La empresa paraestatal encargada del procesamiento de basura y residuos tóxicos otorgó contratos a empresas creadas por estos dos contradictorios ecologistas
En Nuevo León hay negocios que huelen mal.
Y su aroma proviene de la planta de procesamiento de basura Simeprode, pero no necesariamente se debe a los desechos.
Sino por el conflicto de intereses que involucra a un funcionario estatal que hoy es el encargado de proteger al medio ambiente, y paradójicamente, también implica al dirigente del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en Nuevo León.
Estos dos hombres sacaron al menos unos 44 millones de pesos en contratos con Simeprode, porque influyeron como entes públicos y se convirtieron en proveedores.
La empresa paraestatal encargada del procesamiento de basura y residuos tóxicos otorgó contratos a empresas creadas por estos dos contradictorios ecologistas.
Se trata de Plácido González Salinas, subsecretario de Protección al Medio Ambiente y Recursos Naturales del Estado, y de su pariente Guillermo Cueva Sada, presidente del PVEM en la entidad y candidato de este partido para la diputación local del Distrito 3.
González Salinas figura en los organigramas de tres empresas que fueron contratadas por Simeprode en el sexenio de Natividad González Parás.
Cueva Sada también es beneficiario de esas licitaciones a modo, entre las que había la asignación de servicios de acarreo de material, renta de maquinaria y transferencia de residuos sólidos urbanos.
En ese periodo de abundancia, González Salinas pasó de ser diputado local a su actual cargo como director de la subsecretaría de Protección al Medio Ambiente y Recursos Naturales.
También fue una etapa de intensa actividad política de su hijastro Guillermo Cueva Sada, quien se consolidó como diputado federal por Nuevo León.
Las sociedades anónimas que obtuvieron los contratos son Desarrollos y Caminos, TRANCOMEX y Autotransportes GOSAL (acrónimo formado por los dos apellidos del subsecretario).
Las actas constitutivas de las empresas y los fallos de las licitaciones comprueban que ambos funcionarios se beneficiaron directamente como proveedores de una entidad pública descentralizada.
Estos negocios entran en conflicto con lo establecido en leyes a nivel federal y estatal que regulan el comportamiento de los funcionarios públicos.
La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de Nuevo León establece en el artículo 44 que están impedidos de participar proveedores en cuyas empresas participen servidores públicos estatales.
El apartado XIII del artículo 50 de la ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Nuevo León indica que un funcionario debe evitar su intervención en asuntos en los que tenga interés personal, familiar o de negocios.
Este ordenamiento se extiende a los cónyuges, socios y parientes consanguíneos o por afinidad civil.
Lo mismo señala el apartado XIII del artículo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
Obtuvo 6 licitaciones
González Salinas figura como secretario de administración en el acta constitutiva de la empresa Desarrollos y Caminos, que entre el 22 de abril de 2005 y el 4 de diciembre de 2009 ganó más de 30 millones 620 mil pesos.
En ese periodo seis licitaciones fueron otorgadas a la empresa por servicios de renta de maquinaria y carga, acarreo y acomodo de material.
El funcionario fue diputado local por el PRI en la 70 Legislatura local y coordinador general de Comunicación Social de la Secretaría de Gobierno en el periodo que se realizaron los fallos de las licitaciones.
En la misma época fue subsecretario de Desarrollo Político y Relaciones Institucionales de la misma dependencia estatal. Y en noviembre de 2009 finalmente alcanzó la subsecretaría de Protección del Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Desarrollos y Caminos fue fundada en 1991 ante la fe del notario público Víctor Garza Salinas, con un capital de 50 millones.
Los cinco accionistas son Félix González Salinas (quien aportó el 96% del capital), Omar Saúl Salinas Abdo, Carlos Alonso Aguirre, Abel González Flores y Jaime Gerardo Ballí Guevara.
Desarrollos y Caminos tiene su domicilio fiscal en Aarón Sáez #102, en la colonia San Sebastián, en Guadalupe.
Rentan maquinaria a la planta
El hecho de que los apellidos González Salinas estén estampados en el nombre de una empresa es una prueba contundente de que el funcionario se benefició de estos negocios.
El subsecretario González Salinas es director general de Autotransportes GOSAL, que ganó una licitación en servicios de renta de maquinaria.
Resulta sospechoso que apenas dos días después de que se cumplió un año en que dejó de ser diputado local, el 2 de julio de 2007, se publicara la convocatoria de esa licitación.
Porque la ley estatal establece que los servidores públicos que concluyeron sus cargos deben abstenerse de hacer este tipo de negocios durante un año.
La empresa se constituyó en 1989 con un capital de 5 millones de pesos aportados por cinco accionistas: Jorge Gerardo Salinas González, Bernardo Alonso López, Carlos Alonso Aguirre, Aída Guadalupe González Salinas y Jorge Gerardo Salinas Domene.
El último fue director de Gestión y Fomento de la Agencia para la Planeación de Desarrollo Urbano de Nuevo León (APDUNL).
Este documento pasó ante la fe de Víctor Garza Salinas, el mismo notario público que firmó el acta constitutiva de Desarrollos y Caminos.
Además, la empresa compartió el domicilio fiscal con TRANCOMEX en el momento en que ganó esta licitación: Río Sena Oriente #305, en la colonia del Valle, en San Pedro.
Posteriormente la empresa cambió de dirección al Distrito Federal, en Eje 10 Sur #1224, colonia Selena, en la delegación Tláhuac, donde ahora ofrece sus servicios al gobierno capitalino.
Cuatro licitaciones en un día
TRANCOMEX ganó en un mismo día cuatro licitaciones por más de 12 millones 599 mil pesos.
Y esto sucedió cuando González Salinas era comisario de la empresa y a la vez Coordinador General de Comunicación Social y Relaciones Institucionales de la Secretaría de Gobierno.
El 22 de enero de 2008 TRANCOMEX ganó las licitaciones por servicios de transferencia de residuos sólidos urbanos y renta de maquinaria.
TRANCOMEX fue fundada en 2002 con un capital de 50 mil pesos por los hijastros de González Salinas: Guillermo y Mauricio Cueva Sada.
El líder del PVEM en el estado es administrador único de la empresa. El acta constitutiva le otorga poderes generales para pleitos y cobranzas, actos de administración, sustitución, actos de dominio y cambiario, así como la representación legal y patronal de la empresa.
Cuando la sociedad anónima ganó las licitaciones, Cueva Sada era un militante activo del PVEM, en vías de llegar a ser diputado federal.
El acta constitutiva de TRANCOMEX pasó ante la fe del notario público y ex candidato priista a la alcaldía de Santa Catarina Alberto Martínez.
