Ugo Ruiz tendrá una “papa caliente” en sus manos para el 2013: poner orden en el crecimiento urbano de San Pedro y al mismo tiempo mantener contentos a todos los involucrados.
El frenesí inmobiliario vertical en áreas residenciales, el rechazo de vecinos hacia los proyectos y la presión de distintos grupos de desarrolladores son algunas de las tareas que le deparan al alcalde.
El reto se le presenta mientras está pendiente la aprobación del Plan de Desarrollo Urbano20-30 que sustituirá al aún vigente Plan 2024 de San Pedro, con el que se aprobaron diferentes complejos multifamiliares en las últimas dos administraciones panistas.
En primer lugar, tiene el reto de clarificar las irregularidades con las que se expidieron las licencias de uso de suelo y construcción para los complejos multifamiliares El Álear y Del Ángel Residencias.
Estos desarrollos están ubicados sobre la avenida Roberto Garza Sada, convertido con el último Plan en un corredor inmobiliario al que le fue asignado el uso de suelo HM-7, destinado para zonas habitacionales multifamiliares.
Las licencias irregulares fueron expedidas por el ex secretario de Control Urbano, Aldo Decanini, quien se tomó atribuciones que no le correspondían cuando emitió esos trámites administrativos, según un dictamen externo elaborado por el abogado Luis García Santos.
Entre otras las anomalías detectadas en los complejos están alturas de edificios excedidas y el incumplimiento en la cesión del 17 por ciento de áreas municipales, que causaron un perjuicio patrimonial al Ayuntamiento superior a los 26 millones de pesos.
A pesar de que existe un dictamen externo y documentos del Ayuntamiento sampetrino que confirman estas irregularidades, el ex alcalde Mauricio Fernández minimizó en todo momento la situación y aseguró que las obras fueron autorizadas con completa legalidad.
Esto ha ocasionado el descontento de unos 70 vecinos de las colonias Carrizalejo, Valle de San Ángel y Valle de Chipinque que se organizaron para subrayar las irregularidades de estos desarrollos.
La agrupación ahora tiene el objetivo de emprender una defensa legal contra la aprobación del nuevo reglamento municipal de Zonificación y Usos de Suelo.
El pasado 28 de agosto se reunieron con Ruiz para discutir la aprobación de este ordenamiento y ofrecieron alternativas para su contenido.
Dos particulares del grupo emprendieron hace más de tres años una defensa legal contra las administraciones panistas de Mauricio Fernández y Fernando Margáin, en las que se materializaron los proyectos inmobiliarios.
El matrimonio de Alberto Edmundo Manzotti Magaña y Elsa Marina Rodríguez García interpuso a finales de 2009 y principios de 2010 dos amparos para suspender provisionalmente las obras, porque nunca fueron consultados por las autoridades para saber si estaban de acuerdo con las edificaciones.
En estos recursos legales se demandó al Ayuntamiento de San Pedro y otras autoridades municipales por la expedición de las licencias de uso de suelo multifamiliar.
Los colonos fueron en contra de los permisos que expidió el ex secretario Decanini, e impugnaron el Plan de Desarrollo Urbano de San Pedro 2024 y el Reglamento Municipal de Zonificación y Usos de Suelo.
Sin embargo, el juez tercero de Distrito en Materia Administrativa, Héctor Pérez, sobreseyó uno de los recursos y desechó el otro.
Según el juzgador, los quejosos carecían de interés jurídico al no haber presentado una denuncia previa de las irregularidades que cometieron las autoridades.
A este conflicto vecinal se le suma que el Plan 20-30 está trabado por diferentes suspensiones de amparo promovidas por Grupo Inmobiliario Monterrey (GIM), del empresario Eudelio Garza.
Según el consorcio, en caso de aprobarse el Plan habría un conflicto de intereses con la titular del Instituto Municipal de Planeación Urbana (IMPLAN) María del Carmen Elosúa, porque es hija del desarrollador Antonio Elosúa Muguerza.
La funcionaria promovería una serie de permisos para construir desarrollos en tierras de sus familiares con uso de suelo multifamiliar, de acuerdo con los amparos.
Además de las suspensiones de amparo promovidas contra el Plan 20-30, también están las presiones para que se ratifiquen una serie de modificaciones a los coeficientes de ocupación y uso del suelo del municipio.
Estos cambios fueron hechos a última hora en la pasada administración de Fernández y motivaron el desacuerdo con GIM, que ha promovido al menos nueve amparos contra el nuevo reglamento.
Entre ellos está la permuta que hizo el ex munícipe del 17 por ciento de terrenos donde se encuentra el Planetario Alfa y que debía ceder su familia al Ayuntamiento de San Pedro.
Son tierras con un porcentaje de alta plusvalía que se permutó para que el Municipio recibiera terrenos de una filial de la empresa propiedad de la familia del ex alcalde: Akra.
Esas tierras son de menor plusvalía y están localizadas en la avenida Díaz Ordaz, en los límites de San Pedro con Santa Catarina.
La permuta ya ocurrió, pero con el Plan 20-30 se terminaría por materializar la autorización para que la familia del ex munícipe construya edificios de departamentos en donde ahora se encuentra el Planetario Alfa.
Dentro de ese círculo de intereses está la Constructora Garza Ponce, unas de las más grandes en Nuevo León y que estaría en sociedad con Mauricio Fernández para construir los edificios multifamiliares.
Además de todos estos conflictos, Fernández heredó uno más: la construcción de muros en Calzada San Pedro dentro del proyecto Banderas.
Los vecinos se oponen y Ugo Ruiz visitará hoy la obra junto con regidores para definir si la obra continuará.
De hecho, poco antes de asumir la Alcaldía, Ruiz aseguró en entrevista para Reporte Indigo que va a perseguir las anomalías en urbanismo.
“No habrá ‘cacería de brujas’, pero yo no voy a soslayar en ningún momento la responsabilidad como funcionario público de investigar las denuncias que se presenten”.
Por eso, Ruiz se comprometió a revisar a conciencia el trabajo de Decanini y reestructuró esa área de la administración al inicio de su mandato.
El edil fusionó las secretarías de Control Urbano y de Medio Ambiente, y creó la Secretaría de Desarrollo Sustentable, encabezada por Enrique Ávila.
¿El alcalde tendrá que recurrir a los tribunales en caso de que no se llegue a una conciliación entre los particulares y se apruebe el Plan 20-30?