Diputados del Congreso local empiezan la discusión sobre la sanción contra el gobernador Jaime Rodríguez Calderón o el entonces mandatario interino, Manuel González, actual secretario de Gobierno, por utilizar funcionarios en la recolección de firmas para la candidatura presidencial misma que podría llegar a la destitución.
Existe una amplia posibilidad de que la sanción pueda acabar en una multa de 40 millones de pesos. Esta cantidad estima por el daño a la Hacienda Pública del Estado el senador de Movimiento Ciudadano (MC), Samuel García, quien promueve el castigo.
El presidente de la Comisión Anticorrupción, Aturo Bonifacio de la Garza, se comprometió a resolver la sanción antes del mes diciembre
“Se transcribe en los 120 días de sueldo de los 572 servidores públicos del Gobierno Estatal, además del propio gobernador Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, arrojando un quebrando de aproximadamente 40 millones de pesos, en perjuicio de los ciudadanos”, cita la petición de sanción del senador emecista.
Y aunque el legislador solicita la destitución del gobernador Jaime Rodríguez Calderón por el uso de recursos públicos, humanos y monetarios del Estado en beneficio propio para fines políticoelectorales, la sentencia del Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) también incluye al secretario de Gobierno, Manuel González.
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“Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, en su carácter de gobernador de Nuevo León del 16 de octubre al 31 de diciembre de 2017 y Manuel Florentino González Flores, interino, son responsables por no tomar las medidas óptimas, eficaces y adecuadas para evitar el despliegue del uso del servicio público para captar apoyos a favor del candidato independiente a la Presidencia de la República; por tanto, se comunica esta sentencia al Congreso del Estado de Nuevo León”, dice el Poder Judicial de la Federación.
El propio gobernador se deslindó el pasado 2 de agosto, cuando dijo que había pedido licencia para competir en la elección presidencial, por lo que la falta no le corresponde.
“Yo no era gobernador, es un tema de ley que yo no estaba en un cargo público, yo pedí licencia a partir del tiempo que me dieron para participar, mis abogados están trabajando sobre eso”, dijo.
Pero dejar sin mandatario a Nuevo León podría desestabilizar al gobierno, que no encuentra el camino para resolver los problemas de inseguridad, contaminación, infraestructura y movilidad.
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Además podría generar un conflicto político en el momento de que el Congreso nombre a un gobernador interino y cuáles serían las ternas para ocupar este cargo hasta la próxima sucesión, en 2021.
“Castigo ejemplar”
El presidente de la Comisión Anticorrupción, Arturo Bonifacio de la Garza, asegura que están en estudio de un “castigo ejemplar” para el 1 de septiembre, cuando se reanude el periodo de sesiones, y que esto ya está consensuado con todos los coordinadores de las ocho bancadas del Congreso local.
“No va a ser ningún regaño, ni un pellizco, va ser una sanción ejemplar, no se le van a dar largas al asunto, se tiene que atender en la primera Comisión cuando se reanude el periodo de sesiones. Hay que tomar en cuenta las observaciones de la petición del senador Samuel García, pero también de todos los grupos legislativos, hay que ver los alcances, me comprometo a dar resultados antes de diciembre”, señala el diputado de Morena.
De la Garza asegura que la sanción podría concluirse en la Comisión de Coordinación de Régimen Interno (Cocri) el próximo 12 de agosto, donde cabe la posibilidad de que le quiten el tema a la Comisión Anticorrupción.
Agrega que los diputados del Congreso local tienen claro que se tiene que obedecer la orden del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues entregarán las observaciones de la sanción con los integrantes de la Comisión Anticorrupción.
El Congreso no es tapadera de nadie, y menos la Comisión, las sanciones que el Poder Judicial tiene se están analizando. Se tienen reuniones diarias, porque vamos por un castigo ejemplar, hay muchas posibilidades en la destitución del gobernador
No piden juicio político, piden destitución
El senador de Movimiento Ciudadano, Samuel García, se enfocó más en la destitución del gobernador Jaime Rodríguez Calderón por el desvió de recursos en la recolección de firmas para su candidatura presidencial, mas no solicita un juicio político.
En la petición el senador refiere que las sanciones aplicables deberían ser apercibimiento, amonestación, multa, destitución o inhabilitación.
La Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, refiere qué servidores públicos serán sujetos a juicio político, según el Artículo 110 de la Constitución Política del Estado.
El gobernador de la entidad está contemplado y esto podría realizarse a través del Congreso.
