Multas millonarias sin cobrar: legado de corrupción para el próximo Gobierno federal

Amparadas en litigios añejos o incluso en la desaparición, empresas pequeñas, medianas y grandes acumulan sin saldar multas impuestas por la Secretaría de la Función Pública entre 2001 y 2023.

La cantidad sin cobrar es de 2 mil 500 millones 354 mil 865 pesos, lo que equivale al gasto de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en la reconstrucción de la infraestructura eléctrica de Acapulco, Guerrero, tras el embate del huracán Otis.

Ese cúmulo de multas sin cobrar por violaciones a las leyes de las compras públicas será uno de los legados para quien este 2 de junio gane las elecciones y se convierta en presidenta o presidente de México. Las campañas de los comicios se realizan mientras el país se encuentra en la posición 126 de 180 países evaluados en el índice de Percepción de la Corrupción, la herramienta de la organización Transparencia Internacional para medir ese mal.

Desde 2001, algunos montos por cobrar de la SFP fueron heredados de administración en administración y se quedaron en una lista que en 2024 –a 74 días de efectuarse los comicios– es de 2 mil 248 registros, de acuerdo con una revisión por parte de Reporte Índigo en el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados de la dependencia.

La más antigua data de 2001 y la tiene Alstom Internacional, que presentó documentación falsa, por 341 mil 100 pesos. Una más es la de Oncomed S.A de C.V por 70 mil 200 pesos impuestos en 2007. La compañía es de quimioterapia ambulatoria y actuó con dolo al presentar documentos apócrifos.

Otra que ha sido transferida de gobierno a gobierno fue la que en 2009 se le impuso a la Guardería ABC donde un incendio le arrebató la vida a 49 niños y le causó heridas a otros 79 en Hermosillo, Sonora. Esa empresa, envuelta en procesos jurídicos, se extinguió y hasta ahora, no hay responsable legal para asumir la multa.

Sólo el año pasado, la SFP impuso 266 sanciones a 249 firmas que participaron en licitaciones por contratos públicos. La suma por estas amonestaciones fue de mil 20 millones 148 mil 646 pesos. La anomalía más frecuente fue la presentación de información falsa en los procedimientos. Otras fueron no formalizar los contratos asignados y el incumplimiento, lo que causó “daños graves” al erario, de acuerdo con la propia secretaría en un comunicado.

Esto es lo que ha atravesado la SFP en la lucha anticorrupción

Fundada en 1983 –en la administración de Miguel de la Madrid Hurtado (1982-1988)–como Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo y transformada en Función Pública en 2003 –durante el gobierno de Vicente Fox Quesada (2000-2006)–, la dependencia enfrenta su futuro como instancia clave para combatir la corrupción.

En 2013 encaró la posibilidad de desaparecer. Una reforma a la Ley de Administración Pública planteó su sustitución por otra institución que se llamaría Comisión Nacional Anticorrupción. La enmienda fue aprobada por el Senado de la República pero se estancó en  la Cámara de Diputados. Después de dos años acéfala y sin órganos de control interno, en la dependencia fue nombrado un titular. En tanto, la Comisión fue aprobada en el Congreso pero como Fiscalía. Así, la dependencia se mantuvo en la administración pública federal.

Hasta ahora, las candidatas y el candidato a la Presidencia de la República han dejado fuera de sus discursos a la secretaría y si estiman que debe quedarse en el epicentro de sus estrategias para enfrentar las prácticas ilegales en la burocracia. Apenas mencionada, la corrupción aún no se convierte en el tema central de las campañas.

Claudia Sheinbaum Pardo, candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, la incluyó cuando se inscribió ante el Instituto Nacional Electoral en sus “principios generales del gobierno”. En esa ocasión, la aspirante presidencial de los partidos Verde Ecologista de México, del Trabajo y Morena puso en primer término “Un gobierno honesto y sin influyentismo ni corrupción” como el primero de una serie de planteamientos.

Xóchitl Gálvez Ruiz aludió el combate a la corrupción en un encuentro con miembros de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) en el 30 aniversario de la agrupación, el 14 de marzo. Frente a mujeres y hombres de negocios de ese ramo, la aspirante a ser la primera mandataria de México ofreció regresar las obras de infraestructura a la iniciativa privada y a los militares (ahora a cargo) a sus funciones originales en los cuarteles. Ahí se comprometió a poner fin a los “moches” en el otorgamiento de contratos públicos.

Jorge Álvarez Máynez, candidato de Movimiento Ciudadano, también se refirió al tema en el evento de aniversario de la CMIC. Expuso que se abocará en modificar “la histórica cultura” en la que política y construcción han sido cómplices de corrupción. Ofreció enfocarse en la vivienda social y la sustentabilidad sin prácticas anómalas.

