En una nueva develación en el caso Ayotzinapa, la Fiscalía General de la República (FGR) ha anunciado que buscará una condena de 82 años de prisión para Jesús Murillo Karam, extitular de la Procuraduría General de la República (PGR), por su presunta participación en los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de la justicia.
La audiencia programada para este miércoles, donde se esperaba la acusación formal contra Murillo Karam, fue aplazada por segunda vez por decisión de un juez federal.
Funcionarios federales y fuentes cercanas al caso informaron que el motivo del aplazamiento se debe a que la defensa del exfuncionario continúa recabando entrevistas y datos de prueba a su favor.
En septiembre pasado, la defensa ya había solicitado el primer diferimiento argumentando la existencia de juicios de amparo en curso. A pesar de que el exfuncionario obtuvo prisión domiciliaria en noviembre del año pasado debido a su avanzada edad y estado de salud, aún permanece en la Torre Médica del penal de Tepepan en Xochimilco.
¿De qué acusan al exprocurador Murillo Karam?
La audiencia pospuesta tenía como objetivo formalizar la acusación contra Murillo Karam, quien enfrenta cargos relacionados con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Además, enfrenta un segundo proceso penal por el delito de tortura en contra de Felipe Rodríguez Salgado, conocido como “El Cepillo“, señalado por la entonces PGR como sicario de Guerreros Unidos.
En noviembre de 2023, un juez de control concedió la prisión domiciliaria a Murillo Karam, pero la Fiscalía General de la República apeló la decisión. El exprocurador continúa su proceso en la Torre Médica de Tepepan debido a que otro juez rechazó cambiar la medida cautelar por el caso de tortura.
En paralelo, en julio de 2023, un juez suspendió de manera indefinida el proceso por tortura, a la espera de resolver un amparo donde Murillo Karam busca admitir 15 documentales como pruebas de descargo.
La FGR acusa al exprocurador de “fraguar la verdad histórica” y manipular evidencias para ocultar el paradero de los normalistas. También sostiene que organizó un “cónclave” con funcionarios estatales y federales de la administración pasada. En abril de 2023, se le imputó por segunda vez por su presunta responsabilidad en la tortura de Felipe Rodríguez Salgado en una audiencia a puerta cerrada.
