la justicia porque los abogados de los ciudadanos tendrán que revisar dicho sistema para fundamentar sus argumentos legales y los jueces igualmente tendrán que hacerlo para elaborar sus resoluciones.
“Al año, la Suprema Corte emite miles de sentencias, habrán miles de criterios y se va a generar una incertidumbre porque los jueces no sabrán exactamente a qué criterios apegarse. Además, hay un rezago tremendo de los asuntos porque nuestro tribunal local está cerrado por la pandemia y se complicará más cuando reabra”, declara.
Añade que si previo a la reforma y a la pandemia, los asuntos judiciales se resolvían en un promedio de seis meses, con las modificaciones legales se podrían tardar hasta un año.
“Se podrán tardar un año o más por el trabajo de revisión que se tiene que hacer, es una reforma que es un retroceso total”, indica el legislador local panista.
Intromisión federal a los estados
El Sistema de Precedentes Judiciales es una forma en la que el Poder Judicial de la Federación interviene en los poderes judiciales estatales y se desconoce que tienen su propia realidad social, dice José Perdomo Galicia, especialista en derecho y académico de la Universidad La Salle.
Argumenta que al imponer este sistema, los jueces locales tienen que basarse en resoluciones federales para emitir sus sentencias.
“No están reconociendo que las relaciones sociales focalizadas de los estados son diferentes y por lo tanto señalar precedentes de observancia general, definitivamente va a tener consecuencias del no reconocimiento de la vida cotidiana”, detalla.
Esto, coincide Perdomo Galicia con el diputado Diego Orlando Garrido, va a retrasar las resoluciones de los juicios estatales.
“Los jueces tendrán que buscar la resolución federal que sea más acorde o pueda fundamentar correctamente su sentencia”, explica.
Por lo cual, señala que la reforma al sistema judicial federal es un acto para centralizar la justicia, que reduce autonomía a los estados de la Federación.
