Ante las amenazas en contra de cinco periodistas, entre los que se cuenta Odilón García, intimidado por Iván M. Riebeling, quien se identifica como diplomático internacional de Derechos Humanos, Melba Adriana Olvera Rodríguez, presidenta de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC), advirtió que nada ni nadie puede atentar contra la libertad de expresión.
En redes sociales circula un video en el que Riebeling amenaza con atentar en contra de Odilón García, quien dio a conocer una investigación que involucra al sujeto en una investigación de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) por los delitos de secuestro, robo y abuso sexual.
Además, Ribeling acusa que Odilón trabaja para Francisco Vega de la Madrid, gobernador de Baja California, y Juan Manuel Gastélum Buenrostro, alcalde de Tijuana.
El caso de Odilón García no es aislado.
Según la Comisión de Derechos Humanos de Baja California, durante 2018 se han presentado dos quejas por presuntas vulneraciones a los derechos humanos de los periodistas; en 2017 hubo 11 denuncias: 4 en Tijuana, 3 en Rosario, 3 en Tecate, y en 1 Mexicali.
El derecho a la seguridad jurídica, a la libertad y a la integridad personal son las principales garantías que se han violado a los profesionales de la comunicación; los principales hechos violatorios responden a uso arbitrario de la fuerza pública; violencia desproporcionada durante la detención, y arresto arbitrario.
Melba Adriana Olvera Rodríguez reconoció a los periodistas que ponen el tema de los derechos humanos en las agendas de las instituciones públicas, y recordó que el Estado está obligado a garantizar que los profesionales de la comunicación cuenten con las medidas de seguridad necesarias para el desarrollo de su profesión, y para salvaguardar su integridad y seguridad jurídica.
Como la Ombudsman de Baja California recuerda, el Artículo 7 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que “es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas, a través de cualquier medio. No se puede restringir este derecho por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares”.
“Tanto la libertad de expresión como la información son derechos garantizados para todas y todos y constituyen dos pilares fundamentales de las sociedades democráticas. Por tanto, la información es un bien social que no pertenece a los medios de información o a los periodistas. La información es un derecho humano que debe ser utilizado de forma responsable para el beneficio común y no para intereses privados”, recalcó Olvera Rodríguez.
