Los más de cuarenta indicadores de la impunidad ambiental que definieron los académicos para elaborar el estudio se consideraron a partir de un margen de características que pudieran encontrar en todas las entidades federativas.
Algunas de estas variables son: cobertura de población con agua potable, estaciones de medición de contaminantes, apoyos económicos de ordenamiento territorial, duración y atención de incendios forestales, estaciones de transferencia y centros de acopio de residuos sólidos urbanos, equipos instalados para la medición de contaminantes, delitos estatales, visitas de inspección y verificación y daños a bosques, entre otros.
“Fue difícil porque teníamos que buscar indicadores que, además, todos los estados contaran con ellos, por eso nos llevó prácticamente dos años de diseño, porque teníamos que hacer coincidir toda esta información a nivel estatal y a veces las bases de datos no estaban actualizadas o la información era muy vieja”, relata Cedillo González.
De este modo, el informe determina que la información obtenida de fuentes oficiales “permite realizar una trazabilidad temporal respecto a la evolución de los fenómenos a lo largo del tiempo. Por ello, se consideran los datos más recientes posibles en un nivel de desagregación por entidad federativa, tomando como fecha más lejana información correspondiente a 2015.
“Esta información, si bien corresponde a datos sobre el desempeño de las entidades, en su conjunto nos ofrece un panorama promedio del ámbito nacional”.
Por ello, indica que es necesario aumentar la capacidad de recursos institucionales, humanos y materiales para la definición de acciones que tengan mayores repercusiones en la protección de ecosistemas y especies, en el respeto al derecho humano a un medio ambiente sano y en los derechos de las comunidades y pueblos indígenas.
No obstante, proteger los derechos humanos involucra diseñar e implementar legislaciones y políticas que garanticen respeto a la naturaleza y contengan la destrucción ambiental, ya que esto representa un factor de violaciones directas o indirectas a las garantías individuales.
“Aun cuando los Estados no reconozcan el derecho a un medio ambiente sano, tienen la obligación de evitar que la destrucción ambiental se traduzca en la imposibilidad de disfrutar, de acuerdo con el principio de progresividad de los derechos humanos, de la vida, la salud, la alimentación, la propiedad, la cultura o el acceso al agua”
Una de las decisiones menos populares del Gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador fue la desaparición del Fondo de Desastres Naturales (Fonden).
Lo que ha dado pie a múltiples reproches por parte de la oposición, quienes han demandado la necesidad de un fondo destinado exclusivamente a atender cualquier contingencia y han responsabilizado a la administración guinda de un sinnúmero de muertes y afectaciones provocadas por las catástrofes de la naturaleza.
No obstante, la investigadora de la UDLAP manifiesta que las malas condiciones en materia ambiental no se derivan de la administración actual, pues hay prácticas de desatención a este tema registradas de décadas previas.
“Lo que está sucediendo con el sector ambiental no es solamente de esta administración. Creo que ya llevamos, al menos, dos administraciones que no le han dado la importancia que ha tenido el tema.
“De acuerdo con datos del CEMDA (Centro Mexicano de Derecho Ambiental), del 2013 al 2020, ha habido una reducción importante del presupuesto, casi en un 60 por ciento, para el sector ambiental y creo que, más allá de la ideología, lo que está sucediendo es que hay una falta de empatía, un desprecio tendido hacia las instituciones que han costado mucho trabajo construir en el país (…) Si no hay un presupuesto adecuado para las necesidades, difícilmente vamos a poder alcanzar resultados”, concluye Celeste Cedillo.
