Al menos 50 personas que se encontraban privadas de la libertad en el Penal de Cadereyta, Nuevo León, perdieron la vida y no 18, como el Gobierno de la entidad había informado días después del motín registrado entre el 9 y 10 de octubre, asegura la organización civil Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (Cadhac).
Una semana después de ocurrido el motín, la Procuraduría General de Justicia del estado de Nuevo León confirmó la muerte de 18 personas y otras 36 que resultaron heridas. Medios de comunicación señalaron que la policía estatal aplicó un operativo denominado “Fuerza letal”, el cual consiste en abrir fuego en contra de los reclusos que mantenían retenidos a tres guardias.
A través de un boletín, la organización detalló que tras los hechos violentos que derivaron en un amotinamiento, “los internos fueron víctimas de tratos crueles, inhumanos y degradantes tales como golpes, uso de balas de goma, uso de armas letales, fracturas en manos, piernas, cabeza y cráneo, internos violador con macanas e internos aventados varios pisos por las escaleras”.
Cadhac señala que estos abusos presuntamente cometidos por autoridades del mismo penal, no cesaron el 10 de octubre, día que fue controlado el motín. De lo contrario, continuaron en días siguientes con la omisión de brindar atención médica, alimentación, acceso a la comunicación telefónica con sus familiares, hacinamiento en desnudez, criminalización, entre otras acciones que violentaron los derechos humanos de los internos.
La organización en pro de los derechos humanos, apunta que más allá de la amplia diferencia entre las cifras de personas muertas a causa de lo ocurrido dentro del penal, el Estado no garantizó la integridad física, bienestar y seguridad de los internos, lo que consideró como hechos “inaceptables”.
En tanto, Cadhac también informó que las violaciones a derechos incluyen a las familias de las personas privadas de la libertad, las cuales no recibieron información del estado de salud de sus consanguíneos, debido al manejo lento de la información y falta de transparencia por parte de la autoridad.
Por lo anterior, Cadhac exigió a las autoridades realizar una investigación independiente, efectiva que arroje cifras definitivas del hecho; que la investigación contenga un análisis de la actuación por parte de la Fuerza Civil al interior del penal, por los abusos mencionados en testimonios de personas víctimas; y solicitó que mandos de seguridad se separen de sus cargos para no interferir en las indagaciones.
