En México, los Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual e Identidad de Género (Ecosig), conocidas como terapias de conversión, comenzaron a prohibirse desde 2020.
Esto, debido a que activistas y autoridades han denunciado que son prácticas violatorias de los derechos humanos y de la autodeterminación de quienes se identifican con la comunidad LGBTI+.
Algunos de los estados que han aprobado reformas para castigar a quienes realicen estas acciones son Tlaxcala, el Estado de México, Colima, Zacatecas, la Ciudad de México, Yucatán, Jalisco y Baja California Sur.
No obstante, existen acusaciones que señalan que las Ecosig siguen realizándose en la ilegalidad.
El 23 de agosto pasado, Reporte Índigo dio a conocer en la nota “Persisten terapias de conversión en Jalisco, pese a prohibición” que el Gobierno estatal tiene conocimiento de al menos cuatro quejas sobre tratamientos llevados a cabo en los municipios de Teuchitlán, Tepatitlán, Zapopan y Puerto Vallarta y no se emprendió acción legal contra los posibles responsables.
Lo anterior pone de manifiesto un panorama de contrastes para quienes pertenecen a la población LGBTI+ en el ejercicio de sus libertades.
Ricardo Coyotzin, director de la organización Fuera del Clóset A.C., creada en el Estado de México, comenta que hace dos años promovieron una iniciativa para reformar el Código Penal para prohibir y sancionar las Ecosig, sin embargo, aunque se tenga la ley se deben crear estrategias de acción social y trabajo transversal que hagan valer las disposiciones legales.
“Es decir, ya está la ley, ahora ¿qué acciones se deben de tomar a partir de esta reforma? Porque las leyes no nos garantizan al cien por ciento que pueda existir un trato digno y justo que garanticen los derechos de todas las personas sin ningún tipo de discriminación. Que la igualdad jurídica sea tangible para todas las personas sin ningún tipo de excepción es lo que se necesita”, expresa.
Identidad de género
El activista advierte que es importante hacer consciencia de que aún se llevan a cabo negaciones de derechos humanos en varias regiones del país, por lo que destaca como un punto positivo que el Edomex aprobó legalizar, previo al matrimonio igualitario, la Ley de Identidad de Género.
Con dicho marco legal, las personas trans pueden acceder a derechos básicos que histórica, social y estructuralmente les han sido negados en materia de salud, educación y trabajo; aunque alrededor de 20 estados ya cuentan con una ley similar, falta más de la tercera parte del país en reconocer jurídicamente a este sector poblacional.
“Pensar que una persona sigue estando enferma por su orientación sexual, por su identidad o expresión de género, resulta una situación contraproducente, alarmante, y muestra una gran capacidad de odio en contra de las personas de la comunidad LGBTI+”
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