Los grandes ausentes en la discusión sobre la militarización de la seguridad pública han sido los municipios, a los que justamente les corresponde esta función, afirma la maestra Keyla Vargas, especialista en seguridad nacional del Colectivo de Análisis para la Seguridad con Democracia (CASEDE).
“Si bien la Guardia Nacional es un cuerpo federal y se le delegan funciones atribuibles a la Federación, lo cierto es que existe un amplio espectro de posibilidades en términos normativos para delimitar claramente cuáles van a ser sus objetivos, sus funciones y sus atribuciones en término de la seguridad pública”
Añade que los municipios tendrían que tener una mayor participación, no solamente en términos de la observación y el análisis de cómo se comporta este cuerpo de seguridad, sino también en la elaboración o en la discusión y coordinación con la Guardia Nacional, así como en su rendición de cuentas y transparencia.
La GN hoy en día carece de claridad sobre las funciones que realiza en cada región, ya que se ha sumado a temas de control de la migración así como al combate de pequeñas bandas que se dedican a delitos del fuero común, en otros casos.
“Es una falta de claridad en términos de qué tipo de actores o qué tipo de amenazas son las que se están atendiendo y cuáles son los recursos a disposición, en este caso del Gobierno federal, ni siquiera pasa por una óptica estatal ni mucho menos desde la municipal”, sentencia.
Asimismo, se han firmado convenios de actuación con diferentes entidades, lo que hace difícil saber exactamente qué funciones cumplirá en cada uno de los territorios en los que habrá de incursionar.
“Lo único que se tiene actualmente son algunos convenios con municipios principalmente relacionados con la construcción de cuarteles, pero en algunos otros casos son para tareas muy específicas, como la coordinación o participación de la Guardia Nacional en los C-4 —centros de vigilancia urbana con cámaras—, en algunas funciones operativas dentro de algunas grandes capitales del país”, destaca.
De acuerdo con la especialista, los municipios tienen legalmente la capacidad para exigir que a la Guardia Nacional se le encomienden labores en específico en cada región del país.
“Hay que voltear a ver qué es lo que se tiene actualmente y cómo podemos hacer para que funcione a efecto de reducir la incidencia delictiva y, desde luego, el impacto de la delincuencia organizada, que es lo que daña a toda la sociedad mexicana actualmente”, expone.
