Mujeres víctimas quedarán en manos inexpertas

La Secretaría de las Mujeres anunció que se hará cargo de los refugios y centros de atención de violencia contra las mujeres, sin transparentar los mecanismos que usará para garantizar la confidencialidad, imparcialidad y continuidad de los servicios para las sobrevivientes.

Por 29 años, la organización de la sociedad civil Alternativas Pacíficas (ALPAZ) fue la encargada de atender y canalizar los casos ante la ausencia del estado en materia de seguridad y atención de víctimas con perspectiva de género.

Alrededor de 150 trabajadoras capacitadas para brindar atención y protección a otras mujeres que han sufrido violencia fueron liquidadas, pese a que la Secretaría de las Mujeres al ser un organismo de nueva creación, no cuenta con la experiencia ni el personal suficiente para atender de manera oportuna a las usuarias de los refugios y Puertas Violeta, que son las Unidades de Atención Multiagencial para Mujeres.

La labor de Alternativas Pacíficas

Alternativas Pacíficas surgió en 1996 en Monterrey, Nuevo León. Se trata de la primera OSC en garantizar refugios para proteger a mujeres violentadas junto a sus hijas e hijos.

La asociación operaba siete Puertas Violeta ubicadas en Guadalupe, Apodaca, Escobedo, San Pedro, Santa Catarina, San Nicolás y Monterrey.

Asimismo, contaba con dos refugios o casas de emergencia confidenciales para resguardar a mujeres que llegaban con una situación de riesgo elevado a cualquiera de las Puertas Violeta.

Desde su creación y hasta noviembre de 2023, ingresaron a los refugios más de 2 mil familias, en su mayoría madres con tres o cuatro hijos.

Sin embargo, el pasado 3 de enero; Graciela Buchanan, secretaria de las Mujeres y Valeria Macías, directora de la organización Alternativas Pacíficas, comunicaron a través de un video que los refugios y espacios de atención de la organización ahora serán responsabilidad del estado.

En el material audiovisual no se explica cómo será “el cambio de operación”, lo que ha generado preocupación entre la población de Nuevo León y las extrabajadoras de Alternativas Pacíficas.

¿Qué pasará con el resto de los espacios de atención de la organización?, ¿Con el personal que brindaba los servicios?, ¿Con las mujeres que acudían por atención desde hace meses, incluso años, y que habían iniciado un proceso psicológico y/o legal?.

Estas son solo algunas de las dudas planteadas en un pronunciamiento firmado por más de 100 extrabajadoras de Alternativas Pacíficas, activistas, colectivas, personas defensoras de derechos humanos, organizaciones y población en general de Nuevo León.

Los retos que enfrenta la Secretaría de las Mujeres

Las colectivas y organizaciones de la sociedad civil han suplido históricamente la responsabilidad del Estado de garantizar los servicios de atención y protección a las víctimas de violencia de género.

Extrabajadoras de Alternativas Pacíficas, que solicitaron reservar sus datos personales para evitar represalias en los procesos referentes a su estatus laboral, explicaron que las Puertas Violeta funcionan como una unidad para mujeres que requieren espacios de atención y protección integrales, especializados y con perspectiva de género.

Mientras que los refugios, además de protección, ofrecen servicios como apoyo psicológico, gestoría de servicios médicos, asesoría legal, inserción laboral y hasta recursos educativos y académicos.

“Se recibían muchas mujeres que habían sufrido violencia psicológica, física, sexual, económica o patrimonial. Incluso había mujeres que habían sido víctimas de una tentativa de feminicidio o que habían recibido amenazas de muerte y cuando una mujer decide ingresar a un refugio es justo por eso, porque está en una situación de riesgo inminente o en una situación en la que la violencia ya escaló demasiado” señala una de las integrantes de ALPAZ .

Falta de espacios seguros de denuncia

ALPAZ era la única organización que brindaba de forma integral atención psicológica, acompañamiento, gestoría social y representación jurídica a las mujeres, para enfrentar para procesos penales, civiles y familiares.

Esto significa que las mujeres de Nuevo León podían encontrar en un mismo espacio todos esos servicios y además ser protegidas en caso de que no tuvieran un lugar a donde ir.

Ahora que estos servicios serán operados por el estado, debido a las funciones de la Secretaría de las Mujeres no podrá brindarse una representación legal a las víctimas ya que esto corresponde a otras instancias como la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas.

Exintegrantes de ALPAZ refieren que para que una mujer reciba el acompañamiento en un proceso tendría que acudir a la Secretaría de las Mujeres, posiblemente, a recibir terapia psicológica y trasladarse a la Comisión de Víctimas por una asesoría y una representación jurídica.

Esto implica que las mujeres tendrán que desplazarse, gastar recursos personales e invertir tiempo adicional para ser acompañadas en un proceso complejo y desgastante.

Poco personal capacitado

Ofrecer espacios seguros que rompan los ciclos de violencia sin que las mujeres enfrenten prácticas revictimizantes en el proceso, será uno de los grandes retos que enfrentará la Secretaría de las Mujeres.

De acuerdo con el INEGI, en Nuevo León al menos 68.1 por ciento de las mujeres de 15 años o más han experimentado algún tipo de violencia: psicológica, física, sexual, económica o patrimonial a lo largo de su vida.

Andrea (nombre ficticio), extrabajadora de ALPAZ, detalló que el trato y el seguimiento que se daba a las familias y las mujeres era tan cuidadoso que la ubicación de los refugios era completamente confidencial por el riesgo que implicaba para las víctimas y el personal.

ALPAZ detectó casos de filtración de información por parte del Estado que involucraron agresores con poder político, económico o que estaban dentro de las corporaciones policiales.