Uno de los titulares de este despacho, Arsenio Farell Campa, fue mencionado también en el caso de Raúl Salinas
De acuerdo con el expediente del caso, las diferencias por los pagos excedentes en la refinería intentaron salvarse a principios del 2000 mediante dos convenios. No lo lograron
El desarrollo de la demanda de Pemex por los sobornos que supuestamente dio a funcionarios la contratista Coproca, en sus últimos avances podría exculpar a César Nava, presunto culpable de no haber hecho efectivas las cartas de crédito por 102.8 millones de dólares, lo que afectó el patrimonio de la paraestatal.
Esto debido a una nueva investigación basada en la denuncia anónima interpuesta en la Secretaría de la Función Pública, por lo que, si la investigación interna en la paraestatal prospera, podría asentarse la responsabilidad sobre Marco Antonio de la Peña, quien desde 2011 a la fecha, es abogado general de la petrolera.
Varios funcionarios jurídicos de Pemex también serán investigados por el Órgano Interno de Control, en el caso de que progrese la acusación.
Y en lo que luce como el nuevo capítulo del caso Pemex-Conproca, tres de los principales funcionarios jurídicos que operan actualmente en la petrolera serían responsables de no haber renovado las cartas de crédito por 102.8 millones de dólares, que dejó como garantía el consorcio Conproca durante el litigio por los pagos excedentes en la remodelación de la refinería de Cadereyta.
Las cartas de crédito, según Pemex, no fueron cobradas en mayo de 2002 por César Nava, cuando era su director jurídico, y por lo que Pemex demandó a Conproca en un supuesto de que la contratista hubiera sobornado a funcionarios para no hacer efectivas las mencionadas cartas.
En una entrevista sostenida con Reporte Indigo en mayo, Nava dijo que las cartas no podían cobrarse porque formaban parte de un litigio en curso.
Y negó que los correos electrónicos donde se le mencionaba, obedecieran a órdenes suyas.
El litigio concluyó en noviembre de 2011 a favor de Conproca. A través de un nuevo juicio en México, Pemex ha intentado revocar la sanción por pagos excedentes a la que fue condenada en un tribunal internacional ubicado en París.
Esta nueva instancia judicial aún podría haber dado a la petrolera la posibilidad de rescatar las cartas de crédito.
Pero los documentos no fueron cobrados ni renovados después de que concluyera el juicio en Francia. Ahora no son vigentes y no se podrán cobrar, dice la denuncia.
Acusación anónima
La denuncia por posible daño patrimonial fue interpuesta de manera anónima el 12 de junio. Se recibió en la secretaría técnica de la oficina del secretario de la Función Pública y le fue copiada al titular del Órgano Interno de Control de la petrolera, Antonio Domínguez Sagols.
De acuerdo con la copia que obtuvo Reporte Indigo, los principales acusados son el actual director jurídico de la petrolera, Marco Antonio de la Peña Sánchez; el subdirector jurídico de control de procesos y proyectos, Fermín Fernández Guerra Espinal, y el exgerente jurídico de Pemex Refinación, Gerardo Carvajal Udave.
La queja también pide que se investigue la probable responsabilidad del titular de la unidad de riesgos de la petrolera, aunque no mencionan su nombre.
Pretenden que se sancione a todos los “demás funcionarios que resulten responsables” por lo que consideran como un “grave perjuicio patrimonial a Pemex y Pemex Refinación”.
Este daño patrimonial consistiría en la pérdida de las cartas de crédito por 102.8 millones de dólares que puso Conproca como garantía de los contratos firmados en noviembre de 1997 para la remodelación de la refinería en Cadereyta.
De acuerdo con el expediente del caso, las diferencias por los pagos excedentes en la refinería intentaron salvarse a principios del 2000 mediante dos convenios. No lo lograron.
Fueron a un arbitraje externo mediante la Cámara de Comercio Internacional con sede en París.
En medio de ese litigio, en junio de 2003 Pemex y Conproca celebraron un convenio para facilitar la resolución de las controversias sobre el caso.
La cláusula séptima de este convenio obligaba a Conproca a prorrogar la vigencia de las cartas de crédito que daban garantía a los dos contratos firmados con Pemex para la reconfiguración de la refinería, según esta queja.
En noviembre de 2011 concluyó el arbitraje en París, que resultó a favor de Conproca. Pemex fue condenada a pagar 282 millones de dólares, más intereses.
El proceso internacional concluyó en ese punto, ya que la Corte Internacional no tenía otra instancia para apelar.
Pemex buscó en México revocar la sanción, con lo que revivió la disputa legal.
Lo hizo mediante una petición de nulidad que ahora se encuentra en revisión en el Décimo Primer Tribunal de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal.
