"De nada servirá perseguir el delito si al término de un juicio penal, la judicatura no va a entender cómo se fraguó y como se actualizan los elementos objetivos y subjetivos”
Hace unas semanas, los más altos funcionarios del Tesoro de Estados Unidos señalaron públicamente que el banco HSBC se había prestado para lavar más de 7 mil millones de dólares del narcotráfico mexicano.
Los directivos de HSBC lo admitieron ante una Comisión del Senado de Estados Unidos que sigue investigando.
Sin embargo, en México, el caso ya se cerró oficialmente.
Le dio carpetazo el presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), Guillermo Babatz, al anunciar hace unos días que HSBC habría pagado una multa de 329 millones de pesos.
Así, el cuestionado banco británico puede seguir operando tranquilamente, haciendo negocios sucios para obtener ganancias limpias.
La justificación del presidente de la CNBV es que es la multa “más alta” que se ha impuesto en la historia de esta institución.
Sin embargo, resulta ínfima si se le compara con los millones lavados a través de HSBC. Basta decir que los 329 millones apenas representan 0.34 por ciento de los casi 98 mil millones de pesos lavados.
Y aunque Babatz afirma que “representa más de la mitad de las utilidades del banco del año anterior”, lo cierto es que la cifra resulta ridícula si se le compara con otras sanciones que el gobierno ha impuesto a personas e instituciones no bancarias.
Un ejemplo es la multa de 682 millones de pesos que la Secretaría de la Función Pública le impuso al ex director de Pemex Raúl Muñoz Leos.
Sin olvidar la de 454 millones de pesos que se le impuso al ex comisionado del Seguro Popular Juan Antonio Fernández Ortiz.
Si se toma en cuenta que, en 2008, HSBC cobraba a sus clientes un interés promedio de 33 por ciento por el uso de tarjetas de crédito, la ganancia fue enorme para el banco.
Si HSBC hubiera utilizado los 98 mil millones de pesos para financiar tarjetas de crédito, habría obtenido unos 32 mil 340 millones de ingresos brutos por intereses cobrados a sus clientes en un año.
Una vez deducidos los intereses pagados al “inversionista narco” -3 por ciento- más la multa “histórica” de los 329 millones, el banco habría tenido una ganancia marginal bruta de 29 mil 611 millones de pesos.
Más allá de las sanciones económicas, si los más altos funcionarios de la institución de crédito admitieron que el banco permitió el lavado de dinero en México, ¿por qué en nuestro país no se hizo al menos una averiguación previa?
¿A qué autoridad compete “prender el motor” para iniciar una investigación de orden penal?
EXPERTOS OPINAN
Las sanciones administrativas que aplicó la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) al banco HSBC México por no reportar operaciones inusuales “no dan carpetazo final a un probable delito penal”.
Sin embargo, la CNBV, por competencia expresa, es la única que puede accionar el mecanismo para que haya un procedimiento de este tipo en contra de cualquier institución financiera donde se detecten indicios de lavado de dinero.
Habla Luis Manuel Pérez de Acha, abogado experto en temas bancarios y financieros:
“La Secretaría de Hacienda, por conducto de la Procuraduría Fiscal de la Federación, no puede presentar la denuncia respectiva ante la PGR y ésta, a su vez, iniciar una averiguación previa”.
Solo la CNBV está facultada, como lo establece el Artículo 400 BIS del Código Penal Federal, para poner en marcha el mecanismo que llevaría a una acusación penal en México.
Incluso, si la PGR o el Sistema de Administración Tributaria (SAT) se enteraran de una operación de lavado de dinero que involucre a una entidad financiera, “no pueden actuar de motu proprio”, precisa el abogado en entrevista con Reporte Indigo.
Tienen que avisarle al órgano regulador, y éste decidirá “si enciende el motor” o no para dar curso a una indagación.
Pero si no lo reporta, insiste, “no habrá ninguna acción”.
Esto también queda establecido en la nueva Ley contra el Lavado de Dinero que aprobó la Cámara de Diputados el pasado 30 de abril y que está en espera del visto bueno de la Cámara de Senadores.
Quizás lo que faltan son mecanismos para obligar a la Comisión a reportar dichas transacciones. Pero no está previsto que la legislatura entrante los incluya, reconoce Pérez de Acha.