Mientras, al ganador de las elecciones del próximo 2 de junio le espera la obligación de ponerle frente a deudas históricas que se acumularon en el archivo de la SFP. La gama de sectores de proveedores que en los últimos veinte años incurrieron en violaciones a las leyes de las compras públicas es tan variada que incluye al de la construcción, los alimentos, el médico, la seguridad o la limpieza.

Empresas inhabilitadas: ¿Cuáles y por qué fueron inhabilitadas con el plazo más extenso?

De un total de 2 mil 248 empresas sancionadas con multas por la Secretaría de la Función Pública (SFP) por actos de corrupción, el 77 por ciento recibió la inhabilitación para trabajar con las entidades públicas. Para algunas, el periodo de esta sanción ya venció, pero sigue vigente porque la multa continúa sin pagarse, según está asentado en el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados de la dependencia.

Siete años es el plazo más largo de inhabilitación que en las últimas dos décadas han recibido las empresas amonestadas por incurrir en actos de corrupción. Los otros son periodos que van de un mes hasta cinco años.

Esos siete años recayeron en siete empresas que fallaron en sus contratos con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en 2022. De acuerdo con un comunicado de la SFP las conductas de esas entidades provocaron afectaciones a la libre participación, transparencia, igualdad y mejores condiciones para el Estado, en particular, para las personas derechohabientes del Instituto.

En 2022, fueron nueve empresas las sancionadas, pero dos interpusieron medios de defensa y ya no están incluidas en la lista de proveedores inhabilitados. Permanecen con esa medida DAI Servicios S.A de C.V, Impromed S.A de C.V, Int-Per S.A de C.V, Proyectos en procesos de Recursos Humanos S.A de C.V, Selecciones Médicas S.A de C.V, Servad Promo Asistencial S.A de C.V y Servicios de Mínima Invasión S.A de C.V.

La suma de las multas impuestas a esas empresas es de 701 millones 701 mil pesos que hasta ahora, no ha sido cobrada. La cantidad es casi la cuarta parte del total que el Gobierno federal aún no ha logrado obtener en multas entre 2001 y 2023, de acuerdo con los datos de la SFP.

El segundo plazo más largo de inhabilitación –entre cinco y seis años– lo tienen 25 empresas cuyas multas suman 46 millones 517 mil 569 pesos. En este grupo hay, incluso, tres personas físicas. Con esa amonestación vigente se encuentran Obras y Proyectos de Infraestructura S.A de C.V y Horus Grupo Empresarial S.A de C.V.

El tercer plazo es de cuatro años y meses. Según el directorio de la SFP, 19 empresas que recibieron ese plazo de inhabilitación han dejado de pagar en conjunto 21 millones 881 mil 657 pesos.

El otro pendiente de la Guardería ABC

En el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados de la Secretaría de la Función Pública (SFP), la multa impuesta a la Guardería ABC S.C se añeja como recuerdo de una tragedia cuya investigación no encontró responsables en puestos de dirección.

En 2009, la dependencia le impuso a esa razón social una multa de 1 millón 644 mil pesos, unos 3 millones 117 mil 824 pesos de ahora, que no ha sido saldada ni asumida por ninguna persona, de acuerdo con fuentes en la SFP.

El 5 de junio de ese año, un incendio mató a 49 niños y le causó heridas a 79, en Hermosillo, Sonora. Así, se generó uno de los traumas sociales que hasta la fecha perviven en México.

El sistema de ventilación falló en la bodega en la que se albergaba la guardería. El fuego se propagó justo en el área donde los niños dormían. El edificio no contaba con salidas de emergencia ni extintores ni detectores de humo. En menos de dos horas la tragedia se consolidó.

14 años después, de la guardería, como empresa, no queda nada. El sitio donde estaba, cada 5 de junio, se convierte en memorial. Pero nadie aparece para afrontar los pendientes.

Según el acta constitutiva localizada por los padres de las víctimas en el Registro de la Propiedad y Comercio de Hermosillo, Sonora, los socios fundadores fueron Marcia Matilde Gómez del Campo, Gildardo Francisco Urquídes Serrano y Sandra Lucía Téllez Nieves. Pero en más de una década ninguno ha aparecido ante la SFP para atender la multa.

De las multas impuestas por la SFP en 2009, la de la Guardería ABC no es la única que se quedó rezagada. Otras 124 empresas también incurrieron en actos anómalos que generaron sanciones por parte del Gobierno federal. El monto sin cobrar mayor correspondiente a ese año es justo el de la Guardería ABC, después está el de Fumuji Industries S.A de C.V y en tercer sitio, el impuesto a D&D Biomateriales Ortopedics S.A de D.V

De aquel año aún no se cobran 36 millones 696 mil 923 pesos, unos 52 millones 835 mil 650 pesos de ahora.