Pagos perdidos: Nava se deslinda
Acusado de causar que las cartas de crédito perdieran su valor monetario, el exabogado de la paraestatal niega su responsabilidad
Esta nueva instancia aún puede fallar a favor de la petrolera, por lo que las cartas de crédito debieron ser renovadas para mantener su vigencia y poder cobrarse, en caso de que finalmente Pemex ganara el caso en México.
Las cartas no fueron renovadas en los siguientes tres meses después del laudo de París, como era el requisito. Con ello perdieron su vigencia y su posibilidad de cobrarse, refiere el documento de la denuncia.
La falta de esta renovación es lo que se presume como un daño patrimonial a la petrolera en el documento.
Y la responsabilidad atañe directamente a Marco Antonio de la Peña, quien es abogado general de Pemex desde febrero de 2011.
En la entrevista con Reporte Indigo, César Nava dijo que parte del acuerdo entre Pemex y Conproca era que el destino de las cartas de crédito fuera una garantía del resultado del juicio de arbitraje.
“Si ganaba Pemex la paraestatal cobraría esas cartas de crédito. Si ganaba Conproca, Pemex no podría cobrar esas cartas”, aseguró.
Mientras duró el arbitraje las cartas de crédito fueron renovadas por Pemex, para que no perdieran su vigencia. Dos de estas renovaciones sucedieron en 2002 y 2003, según el testimonio de Nava.
En respuesta a por qué no se cobraron en la fecha a la que aludieron las denuncias públicas en su contra, Nava respondió: “el día que yo dejé Pemex esas cartas continuaban vigentes y confirmadas. Es decir, se podían cobrar”.
Mientras Pemex se debate entre el litigio por las cartas de crédito y la demanda en Nueva York en la que intenta probar que Conproca pagó sobornos para autorizar pagos extraordinarios, el consorcio insiste en que este juicio neoyorkino es para librarse del pago de las sanciones impuestas en París.
El 11 de junio la representación de Conproca circuló un boletín en el que “se reafirmaba” que las acusaciones de soborno de Pemex no tenían sustento.
Dice el consorcio que esto se comprobó durante la audiencia final para presentación de los alegatos por ambas partes en el juicio iniciado por Pemex ante instancias judiciales mexicanas para solicitar la nulidad del laudo arbitral de París.
“Pemex no argumentó actos de corrupción o cohecho por parte del consorcio. Esto prueba nuevamente la debilidad de dichos argumentos presentados por Pemex.
“La paraestatal no ha podido exhibir pruebas fehacientes para sustentar dichas acusaciones presentadas ante el juzgado sur de Nueva York, en las cuales ha pretendido fundar su estrategia para evadir el cumplimiento del laudo arbitral”, recalca la sociedad extranjera.
La conexión Salinas
El nombre de Raúl Salinas de Gortari ha surgido dos veces en el caso Pemex-Conproca.
Primero, el cambio de abogados litigantes de la demanda de Pemex contra el consorcio conformado por la empresa alemana Siemens y la coreana SK, en Nueva York, remitió al hermano del expresidente priista Carlos Salinas de Gortari.
El nuevo despacho principal de Pemex para este caso, Díaz Reus & Targ, con sede principal en Miami, no tuvo la titularidad cuando se presentó la demanda en diciembre del año pasado.
Para la ampliación de la denuncia en mayo, cuando ya se incluyó el testimonio del exfuncionario de Siemens México, Peter Paul Muller fungían en la documentación oficial como los litigantes principales.
Díaz Reus & Targ tiene su casa matriz en Miami, pero su domicilio registrado es un despacho de un edificio de oficinas en Orlando, de acuerdo con los registros públicos de corporaciones de Florida.
En su portal web anuncian que tienen oficinas en Miami, Nueva York, Caracas, Shanghai, Dubai, Frankfurt, Bogotá, Panamá, Buenos Aires, Santiago de Chile, Sao Paulo y la Ciudad de México.
Estas representaciones son alianzas con abogados locales, como en el caso de México.
Se verifica porque coinciden las direcciones fiscales de esta firma en cada sitio con las de los despachos locales de sus abogados representantes.
Las oficinas de Díaz Reus & Targ en la ciudad de México se ubican en el mismo sitio que el despacho Del Valle Gurría, S.C. en la delegación Benito Juárez.
El abogado asociado es José Luis del Valle Gurría, especialista en transacciones internacionales e impuestos, quien fue mencionado recientemente como actor del caso conocido como el “charolazo”, es decir, la comida en que se pidieron fondos para la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador.
El nombre de José Luis del Valle surgió públicamente durante la investigación del caso Raúl Salinas presentada por el juez suizo Paul Perraudin.
