Nadie pone orden

Es la ley de la selva. En la Ciudad de México simplemente no hay autoridad que ponga orden en el transporte público concesionado… y mucho menos alguien que investigue los indicios de prácticas de corrupción.

El viernes pasado Reporte Indigo dio a conocer una serie de pruebas de cómo el Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal (Invea-DF) manipula la ley para beneficiar a unos cuantos transportistas.

A través de videos, audios, pruebas documentales y testimoniales, se reveló que hay al menos una decena de rutas de microbuses y bases de taxis piratas que pueden circular sin temor a ser sancionados.

Y en el marco de su comparecencia, ante la Comisión de Administración Pública Local de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), el titular de ese organismo, Meyer Klip, minimizó las imputaciones.

Dijo que se trataba de señalamientos orquestados por dos verificadores que están acusados de extorsionar a un taxi, pero no negó ni confirmó la veracidad de las acusaciones. 

Los diputados se quedaron conformes con la explicación de su interlocutor y la Secretaría de Transporte y Vialidad (Setravi) optó por no emitir un solo comentario al respecto.

Esto, a pesar de que quienes denuncian actos de corrupción en el Invea es un grupo de verificadores administrativos, que aseguran son obligados a proteger a algunos microbuses que no están aptos para circular.

Las pruebas

Un video fue la punta de lanza. Verificadores captaron el momento en que la Central de Mando del Invea les dio indicaciones de cuáles rutas no se pueden verificar, aun cuando la ley se debe aplicar para todos.

Se trata de las rutas Ruta 7, 86, 110, 112, 115, 14 y 27, según las indicaciones de sus superiores; mismas que son confirmadas a través de correos electrónicos y audios en poder de esta casa editorial. Lo mismo sucede con los taxis piratas.

Por eso no todo el transporte es susceptible de una revisión de documentos, cromática, rótulo y condiciones mecánicas del vehículo. Y mucho menos, de una remisión al corralón.

Por si fuera poco, una decena de verificadores alzaron la voz, y confirmaron las indicaciones que se dan desde la Central de Mando, que dirige José Luis Valle Cosio, quien es el coordinador de Transporte en el Invea.

Es por eso que los más de 22 mil microbuses y los casi 3 mil taxis piratas trabajan con normalidad. Aun cuando son vehículos en pésimas condiciones mecánicas o que simplemente carecen de placas oficiales.

Así como estos hechos, Reporte Indigo dio a conocer que la ley en el Instituto de Verificación Administrativa también se aplica parcialmente en materia de establecimientos mercantiles y obras.

Un ejemplo son los criterios que utilizan para inspeccionar casinos. En algunos casos, las autoridades de ese órgano autónomo consideran que sí tienen facultades para revisar permisos y en su caso sancionar, pero en otra no.

La respuesta

Tras la serie de acusaciones, llegó la comparecencia de Meyer Klip en la ALDF. Ahí fue cuestionado por el diputado del Panal, Jorge Gaviño, y la legisladora independiente, Bertha Alicia Cardona.

Ambos le preguntaron sobre las presuntas irregularidades que se denunciaron a través de esta casa editorial. La respuesta fue parca. No profundizó en el tema, no las negó y tampoco dijo que las iba investigar.

“El día de hoy efectivamente en un medio de comunicación se habla de supuesta corrupción en el Invea. Nosotros queremos informarles a ustedes que las personas que se ostentan como los quejosos en ese sentido son gente que ha estado cometiendo un error, pecados”, sostuvo Klip. 

De acuerdo con el titular, los dos verificadores que dieron la cara la semana pasada están dados de baja por presuntos actos de extorsión a un taxista, quien los denunció penalmente.

“O sea realmente están estas personas tratando de defenderse de una manera inventando cosas, pero son gente conflictiva, son gente que ha cometido pecados, es gente que extorsionó. 

“Creo que con eso queda entendido que están defendiéndose boca arriba, están peleando porque no los metan a la cárcel, entonces están tratando de alborotar y hacer un problema”, sostuvo el funcionario. 

Le dan cuidado especial

El diputado Jorge Gaviño fue el más incisivo en la comparecencia de Meyer Klip, al insistirle una respuesta puntal de la veracidad o falsedad de los videos y audios que se dieron a conocer, así como la existencia de las rutas intocables.

“Sobre las grabaciones, realmente necesitaríamos que la autoridad determine si son o no son válidas, pues tenemos oficios donde dice que tal o cual ruta está en proceso de regularización y por lo tanto debe ser manejada de una forma diferente”, agregó Meyer.

“Entonces las grabaciones yo no sé si son reales o no son reales, porque estas personas, están sujetas a un proceso penal punible con cárcel.

“Las grabaciones no sé si son falsas o no son falsas, no depende de mí, ni yo soy quién para decirlo, pero estoy seguro que son patadas hacia arriba, patadas de ahogado, porque van a acabar entrando a la cárcel”.

En sentido estricto no negó la existencia de rutas intocables; en cambio, las justificó con la presunta existencia de oficios. 

Horas antes, el titular del Invea fue sujeto de los mismos cuestionamientos en dos programas de radio. Ahí las preguntas no fueron tersas y las respuestas no fueron tan contundentes.

Y es que minutos antes de que comenzara la comparecencia, los legisladores fueron llamados a una reunión privada para acordar un cuidado especial a Meyer Klip, a través del enlace de la Secretaría de Gobierno.

Por eso el responsable del Invea propuso la creación de un Consejo Consultivo Ciudadano que contará con la participación de los sectores público, privado y social, pues su integración contempla a diversos representantes empresariales y comunicadores. 

“Con ello el Invea pretende reforzar los vínculos de confianza que actualmente existen en la opinión pública, pues a través de la rendición de informes trimestrales de la actividad, el Instituto hacia el Consejo, la difusión y alcance de su trabajo permeará en todos los sectores sociales”, afirmó Klip.

Mientras todo esto sucedió, la institución no ha atendido la petición de una entrevista formal con este medio de comunicación y ninguna autoridad se ha pronunciado por investigar si las acusaciones son reales.