La entidad neoleonesa vive entre feminicidios y con una Ley Antiaborto aprobada en la sesión solemne por el Día Internacional de la Mujer. Hay una deuda histórica en materia de justicia con el género femenino y una necesidad de quitarse la venda de los ojos para mirar los riesgos de ponderar el derecho a la vida antes del poder de decisión.
En el marco legal que rige a la entidad, existen varios impedimentos jurídicos para que las mujeres ejerzan libremente las facultades que por ley les corresponden sin ser criminalizadas por la violencia que se vive en la entidad, aseguran en entrevista con Reporte Índigo, representantes de organizaciones civiles.
María Elena Chapa, presidenta de la Comisión de Inteligencia Electoral en Pro de la Defensa de los Derechos Político-Electorales de las Mujeres en Nuevo León, califica la reforma al artículo 1 de la Constitución local como violenta y regresiva.
“Qué manera de conmemorar el Día Internacional de la Mujer, tan agresiva, violenta, metiendo a la cárcel y criminalizando a las mujeres, faltándoles al respeto y violentando sus derechos humanos”
La presienta de Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC), Consuelo Morales Elizondo, asegura que la reforma constitucional aprobada por el órgano legislativo no protege la vida de la mujer, sino que la criminaliza.
“Me parece que hay un derecho a la igualdad que no se respetó. Para que haya un embarazo se requiere de un hombre ¿Por qué quieren meter a la cárcel a la mujer y al hombre no? Creo que no se está protegiendo a la mujer y estoy segura de que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos va meter un recurso”, dijo en entrevista la fundadora de esta institución.
De hecho, desde el martes 5 de marzo, cuando apenas se había votado a favor el dictamen en la Comisión de Puntos Constitucionales, la CEDH emitió un pronunciamiento para advertir sobre la limitación del ibre desarrollo de la personalidad, el principio de autonomía de las personas, los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y hasta la voluntad anticipada.
“Aunque la mujer decida no quedarse con el producto, no puede meterse a la cárcel y más con las cárceles que tenemos en a Nuevo León. Lamento mucho que los diputados no estén respetándolas”, expresa Morales.
Cuando el aborto es legal
La reforma aprobada por el Congreso local el miércoles 6 de marzo no obstaculiza el acceso al aborto legal bajo las excepciones que contempla el Código Penal de Nuevo León: el peligro de muerte de la madre, un daño grave a su salud y la violación.
En la denominada Ley Antiaborto, el Estado de Nuevo León reconoce, protege y tutela el derecho a la vida que todo ser humano tienen desde el momento de la concepción. De manera que en Nuevo León y 18 estados más, el no nato es reconocido como persona, sin importar las semanas de formación.
Esto, además, puede ser un freno para aprobar una legislación similar a la que existe en la Ciudad de México, la única de las 32 entidades federativas que permite la interrupción legal del embarazo por cualquier causal antes de las 12 semanas de gestación.
El artículo 328, dentro capítulo 10 de este código, contempla de seis meses a un año de prisión por el aborto voluntario. Por ello, las mujeres luchan por su derecho a decidir sobre su propio cuerpo.
Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) con corte a enero de 2019 revelan que en 2015 hubo 58 mujeres que abortaron; en 2016 la cifra disminuyó a 47; en 2017, hubo 28 casos; hace un año, los abortos sumaron 38 y en el primer mes de este 2019 ya hay tres casos.
Monterrey, la capital de Nuevo León, es la entidad donde más mujeres han abortado, pues en cuatro años y un mes registra 31 casos. Le sigue el municipio de Juárez con 29; después se ubica Escobedo con 22, Apodaca con 21 y Guadalupe con 13.
A raíz de la polémica que suscitó la aprobación, en redes sociales diversas mujeres han ofrecido su ayuda para abortar en Nuevo León. Sin embargo, el Código Penal podría castigar con uno o tres años de cárcel si es una petición con consentimiento de la madre o con tres o seis años si no lo es. Incluso, si lo practica un médico pudiera ser suspendido de dos a cinco años de su profesión.
La denominada Ley Antiaborto podría atentar contra la muerte asistida por proteger la vida y ser un freno para la interrupción legal del embarazo
Para la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, penalizar el aborto es criminalizar a la mujer. Durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador el 7 de marzo, argumentó que con un Código Penal Único se podría legalizar la interrupción del embarazo hasta las 12 semanas en todo el país.
Feminicidio, crimen y castigo
Nuevo León es un estado en emergencia. En 2015 era una entidad blindada, pues sólo registró un feminicidio. Para 2016 la cifra aumentó a tres. Pero en 2017 se disparó a 43 y en 2018 terminó en 79 casos.
La entidad regiomontana se encuentra en tercer lugar en este crimen, según reporta el SESNSP, sólo después del Estado de México y Veracruz.
Por ello, desde el 18 de noviembre de 2016 se dictó la declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) en varios municipios.
Monterrey, la capital, ocupa el primer lugar en este delito de odio con 26 casos en cuatro años y un mes. Le sigue Guadalupe con 16. En tercer lugar está el municipio de Juárez, con 13 feminicidios. Santa Catarina y García tienen 11 y 10, respectivamente.
En 2017, el Congreso de Nuevo León aprobó tipificar el feminicidio como delito autónomo incrementando las penas para quienes lo cometan.
La modificación del artículo 331 párrafo bis 2 y 3 del Código Penal implica sanciones de 40 a 60 años de prisión a quienes sean declarados culpables.
Además, la autoridad puede procesar a los homicidas por el delito de feminicidio cuando existan antecedentes de violencia contra las mujeres.
El órgano legislativo ahora busca armonizar la Constitución local con la Carta Magna, que incluye el feminicidio en el catálogo de delitos graves, para que implique prisión preventiva oficiosa dictada por un juez y no por el Ministerio Público.