Advierte que tampoco se podrá revocar la concesión de HSBC para operar como banca.
En un momento dado, si de manera reiterada no presenta los avisos de operaciones sospechosas, lo que motivó la multa de la CNBV, pudiera dar lugar a la revocación de la concesión.
Además, en México, solo las personas físicas son sancionadas penalmente. Esto no aplica para las personas morales, como las sociedades mercantiles.
Si la CNBV decide no continuar con el caso, el tiempo queda abierto en tanto no haya una prescripción del delito.
Pero no quiere decir, explica Pérez de Acha, que de esta indagatoria se hayan desprendido elementos penales, los elementos tendrán que ser “indiciarios”.
Esto quiere decir que habrá que dirigir una investigación para esos propósitos, con una finalidad distinta de la imposición de sanciones que aplicó la Comisión.
EU encubrió la operación
Una transferencia de 100 millones de dólares realizada en 2007 por HSBC Sinaloa hacia Estados Unidos no fue reportada a las autoridades de aquel país, y ése fue el gran detonante.
Los focos rojos se encendieron en el Senado estadounidense.
Esto propició, como lo informó Reporte Indigo la semana pasada, un cruce de correos electrónicos entre funcionarios del banco en Estados Unidos y sus asesores externos.
Desde ese momento, HSBC Estados Unidos empezó a dar instrucciones precisas a sus pares mexicanos y advirtió a la CNBV de la importancia de iniciar una investigación.
Esto quiere decir que HSBC y el órgano regulador en México conocían el engrudo operativo desde hace cinco años.
Esa sospecha es importante porque da una luz sobre lo que establece el Código Penal Federal en su Artículo 400 BIS, dice Pérez de Acha.
“Que se conozca que el delito involucra recursos de procedencia ilícita y, la otra, que la persona que cometa el delito actúe dolosamente y sepa que el dinero procede de actividades ilícitas y que va a blanquear capitales”.
Se requieren esos dos elementos –tener recursos ilícitos y blanquearlos– para que exista el delito. Aunque es difícil demostrar ambos, “siempre hay indicios de que se conocía, que se sabía”, admite.
Si los funcionarios de HSBC México sabían de la operación, debieron haber reportado irregularidades.
Pero en Estados Unidos tampoco lo hicieron. Por lo tanto, precisa el especialista, también hubo un encubrimiento de parte del banco estadounidense.
‘Sospechosismo’
Luis Manuel Pérez de Acha señala que la conducta omisiva de la autoridad en el caso de la transferencia de 100 millones de dólares detectada en Sinaloa habla mucho de la ilegalidad de la operación.
Y es que por años, comenta, esta entidad es protagonista en el tema del narcotráfico y una de las grandes temáticas que se han abordado en ese lugar, por décadas, es el lavado de dinero.
Por eso resulta sospechoso que en todos estos años no haya un caso, notorio y fuerte, de blanqueo de billetes en Sinaloa. “Dejarla pasar no deja satisfecho a nadie”, opina.
En casos de lavado de dinero de estas magnitudes, se requiere el concierto forzoso de una institución financiera.
“Es sospechoso, es la punta del iceberg de operaciones de otra dimensión”, explica.
Falta capacitar a los jueces y al MP
La Ley Federal contra el Lavado de Dinero incorpora las recomendaciones internacionales en esta materia.
Además, incluye lo dispuesto en la legislación mercantil sobre las reglas aplicables a las instituciones financieras y lo que establece el Código Penal Federal.
Con ello, la ley pretende dar más vigor a la persecución de los delitos, pues se dispondrá de un cuerpo legal “fuerte y sólido”.
Pero se requerirá una mejor coordinación institucional.
Y es que la deficiente sinergia entre la Secretaría de Hacienda, CNBV, Unidad de Inteligencia Financiera, SAT, PGR y Procuraduría Fiscal de la Federación impide un resultado óptimo cuando se trata de investigar el lavado de dinero.
A la par de esta legislación, el especialista señala que hace falta capacitar en esta materia “compleja, sofisticada y novedosa” a los ministerios públicos y los jueces federales.
“De nada servirá perseguir el delito si al término de un juicio penal, la Judicatura no va a entender bien cómo se fraguó y cómo se actualizan los elementos objetivos y subjetivos”.
