El ataque coordinado que se lanzó contra la red de videovigilancia Escudo Urbano C5 de la metrópoli de Guadalajara y que causó daños en decenas de sus postes en múltiples municipios en días pasados, es un nuevo punto de inflexión en la estrategia del crimen organizado para mantener bajo control el territorio de la ciudad.
Aunque inicialmente se pensó que las afectaciones habían alcanzado únicamente a 13 equipos en cinco municipios de la urbe (cuatro en Zapopan; cuatro en Guadalajara; dos en Tlaquepaque; dos en El Salto y uno en Tlajomulco de Zúñiga), las autoridades esclarecieron que la infraestructura dañada sumaba al menos 29 postes.
El Gobierno de Jalisco asegura que esta acción delictiva busca inhibir el trabajo contra la delincuencia
A estos postes, detalló el Gobierno de Jalisco: “Se les prendió fuego, quemando parte del cableado y de los mecanismos de botón de pánico instalados en ellos. Dentro de las primeras revisiones físicas que se han hecho a la infraestructura dañada se detecta como acto recurrente que a los postes se les introdujo a través de las tapas de servicio, pedazos de estopa con algún tipo de solvente, lo que favoreció a la propagación del fuego”
El gobierno del mandatario, Enrique Alfaro Ramírez, aseguró que lo ocurrido se trató de un “ataque orquestado” que se habría implementado el 23 de octubre, con el objetivo premeditado de afectar el funcionamiento del sistema de videovigilancia que opera el “Escudo Urbano C5”, es decir, el Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicación y Cómputos del estado.
Los postes a los que se les prendió fuego están ubicados en seis de los nueve municipios que conforman la metrópoli tapatía, a saber: Zapopan, Tlaquepaque, El Salto, Tlajomulco, Tonalá y la propia Guadalajara, lo que evidencia que la célula delictiva que causó las afectaciones desplegó a sus miembros en el Centro, Norte, Sur, Oeste y Este de la urbe.
Si bien en su gran mayoría los equipos dañados son manejados por el Escudo Urbano C5, la autoridad especificó que en tres casos se trata de videocámaras de los Ayuntamientos: “En el caso de Tlajomulco, tres de los postes corresponden al Escudo Urbano C5 y dos al C4 municipal; mientras que en El Salto nueve de los postes corresponden al Escudo Urbano C5 y el otro al municipio”.
La narcovigilancia
Aunque en esta ocasión el ataque coordinado de la delincuencia organizada habría tenido como objetivo sabotear el funcionamiento del principal sistema de videovigilancia de Jalisco, fuera de la metrópoli hay indicios de que estos grupos delictivos operan sus propias redes de videocámaras.
Así ocurrió en San Juan de los Lagos, cuya Policía municipal fue intervenida por fuerzas federales y estatales en febrero de 2020, y donde las autoridades detectaron una red de videovigilancia que, se presume, habría sido instalada por la delincuencia organizada, según se reportó.
El 26 de febrero de 2020 el Gobierno del estado confirmó que entre los hallazgos en ese municipio:
Se detectó la instalación de una red de videovigilancia que no corresponde a la autoridad, dichas cámaras estaban instaladas en distintos puntos del municipio y ya la Secretaría de Seguridad procedió a su desinstalación
Otras irregularidades encontradas fueron que el comisario no aprobó los exámenes de control y confianza; que “solo 70 elementos municipales realizaron trámite de licencia colectiva de portación de arma, el resto no tiene antecedente para este trámite” pero todos andaban armados; y que en el escritorio del comisario se hallaron pequeñas cantidades de droga.
Escudo Urbano en operación
El sistema de videovigilancia del Escudo Urbano C5 para la metrópoli de Guadalajara, fue un proyecto que diseñó e implementó el gobierno del exmandatario Aristóteles Sandoval Díaz, sin embargo, el mismo fue heredado a la gestión de Enrique Alfaro Ramírez con múltiples deficiencias e incumplimientos contractuales de su proveedor.
Pese a estos desperfectos, el Escudo Urbano C5 ha ido regularizando su funcionamiento, y ya en septiembre de 2019, en esta administración, se informó que tenía activos cinco mil 835 cámaras, 268 LPR (lectores de placas) y mil 165 botones de pánico (un total de siete mil 268 artefactos).
“A la fecha se tiene un avance aproximadamente en el funcionamiento y conexión de sensores del 90 por ciento, lo habíamos recibido con el 83 (por ciento)”, explicó el titular del Escudo Urbano C5, Alejandro Plaza Arriola el 12 de septiembre de 2019.
La instalación del sistema de videovigilancia Escudo Urbano C5, con una inversión de 895 millones de pesos, fue pensada para cubrir las áreas de mayor peligrosidad de la metrópoli de Guadalajara, al menos así lo expuso el 27 de abril de 2016 el entonces fiscal general de Jalisco, Eduardo Almaguer Ramírez, al presentar el proyecto:
Aquel día se informó que: “Los 8 mil 500 dispositivos de seguridad serán ubicados en zonas donde se registran delitos de alto impacto como son homicidios, robos, violaciones, entre otros. Además se ubicarán en avenidas principales y puntos de alta circulación de personas y vehículos, así como en comercios, edificios públicos y principales vías de acceso a la ciudad”.
También se dijo que “algunos de los dispositivos tendrán tecnología para la lectura de placas vehiculares, donde se verifica si cuentan con reporte de robo o están involucradas en un hecho delictivo; algunos sensores serán ubicados en zonas de delitos de alto impacto y podrán detectar disparos de arma de fuego”.
Además, las cámaras de seguridad tendrán un reconocimiento facial y se ubicarían en reclusorios, centrales de autobuses, aeropuertos y puntos con gran flujo de personas.
