Lourdes Martínez Herrera es una adulta mayor de 67 años, tiene diabetes, hipertensión, problemas de ansiedad y, durante la pandemia de COVID-19, tuvo que comprar sus medicamentos en farmacias privadas y atenderse con médicos particulares pese a tener seguro social.
Su caso es un claro ejemplo de que las autoridades de la Ciudad de México deben mejorar sus políticas públicas para evitar que los derechos de las mujeres sean violentados durante situaciones de emergencia como la crisis sanitaria, asegura la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) en su Informe Anual de Actividades 2021, dado a conocer en junio de 2022.
La emergencia sanitaria de COVID-19 fue declarada oficialmente por la Secretaría de Salud del Gobierno de México el 23 de marzo de 2020. Actualmente, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la pandemia se encuentra en la última fase, la endémica.
Sin embargo, durante dos años, Lourdes no fue al hospital a tratar sus padecimientos ni a consultas de control.
“Tenía miedo de ir en caso de que se me subiera mucho el azúcar o la presión porque pensaba que me iba a contagiar de COVID-19”, afirma para Reporte Índigo.
A pesar de que instituciones médicas como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) dispuso de medios electrónicos para surtir medicamento, tampoco lo hizo.
“No sabía cómo surtir mis recetas y no quería molestar a mis hijos que ya estaban muy ocupados con sus problemas, preferí ir comprar mis medicinas aunque fuera un gasto importante porque yo solo recibo una pensión de 7 mil pesos al mes”, indica.
Apenas en enero de 2022 retomó sus citas con el médico del seguro, lo que le da tranquilidad.
“Ya puedo venir más tranquila y estoy más aliviada con que me vea un doctor cada mes que vengo por mi medicamento”, detalla.
A pesar de los avances en los #derechos de las mujeres, en lugares como #Latinoamérica, ellas aún deben enfrentarse a situaciones como el acoso o trata de personas, sin que las autoridades pongan de su partehttps://t.co/S1fBmD2VmY
— Reporte Índigo (@Reporte_Indigo) May 18, 2022
El derecho más perjudicado en la pandemia
De acuerdo con el Informe Anual de Actividades 2021 de la CDHCM, durante el año pasado, atendió a mil 121 personas por situaciones relacionadas con la pandemia, de las cuales 581 son mujeres y 540 hombres.
Lo anterior, detalla la comisión, dejó en evidencia que las mujeres padecieron más agravios a sus derechos que los hombres durante la contingencia sanitaria.
“De las quejas relacionadas con el COVID-19 que recibió esta comisión en 2021, en las que hubo agravio a mujeres y niñas, en por lo menos 49 narraciones se relatan diversos obstáculos enfrentados en el ejercicio del derecho a la salud, sea en algunos aspectos de los elementos esenciales que conformen este derecho, a saber la disponibilidad, la accesibilidad física, económica, a la información y no discriminación, la aceptabilidad y la calidad de los establecimientos, bienes y servicios de salud”, menciona el informe.
La comisión señala que 43 testimonios de denunciantes son referentes a que la atención médica especializada se les negó o fue obstaculizada, mientras que otras seis quejas fueron por la falta de derecho a la salud maternal y prenatal.
“Estos datos y narraciones de hechos muestran los retos que el Gobierno de la Ciudad de México enfrenta para cumplir con lo establecido en la Constitución Política local, donde se reconoce que todas las personas tienen derecho a acceder a un sistema de salud público que disminuya los riesgos a la salud, la morbilidad y mortalidad”, indica.
Otras víctimas
Además, la comisión acusa que las trabajadoras de la salud también fueron víctimas de violaciones a sus derechos durante la pandemia.
De acuerdo con el documento citado, en México la mayoría de los trabajadores de la salud son mujeres.
“En el primer trimestre de 2020, en el país, aproximadamente 2.7 millones de personas trabajaba en el sector salud, de las cuales 1.7 millones eran mujeres, es decir, ellas representaban 63 por ciento de la población total ocupada en dicho sector”, señala.
La comisión documentó que al menos 4 de cada 10 especialistas de la salud padecieron discriminación, acoso verbal, violencia física y estrés laboral durante la pandemia de COVID-19.
“En México se observaron actos de discriminación y violencia hacia el personal de salud; entre los más recurrentes estuvieron el impedir que usaran medios de transporte público, agredirles física y verbalmente, bloquear los accesos a sus centros de trabajo y ocasionar daño a propiedad privada, entre otros”, afirma el documento.
Las recomendaciones
Ante esto, la comisión realizó una serie de recomendaciones entre las que destaca generar diagnósticos al interior de las dependencias para identificar las problemáticas enfrentadas a partir de la contingencia sanitaria e implementar estrategias para su atención con perspectiva interseccional.
También, señaló que se debe asegurar la participación de las mujeres en la toma de decisiones relativas a las medidas de respuesta y recuperación, en todos los niveles y sectores. Así como evaluar los trámites y servicios que fueron suspendidos o convertidos en modalidad en línea para verificar su eficacia, eficiencia, utilidad y pertinencia.
Mientras que en temas de atención médica, urgió a dar seguimiento al adecuado funcionamiento de los servicios de salud materno-infantil, sexual y reproductiva, incluyendo la continuidad y el abastecimiento de métodos anticonceptivos, tomando en cuenta la experiencia vivida en la pandemia. Así como considerar esencial los servicios de salud mental ante la crisis sanitaria.
