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Raúl Flores Hernández, el presunto narcotraficante que el gobierno de Estados Unidos vinculó con el futbolista Rafael Márquez y el cantante Julión Álvarez, había sido detenido por la PGR desde el pasado 20 de julio.
La dependencia federal confirmó anoche en un comunicado que Flores Hernández fue detenido por elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR en la ciudad de Zapopan, Jalisco.
En una tarjeta informativa, la dependencia detalló que el hombre buscado por la justicia de Estados Unidos, fue trasladado a la Ciudad de México, para ser puesto a disposición del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Federal, ubicado en el Reclusorio Sur.
La dependencia agregó que el supuesto criminal es buscado en Estados Unidos por el delito de Asociación Delictuosa.
Previamente, Flores Hernández había ingresado en 2013 al CEFERESO número 4 del Noroeste pero había obtenido su libertad en 2015.
Márquez y Julión, implicados
En el caso del futbolista, la Oficina de Control de Bienes de Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (OFAC, por sus siglas en inglés) menciona que son nueve las empresas de Márquez que sirven como pantalla para los negocios del crimen organizado: la asociación civil denominada Escuela de Futbol Rafael Márquez, Grupo Deportivo Márquez Pardo, Fundación Rafa Márquez, Fundación Futbol y Corazón, Grupo Terapéutico de Puerto Vallarta, Grupo Terapéutico Hormaral, Grupo Nutricional Alhoma, Prosport & Healt Imagen y Servicios Educativos y de Negocios.
Mientras que del cantante se habla de tres empresas: Jcam Editora Musical, Noryban Productions, y Ticket Boleto.
De acuerdo con un comunicado distribuido por la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) se menciona que la relación entre las dos figuras públicas y el narcotráfico se ha hecho a través de Raúl Flores Hernández y su organización criminal designada como “Flores”.
El mismo texto menciona que Raúl Flores es un destacado narcotraficante de nacionalidad mexicana que por medio de las 42 empresas mexicanas, en su mayoría de Jalisco, y 21 ciudadanos, llevaba a cabo las acciones delictivas.
De tal modo que los EU han tenido que identificar a Flores Hernández como un “Narcotraficante Espacialmente Designado” de conformidad con los establecido por la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros (Ley Kingpin).
Al haber sido vinculados con el personaje criminal, el gobierno estadunidense designará que todos los bienes de los señalados estén bajo la jurisdicción de los EU para ser congelados, prohibiendo la realización de transacciones económicas con los señalados. Pasando el listado del Departamento del Tesoro al Departamento de Justicia, para determinar las acciones legales.
Julión Álvarez, por el señalamiento, no podrá dar conciertos en los Estados Unidos, ni tampoco tendrá las regalías producto de sus ventas en espacios como iTunes o Spotify.
‘No pasa nada’
Sin ahondar en detalles, Gustavo Guzmán, directivo del Atlas de Guadalajara y en donde Márquez juega, señaló que la noticia impactó en la directiva que se enteró del asunto por lo que se ha publicado en los medios, absteniéndose de hacer una comunicación oficial hasta que se tenga información más a detalle.
“Ahorita nos enteramos por los medios, me da un chorro de tristeza que esté pasando lo que está pasando”, declaró el presidente de los Zorros a NTR Guadalajara.
Por su parte, a través de un enlace en vivo a través de Facebook, Julión Álvarez se posicionó respecto al tema que tildó como consecuencia de “envidias y celos”, y dijo que se asesoraría, de ser necesario.
“Son cuestiones de envidias, de celos, no sé si políticas también. Podemos decir muchísimas cosas pero ustedes, mi público, sabe a lo que nos dedicamos, sabe lo que somos y saben la persona que soy, y hablando de carreras limpias sin chismes, es parte de todo, no pasa nada”, expresó Julión Álvarez en redes sociales.
Investigado desde los 80s
A decir de las autoridades, Raúl Flores trabaja de forma independiente con su organización, pero ha generado alianzas estratégicas con apoyo de grandes cárteles mexicanos, como el de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación.
De este modo es que Raúl Flores ha podido operar desde los años 80 en Guadalajara y Ciudad de México. Lo que ha traído una añeja investigación por parte de los EU en la que destacan acusaciones penales por tráfico de cocaína y lavado de dinero, siendo un narcotraficante buscado en México.
La PGR ofrece una recompensa de 5 millones de pesos por cualquier información que aporte sobre su paradero, ya que fuentes gubernamentales han dicho que Flores Hernández es un gran capo que casi nunca figura en las notas informativas o en la información mediática.
Ahora su nombre resuena en eco con las figuras públicas señaladas, aunque éstas pueden interponer demandas en contra del Departamento del Tesoro para que sean revisados sus nombres y su posible eliminación de las listas que congelan sus operaciones en Norteamérica.
Aunque esto implica años de juicios y procesos burocráticos que tendrían que enfrentar tanto Márquez como Julión Álvarez para seguir llevando a cabo sus acciones privadas, pero implica hacer públicas evidencias que muestren su inocencia frente al señalamiento de las autoridades estadunidenses.
Juzgados por Ley Kingpin
No es la primera vez que se señala públicamente la liga existente entre el crimen organizado y figuras públicas, que incluye cantantes y futbolistas. Aunque por primera vez el Departamento del Tesoro implica en su lista de la OFAC a personajes de la talla de Rafa Márquez, por su impacto público como futbolista.
Este mecanismo ha permitido que desde junio del 2000 más de 2 mil empresas e individuos hayan sido señalados conforme a la Ley Kingpin, por su participación en acciones ilegales por medio de alianzas con miembros del tráfico internacional de drogas.
Según la información de las autoridades estadunidenses, las sanciones para quienes figuren bajo este señalamiento pueden ir desde penas civiles hasta un millón 437 mil 153 dólares por cada violación que se halla cometido. Sin contar que también se puede llegar a penas criminales severas como consecuencia máxima.
La DEA menciona que las penas criminales para los directivos de las empresas en cuestión podrían llegar a ser de hasta 30 años de prisión y multas de alrededor de 5 millones de dólares.
En tanto que otros individuos implicados podrían enfrentar 10 años de prisión y multas acordes a lo establecido por el Código de los EU por violación criminal a la Ley Kingpin. Agregando multas de hasta 10 millones de dólares para las empresas.
Niega Márquez vínculos
Considerando que el presente proceso que atraviesa, al ser acusado por el Departamento del Tesoro, Rafa Márquez declaró que atraviesa el “partido más difícil”, negando que las acusaciones de las autoridades correspondan con sus actividades empresariales.
Dijo que esclarecerá los hechos, documentándose para tal proceso, además de pedir que se respete a su familia por la dificultad de la situación en la que se encuentra después de las acusaciones.
“Niego categóricamente cualquier relación con dichas organizaciones y los hechos referidos en las diversas periodísticos (…) Comprendo la situación jurídica en la que me encuentro y de inmediato me abocaré al esclarecimiento de los hechos”, dijo en conferencia de prensa desde las instalaciones del club Atlas.
En tanto que su abogado, Alejandro Cruz, explicó al medio deportivo Mediotiempo que se deben tomar con reservas las acusaciones debido a que se verificarán algunos de los dichos de las autoridades estadunidenses.
“La noticia se debe tomar con reserva, que él pueda conocer las operaciones por las cuales se le están vinculando con la empresa y así formar la defensa. Lo primero que están señalando es que son empresas que están a su nombre, eso sería lo primero que hay que verificar”, explicó el abogado penalista.