La ley también contempla delitos específicos por no presentar avisos de operaciones sospechosas.
“Pero, ¿de qué sirve la información si no se procesa por la autoridad en aras de perseguir los delitos?”, cuestiona el experto.
Sí, se crea una nueva unidad en la PGR que se coordinará con la Secretaría de Hacienda y otras dependencias financieras y entidades de inteligencia.
Pero no todo es miel sobre hojuelas.
“El organismo capacitado y facultado para supervisar operaciones bancarias es la CNBV; el SAT lo hace en cuestiones fiscales y la PGR en delitos de otro tipo”.
Aunque dependa de la Secretaría de Hacienda, ésta no puede obligar a la CNBV a reportar transacciones sospechosas. Así lo establece la ley.
“Solo pueden actuar para perjudicar a los particulares las autoridades que tengan competencia expresa para ello, en ley o en reglamento”, dice.
Las sanciones
De acuerdo al Artículo 400-BIS del Código Penal Federal, las sanciones para quien realice operaciones con recursos de procedencia ilícita van de 5 a 15 años de prisión.
Además, una multa de mil a 5 mil días de salario mínimo, es decir, de 60 mil a 300 mil pesos.
En cambio, en Estados Unidos, las sanciones llegan hasta 20 años de prisión y multas hasta de 500 mil dólares.
MÉXICO CARECE DE MEDIGAS LEGALES CONTRA EL BLANQUEO
Los flujos de dinero ilícito de México hacia otros países han aumentado en los últimos ocho años
Fundado en 1989, el Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el Blanqueo de Dinero (GAFI, por sus siglas en francés), del cual México es miembro, considera que el país carece de medidas preventivas legales contra ese ilícito.
En sus 40 recomendaciones contra el lavado de capitales, GAFI establece que en el territorio nacional, “las leyes que penalizan el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo no responden a las normas internacionales y no hay margen para mejorar significativamente su aplicación”.
Este organismo, con sede en Washington y en el cual tienen voz y voto las principales economías del mundo, advierte que en México “no hay medidas legales o reglamentarias de prevención del lavado de dinero y del financiamiento al terrorismo”.
Tampoco “de supervisión para cualquiera de las categorías de empresas y profesiones no financieras” designadas por el GAFI, de acuerdo con los lineamientos oficiales publicados en su página web.
En su evaluación, considera que se requiere de una amplia cooperación entre la autoridad fiscal (SAT), las secretarías de Economía y Hacienda, la CNBV, Banco de México y las autoridades de justicia.
Capitales golondrinos
De acuerdo a las previsiones dadas a conocer por el GAFI a principios de este año, entre 1970 y 2010, la suma de los flujos ilícitos de dólares en México fue de 872 mil millones.
El flujo saliente pasó de mil millones en 1970 a 68 mil 500 millones de dólares en 2010.
El documento revela que los destinos de los fondos, tanto lícitos como ilícitos, del sector privado mexicano entre 2002 y 2010 fueron:
-Estados Unidos, a donde se transfirieron de 8 mil a 12 mil 700 millones de dólares.
-Centros financieros extraterritoriales del Caribe, como Bahamas, Bermudas, Islas Caimán, Panamá y las Antillas Holandesas. Los depósitos del sector privado mexicano en esos ocho años pasaron de 2 mil 700 millones a 5 mil millones de dólares.
En ocho años, el capital aumentó de 2 mil millones a 3 mil 400 millones de dólares en la isla británica de Guernsey, en el Canal de La Mancha, así como Luxemburgo y Suiza.
Además, en instituciones bancarias de Francia, Alemania y Reino Unido, los depósitos de empresarios nacionales pasaron de mil 200 millones a 3 mil millones de dólares, de acuerdo a la misma fuente.
AL CAPONE, MARCOS Y NORIEGA, LOS MÁS FAMOSOS LAVADORES
Aunque la expresión “lavado de dinero” apareció en la prensa internacional hasta 1972, con el escándalo del Watergate y “Garganta Profunda”, el informante principal de Bob Woodward, célebres personajes han engrosado la lista de blanqueadores.
El mundo declaró esta práctica como ilícita hasta 1986.
Dos de los delincuentes más famosos de Estados Unidos en el siglo 20 fueron víctimas de su torpeza para ocultar su dinero.
