Mujeres en riesgo

Las cifras de la violencia contra las mujeres en México son alarmantes desde hace varios años. Esta problemática, más allá de contenerse va en aumento.

Actividades cotidianas como subir al transporte público, caminar por la calle o salir a recrearse, significa un riesgo constante para ellas.

De enero del 2015 a septiembre de 2018 se han cometido 2 mil 314 feminicidios, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Este delito ha ido a la alza año con año, pues en 2015 hubo 407, en 2016 fueron 585, en 2017 se enlistaron 715 casos y hasta septiembre de este año ya iban 607 víctimas, indican los registros oficiales.

El número de mujeres desaparecidas también es alarmante. Tan sólo en el 2017 hubo mil 757 casos en esta situación según el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED) a cargo de la Secretaría de Gobernación.

En este contexto donde la violencia hacia las mujeres se ha recrudecido, la disminución de recursos anunciado en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2019 a programas que atienden la violencia contra este grupo poblacional es un retroceso, acusan activistas y organizaciones feministas, quienes se oponen rotundamente al recorte.

En el caso del PAIMEF, es operado por el Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol) para promover la formulación e implementación de políticas públicas a nivel estatal en la prevención y atención de la violencia contra las mujeres; entre sus acciones está brindarles orientación, asesoría y atención especializada de manera gratuita a quienes se encuentran en esta situación, se lee en la página de internet del Gobierno federal.

“En los estados significaría dejar de contratar profesionales para la atención a mujeres en situación de violencia y que soportan los centros de atención externa, módulos fijos e itinerantes de atención, personal comisionado a Centros de Justicia, a refugios estatales”, explican 58 organizaciones y 150 activistas en un pronunciamiento dirigido al presidente Andrés Manuel López Obrador; al secretario de Hacienda, Carlos Urzúa; al Congreso de la Unión; y al Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres).

El proyecto presupuestal para el 2019 también disminuye hasta casi en un 50 por ciento otros programas como el Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género, que pasó de tener 407 millones 460 mil 738 pesos a solo 210 millones 664 mil 772; y hasta en un 22 por ciento al Fortalecimiento de la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres pasó de 407 millones a 362 millones para el próximo año.

De acuerdo con las organizaciones civiles, el programa de Apoyo a la Transversalidad en muchos municipios del país es el único recurso que tienen las instancias municipales de mujeres para poder accionar y en cientos de casos la única manera en la que se puede contratar a personal para atender la violencia en los Centros de Desarrollo para la Mujer.

“Los municipios y estados deben aportar a esta problemática por supuesto, pero esto no implica la reducción de presupuesto etiquetado de género a nivel federal”, acusan.

Las organizaciones de la sociedad civil expresan que el recorte a estos programas sociales no ayuda al avance de las mujeres, ni disminuye la brecha de desigualdad o la atención o prevención de la violencia de género.

Presionan desde el Congreso

El 2018 pasó a la historia como el año en el que finalmente existió paridad de género en el Congreso de la Unión. Tanto en el Senado de la República como en la Cámara de Diputados se logró casi el mismo número de legisladores que de legisladoras.

Sin embargo, este logro se ha visto opacado dos veces en tiempos de la Cuarta Transformación. Uno fue cuando el gobierno de Andrés Manuel López Obrador presentó su logo de gobierno con los principales reformadores del país, pero no incluyó a ninguna mujer entre ellos, lo que causó protestas en redes sociales.

El otro ocurrió tras conocerse el recorte a programas que ayudan a combatir la violencia contra las mujeres, situación que llevó a organizaciones civiles y activistas por los derechos de las mujeres a pronunciarse en contra de la disminución de recursos.

Sin embargo también lo hicieron las legisladoras desde el mismo Congreso. Ayer, la diputada Wendy Briceño, presidenta de la Comisión de Género, realizó una conferencia de prensa acompañada de otras de sus compañeras de distintas bancadas, así como de organizaciones civiles, para dar su postura al respecto.

“Queremos manifestar ante ustedes esta mañana nuestro compromiso como legisladoras y nuestro compromiso como Legislatura de la paridad para no retroceder en el presupuesto con perspectiva de género”, dijo.

Briceño se refirió al anexo 13 que se refiere a las erogaciones para la igualdad entre hombres y mujeres y, aunque reconoció los esfuerzos de la actual administración federal respecto al tema de la austeridad, dijo que el presupuesto no es el definitivo y se analizan los impactos.

“Sabemos y reiteramos que estamos en un estado de emergencia nacional respecto a los feminicidios en México y no se puede regatear ni un sólo centavo en ese sentido”, expresó la legisladora.

Por otra parte, la diputada Martha Tagle, de Movimiento Ciudadano, dijo que no se deben de permitir disminuciones al fondo de transversalidad, a la Conavim, ni al proyecto de coinversión social, y que es inadmisible la desaparición del PAIMEF.

“A 10 años, estoy consciente que el anexo tiene deficiencias, que se han incorporado programas sin tener claridad de la perspectiva de género, que no hemos logrado disminuir violencia de género y aún hay muchas brechas de desigualdad. Pero todo eso podemos atenderlo si juntas, sin anteponer partidos, lo exigimos y establecemos una mesa de trabajo para que todo el año vayamos viendo su operación”, señaló Tagle.