Los activistas piden que la Ley deje muy claro el estatus de desaparición forzada, para que los familiares puedan acceder a derechos civiles y responder por los hijos, bienes y trámites que dejó el desaparecido
"Han realizado foros de expertos sin considerar los conocimientos en el tema de los verdaderos expertos: las familias que buscan a sus desaparecidos”
Con la presentación de la iniciativa de Ley que busca proteger a las víctimas en Jalisco, y que deriva de la Ley General de Víctimas, una nueva discusión se abre en el estado.
Quién sí y quién no entra en la categoría de víctima, es solo un primer obstáculo que se debatirá en el pleno del Congreso de Jalisco.
Un estado que ha negado en los últimos años la existencia de violencia, desapariciones forzadas, tortura, ataques de cárteles a la sociedad civil y cualquier actividad delictiva.
Pero la negación a los problemas hoy sirven de poco. Las autoridades de Jalisco están en la mira de instancias federales, pues será uno de los primeros estados en legislar el tema.
Pero antes, la propuesta de Ley deberá ser analizada por todos los actores involucrados en la defensoría de derechos humanos, así como víctimas y familiares que han vivido en carne propia la violencia.
Hasta el momento no hay acuerdo sobre el primer esbozo de la Ley.
Mientras que en el Congreso aseguran que la propuesta de Ley se ciñe a lo que determina la norma federal, hay aspectos que no han quedado definidos como quién y cómo se integrarán los comités y que a la vista de los activistas denotan huecos.
Hasta hoy, en la propuesta presentada por el diputado priista Jaime Prieto, no hay claridad sobre quién y cómo repartirá el fondo de reparación.
Propuestas concretas
El Congreso iniciará mesas de consulta con expertos, en donde buscan integrar todas las voces.
Pero los activistas señalan que en esa primer propuesta se deben integrar las propuestas de todos las fuerzas partidistas, a fin de que no sea un tema que después sea utilizada en la agenda electoral.
Para Silvano Cantú, uno de los redactores de la Ley General de Víctimas e integrante de Movimiento por la Paz, el método de consulta abierta es un mecanismo que muchas veces lleva una “estrategia dirigida”.
Antes del fin de año debe quedar aprobada esta Ley, a fin de que en el 2014 tenga un fondo económico definido en el presupuesto del siguiente, pero existen algunos temas que no deben quedar fuera de la Ley Estatal.
Entre ellos definir el estatus de desaparición forzada, es decir que los familiares puedan acceder a derechos civiles amparados con un registro que les permita responder por los hijos, bienes y trámites que dejó el desaparecido, explica el activista.
Además la Ley debe permitir que los familiares estén acompañados no solo por un defensor judicial, sino también por asesor victimológico.
En el caso del órgano que regula el tema de víctimas, los Estados están obligado a garantizar autonomía a dicha instancia. Las propuesta de Movimiento por la PAZ serán presentadas los días 13 al 16 de agosto en Guadalajara.
Ahí determinarán los lineamientos básicos que toda Ley Estatal de Víctimas debe contener, los activistas de dicho grupo buscarán un encuentro con los diputados locales.
Silvano Cantú considera que si bien ya hubo modificaciones a la Ley General de víctimas los Estados no deben limitarse a lo que contenga esa ley, sino que deberán buscar ampliar los derechos en lo local conforme a su propia necesidad.
Premia el rezago
Para el diputado Jaime Prieto la legislación propuesta es un avance en el tema, pues el Estado se ha quedado retrasado en todo lo relativo a Derechos Humanos. Según su visión, el rezago se debe a 18 años del PAN en el gobierno.
La Ley plantea la creación de un fondo estatal en apoyo a las víctimas que se integrará al sistema estatal de Víctimas en el que operará un programa de desarrollo social, así como una Comisión Estatal de Víctimas.
Los detalles de cada uno de las nuevos órganos no se han definido.
Además de la consulta, el trabajo legislativo irá de la mano de la labor de otros colectivos como el Movimiento por la Paz, agregó Prieto, sin embargo al ser cuestionado sobre la participación de dicho movimiento en la ley reconoció que no ha habido acercamiento total.
“He platicado con ellos y solamente existe de su parte el interés de participar en la consulta”.
Para el diputado, todas las iniciativas que han sido presentadas por la Comisión Legislativa de Derechos Humanos que él integra, abonan a un mejor marco de protección a los derechos humanos.
Se comprometió a que la nueva ley y su reglamentos cumplirá con los mandatos de instancias internacionales en materia de derechos humanos con los que el Estado Mexicano se ha comprometido.
‘Es entrar al infierno’
Por Jonathan Ávila
Silenciosas y con impecable disciplina, cada domingo a la misma hora, las bordadoras del Parque de la Revolución comienzan a colgar los pañuelos del recuerdo. En ellos se borda la historia de miles que hoy son víctimas de la violencia.
Los paseantes de la vía RecreActiva se acercan y leen con detenimiento el memorial que quedó plasmado en la tela.
La mirada atónita los obliga a leer el siguiente y el siguiente pañuelo, y entre cada historia la gente se pregunta ¿quién hace este trabajo?
El colectivo Bordamos por la Paz nació en Guadalajara el domingo 27 de marzo de 2011 como un acto de recuperación de la memoria histórica por los sucesos de la guerra contra el narcotráfico.
“Si llega a existir una comisión de la verdad sobre este genocidio, que haya pruebas bordadas de que existieron esas muertes”, dijo Teresa Sordo, una de las fundadoras del Colectivo.
Para ella cada caso es único, sin embargo, lo hacen suyo a través de cada hilada.
“Cada caso es una forma de vivir, de compartir el dolor de la familia, reflexionar qué tuvo que haber ocurrido en todo, en la sociedad, en el gobierno, para que llegara el punto exacto en que fue encontrada la persona, asesinada o torturada, desmembrada”, añade Teresa.
Los pañuelos se han ido acumulando a lo largo del tiempo, no todos han sido bordados por ellas, otros colectivos, voluntarios y familiares de víctimas se han unido a la labor y con ello crean una base de datos sobre las muertes por violencia en toda la república.
Los casos son compilados en un blog de voluntarios llamado Menos Días Aquí.
“Ser víctima en México es entrar al infierno. (…) son altas las probabilidades de que todos lleguemos a ser (víctimas), pero además la impunidad, la corrupción, la indolencia permiten seguirte victimizando”, dice la activista.
El pasado 7 de julio se realizó una marcha por los desaparecidos en Jalisco, en donde el colectivo Bordamos por la Paz se hizo presente.
Se contruyó un altar en recuerdo por los jóvenes Luis Antonio Ortiz y Andrés Barba, desaparecidos y asesinados en días pasados.
Con respecto a la Ley de Víctimas promovida por el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, Teresa agrega que es un gran logro del movimiento, pues define clara responsabilidad para quienes han sido omisos en su quehacer institucional.
“El problema, me parece, estará en la reglamentación a nivel local. Han realizado foros de expertos sin considerar los conocimientos en el tema de los verdaderos expertos: las familias que buscan a sus desaparecidos”, comenta Teresa Sordo.
Concluye que si los legisladores no toman en cuenta la opinión de las víctimas, a quienes ella describe como los directamente implicados, la reglamentación local terminará siendo letra muerta.