Al Capone fue a la cárcel por evasión de impuestos, no por pandillerismo, y Richard Hauptmann porque secuestró al hijo del famoso aviador Charles Lindbergh.
Durante el reinado de cinco años de Sani Abacha (1993-1998) como dictador militar de Nigeria, él y su familia se las arreglaron para transferir hasta 8 millones de dólares de los fondos nacionales a cuentas bancarias extranjeras.
Después de su muerte, el gobierno de Nigeria recuperó 2 mil millones de dólares.
El Banco de Crédito y Comercio Internacional (BCCI) fue el séptimo banco privado más grande del mundo. Sin embargo, en la década de los 80, se descubrió que participaba en lavado de dinero.
Miles de millones de ganancias criminales, incluyendo dinero del narcotráfico, se manejó a través de sus cuentas.
Entre sus clientes aparecieron Saddam Hussein, el ex dictador militar de Panamá Manuel Noriega y el líder terrorista palestino Abu Nidal.
También se ha alegado que la CIA utilizó las cuentas en el BCCI para financiar a muyahidines afganos en su guerra contra la Unión Soviética en 1980.
Grandes sumas de dinero supuestamente vinculado con la mafia rusa se lavaron en las cuentas “Benex” del Bank of New York.
En esta “fuga de capitales”, el dinero se distribuyó entre varias empresas europeas antes de regresar a Rusia.
Se estima que entre 1996 y 2002, se lavaron en ese banco estadounidense cerca de 9 millones de dólares.
En 1996, Franklin Jurado se declaró culpable de lavar 36 millones de dólares a nombre del narcotraficante colombiano José Santacruz Londoño.
Con un artilugio financiero, movió las ganancias de la cocaína a través de varios bancos para hacerlas parecer como ganancias legítimas. Pero un colapso bancario en Mónaco destapó la conexión de Jurado.
Nauru es una pequeña isla del Pacífico. A finales de 1990, las bandas criminales rusas lavaron alrededor de 70 millones de dólares a través de bancos ficticios registrados ahí.
Meyer Lansky, sucesor de Al Capone, desvió alrededor de mil millones de dólares hacia cuentas bancarias suizas y empresas en Hong Kong, Sudamérica y el Caribe. Nunca fue condenado.
Ferdinand Marcos fue presidente de Filipinas de 1965 a 1986, cuando fue derrocado por un levantamiento popular.
Durante su gobierno, se lavaron miles de millones de dólares robados de los fondos públicos.
Bernard Madoff fue condenado a 150 años de prisión por montar y mantener por décadas una de las mayores estafas financieras de la historia: más de 50 mil millones de dólares.
Madoff fue presidente del índice Nasdaq y acusado de fraude, blanqueo de dinero, perjurio y robo.
Carlo Ponzi fue el creador del famoso sistema de pirámides. Un sistema que prometía elevados rendimientos, pero que terminó en una estafa, pues las ganancias solo llgaban a los primeros inversionistas.
David Murcia Guzmán a quien se le acusa de lavado de activos y captación masiva de dinero, trabajó por varios años como camarógrafo y fue el principal accionista y representante legal de DMG Grupo Holding, S.A.
Esta empresa fue acusada de lavado de dinero y de hacer esquemas piramidales. En 2007, DMG reportó ingresos de 72 mil millones de pesos.
En los últimos años, bancos y empresas financieras estadounidenses, entre ellos Wells Fargo, Bank of America, Citigroup, American Express y Western Unión, han confesado que no han cumplido con las leyes para controlar el lavado de dinero.
Han participado en transferencias de millones de dólares con fondos ilícitos provenientes del narcotráfico mexicano.
Wachovia Corp., antes el sexto banco de Estados Unidos, admitió ante un tribunal que no hizo lo suficiente para detectar fondos ilícitos de más de 378 mil millones de dólares.
Hizo negocios con casas de cambio mexicanas, en especial Casa de Cambio Puebla, entre mayo de 2004 y mayo de 2007.
Después de ser acusado de violar la ley, Wells Fargo, ahora dueño de Wachovia, se comprometió ante un tribunal a reformar sus sistemas de vigilancia. Al final, solamente pagó una multa de 160 millones de dólares.
