Negocios turbios en los juzgados

Tras la acusación que un grupo de abogados lanzó contra la Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF) en el sentido de que ahí se venden las libertades de los presos, la sospecha ronda a los magistrados . 

Paulino Domínguez, el proyectista que pidió dinero a cambio de liberar a un sentenciado por homicidio, ¿actuó solo?

El exempleado del Tribunal de Justicia capitalino, quien es buscado por la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), sostuvo ya un primer encuentro con la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) en busca de protección y garantías.

Paulino Domínguez, el proyectista corrupto acusado de cohecho, al parecer promete convertirse en la “garganta profunda” de la Comisión de Derechos Humanos para que se conozca a fondo los oscuros manejos de un grupo de magistrados del Tribunal de Justicia capitalino que lucran con la justicia.

Pero aún no se decide. Tiene miedo de que él, un empleado menor, sea el que termine pagando los platos rotos de una investigación que tal vez nunca pise fondo para descubrir la corrupción que se vive en algunos juzgados del DF.

La abogada que destapó la cloaca, Mónica Delgado, presume que tal vez exista una propuesta para que Domínguez guarde silencio y, en un futuro, cuando pase el escándalo, reacomodarlo en algún puesto del Tribunal.

‘Fuga’ planeada

Mónica Delgado es quien entregó al TSJDF un disco con ocho videos incriminatorios en los que se observa a  Domínguez hablar del dinero solicitado por los magistrados para liberar a uno de los sentenciados a 27 años de prisión por homicidio, lo que se documentó en la edición de Reporte Indigo “Justicia para quien paga”.

Pero la defensora no quita el dedo de la llaga y exige se investigue la participación de los magistrados Enrique Sánchez Sandoval, Sabino Mario Huitrón y Laura Duarte.

Delgado asegura que Domínguez no está prófugo y que tampoco huyó de su trabajo para evadir la acción de la justicia luego de que se ventilaran los ocho videos en los que pide dinero a cambio de modificar una sentencia para beneficiar a un preso.

Paulino Domínguez, insiste, fue despedido por el magistrado Sabino Mario Huitrón. 

“Yo fui testigo”, acusa la abogada.

Relata que el 16 de agosto pasado, cuando acudió al Tribunal de Justicia capitalino para solicitar audiencia con Sabino Mario Huitrón, atestiguó el momento en el que dicho magistrado le estaba dictando la renuncia a Paulino.

“Lo obligó Huitrón a firmar la renuncia y le dijo con una palmada ‘esto es así, Paulino’, hay evidencia en cámaras’.

“Si Paulino hubiera negociado (los 750 mil pesos que pedía por liberar al reo) por su libre albedrío, Huitrón no hubiera secundado que renunciara, (al contrario) lo hubiera presentado ante alguna autoridad; lo planeó Huitrón que renunciara Paulino para poder argumentar que se dio a la fuga”, sostiene la abogada.

Por esta razón, el grupo de abogados envió una carta al presidente del Tribunal Superior de Justicia capitalino, Édgar Elías Azar, mediante la cual se solicitó se resguarden los videos captados por las cámaras de vigilancia de esa institución del pasado 16 de agosto.

Esas cintas, consideró la abogada, podrían servir de prueba para atestiguar que el magistrado Huitrón fue quien despidió a  Domínguez y que ella estuvo atrás de ellos escuchando la conversación sin que ellos repararan en su presencia.

El magistrado del escándalo

El escándalo desatado por los videos en los que aparece el exproyectista Paulino Domínguez salpicó no sólo al magistrado  Sabino Mario Huitrón, su jefe directo, sino también al magistrado Enrique Sánchez Sandoval, quien a decir de la abogada, habría recibido 750 mil pesos a través de su proyectista, Román Pineda Venegas, para liberar a otro de los sentenciados del caso.

Para el magistrado Sánchez Sandoval la polémica no es una novedad. Al revisar sus antecedentes públicos se puede constatar que el escándalo es parte de su trayectoria.

Sánchez Sandoval es uno de los magistrados que conforman la Cuarta Sala Penal del TSJDF, señalada por vender las libertades.

El magistrado Sánchez ha sido acusado por tráfico de influencias, cohecho y extorsión en años pasados.

Incluso en 1999 enfrentó a policías preventivos que lo acusaban de haber sido sorprendido en la vía pública cuando tenía sexo al interior de su carro con un elemento del Ministerio Público.

El caso ventilado en ese año ameritó incluso una investigación por parte de la Comisión de Derechos Humanos capitalina.

Como parte de las indagatorias se ventiló el contenido de un videocasete con la leyenda: “Nota del 3 de marzo. MP y Magistrado “Duro y Directo”, en alusión al programa que en ese entonces transmitía Televisa “Duro y Directo”.

La cinta, presentada ante el Ministerio Público local, contenía la imagen del policía preventivo Carlos Álvarez Irineo, quien manifestó que Enrique Sánchez Sandoval y Patricia Fragoso Solís fueron sorprendido en un automóvil estacionado en la vía pública mientras sostenían relaciones íntimas.

Por esas fechas, el magistrado Sánchez se confrontó con la Procuraduría de Justicia local.

Luego de ese escándalo, en el año 2007, Sánchez fue uno de los 10 magistrados que aspiraron a la presidencia del Tribunal de Justicia de la Ciudad de México en sustitución de José Guadalupe Carrera Domínguez, cargo que fue ganado por el actual presidente, Édgar Elías Azar.

Apenas hace dos años, organizaciones de la sociedad civil acusaron al magistrado Sánchez por disminuir la pena a Oswaldo Morgan Colón por el homicidio calificado de la estudiante de la UNAM, Alí Cuevas.

Diversas organizaciones sociales e incluso la presidenta del Instituto de la Mujeres (InMujeresDF), Martha Lucía Micher Camarena, dirigieron una carta al entonces jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard Casaubón, para exigirle se investigara al magistrado Sánchez a fin de revertir el fallo que benefició al homicida confeso.

De acuerdo al documento firmado por activistas, feministas y académicas, el magistrado Sánchez no tomó en cuenta el peritaje de violencia de género aportado por la Comisión Mexicana de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos y su decisión de disminuir siete años de pena a Oswaldo Morgan “evidencia las fallas endémicas para brindar justicia con perspectiva de género”.

Pese a todos los escándalos pasados, el magistrado Sánchez Sandoval sigue de pie. Ahora de nueva cuenta, la sospecha de actos corruptos rondan su nombre y apellido. 

Pero nada pasará si su jefe, el presidente del Tribunal, Édgar Elías Azar, no se decide a destapar la cañerías que inundan los juzgados capitalinos.