El hijo de este abogado, Luis Gerardo del Valle Torres, se casó con la hija de Raúl Salinas, Mariana Salinas Pasalagua. La boda civil se celebró en el penal de Almoloya en 2007.
Un recuento del caso Raúl Salinas publicado por Juan Ramón Jiménez de León afirma que los documentos firmados por Perraudin con sellos del Juzgado del Cantón en Ginebra conectan a Raúl Salinas con José Antonio del Valle.
En 2008 el abogado recuperó dos millones de dólares que le habían sido congelados en Suiza a raíz de este caso.
Su nombre aparecía en una lista de operadores financieros, en donde se incluye a otros personajes públicos.
Habrían estado involucrados en una serie de transferencias de bancos mexicanos a instituciones financieras de Nueva York, Suiza, Londres, Alemania y paraísos fiscales del Caribe.
Para las operaciones se utilizaron, según este informe del juez Perraudin, cuentas en Banca Cremi México, Citibank México, Mercantil Probursa México, Bancomer México y Banco Mexicano Somex.
Este último banco establece la segunda conexión del caso Pemex-Conproca con el hermano de Carlos Salinas.
El actual director jurídico de la petrolera, Marco Antonio de la Peña, denunciado por el posible daño patrimonial por no renovar las cartas de crédito de 102.8 millones de dólares, fue funcionario de este banco.
Laboró en la dirección jurídica de esta institución, dice su ficha curricular publicada por Pemex. El dato no fue mencionado en el boletín oficial que siguió a su nombramiento.
Antes de ser nombrado como abogado general de la paraestatal en 2011, también había formado parte del despacho de abogados Bufete Farell.
Uno de los titulares de este despacho, Arsenio Farell Campa, fue mencionado también en el caso de Raúl Salinas como “uno de los principales operarios de la red financiera”, dice el texto de Juan Ramón Jiménez.
Se trata del hijo de Arsenio Farell Cubillas, exsecretario de la Contraloría (actual Secretaría de la Función Pública) durante el gobierno de Ernesto Zedillo.
Cronología
Por Roberta Carrillo
26 de noviembre de 1997
> Pemex y Conproca (consorcio formado entre Siemens y SK Engineering) firman un contrato para modernizar la refinería de Cadereyta, Nuevo León.
28 de agosto de 2001
> La Procuraduría General de la República indaga a funcionarios de Pemex, incluido el titular de la subsidiaria que contrató a Conproca, Jaime Mario Willards Andrade, bajo la acusación de que hacía pagos injustificados a la empresa.
12 de septiembre de 2001
> Conproca inicia la disputa legal ante la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (CCI) en París, para solicitar el reembolso de costos adicionales de trabajos extra solicitados, cambios en las especificaciones y actos y omisiones a Pemex.
17 de diciembre 2008
> La CCI resuelve que Pemex debe pagar por trabajos extras realizados por Conproca durante la modernización de la refinería Cadereyta entre 1997 y el 2000.
23 diciembre de 2011
> Tras un proceso de 10 años La Corte Internacional de Arbitraje emitió un laudo arbitral que obliga a Pemex a pagar a Conproca 282 millones de dólares más intereses.
Julio 2012
> Pemex busca la nulidad del laudo arbitral de la CCI buscando hacer valer el marco legal vigente durante la modernización de la refinería.
12 de diciembre de 2012
> Petróleos Mexicanos presenta una demanda en contra de Conproca en la Corte del Distrito Sur de Nueva York por presuntamente sobornar a sus funcionarios en México para causar los sobrecostos que ahora reclama la empresa, por lo que pide una compensación de 500 millones de dólares.
24 de diciembre de 2012
> Pemex solicita una ampliación de tiempo en la Corte de Nueva York para agregar elementos a su acusación.
28 de marzo 2013
> En rueda de prensa, Pemex acusa a Conproca de confundir la opinión pública en torno a la demanda por actos de corrupción presentada en la Corte de Distrito Sur de Nueva York.
29 de marzo de 2013
> Al vencimiento del plazo de la Corte de NY Pemex presentó otra prórroga, y luego otra, al concluir esa el 18 de abril para ampliar la demanda.
8 de mayo de 2013
> En la ampliación de la demanda ante la corte de Nueva York, Pemex afirma que César Nava, que se desempeñaba como director jurídico de la paraestatal entre 2001 y 2003, impidió que Pemex cobrara a Conproca, en mayo de 2002, dos cartas de crédito para compensar violaciones contractuales por 102.8 millones de dólares.
24 de mayo 2013
> Conproca presenta ante la corte federal del Distrito Sur del estado de Nueva York, una petición para que el juez desestime la demanda en su contra.
11 junio 2013
> Concluye periodo para presentar pruebas y alegatos del caso Pemex-Conproca en el Décimo Primer Tribunal de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal.
