Las políticas de movilidad en la Ciudad de México ignoran la situación de violencia de género que padecen las mujeres todos los días en el transporte público, afirman especialistas.
Amanda Castro vive en la alcaldía Iztapalapa y trabaja desde hace 10 años en una empresa en la colonia Narvarte. Diario entra a las 9 de la mañana y en ese lapso ha tomado diversos modos de transporte público. Sin embargo, no hay ninguno en el que se sienta segura.
En una ocasión, en 2017, sufrió un intento de secuestro cuando abordó un taxi.
“Apenas lo abordé y unos metros adelante le dije que no quería continuar el viaje y no me dejó bajar (llevaba seguro de niños), más adelante había una patrulla e hice señas al policía. Le dije lo que estaba pasando y el taxista le dijo que no era cierto y que le pagara, para irme le di el cambio que traía en la bolsa (tenía miedo porque era noche y no quería que me hiciera nada). Me fui caminando y más adelante me di cuenta que ya me estaba buscando a bordo de su taxi”, cuenta.
Después corrió hacia una avenida y una persona en un automóvil la ayudó y pudo llegar a su casa. “Esa noche y al otro día moría de miedo, porque le di mi dirección cuando abordé el taxi, pensaba que si salía me iba a hacer algo. No hice nada, solo publiqué su tarjetón en redes sociales”, relata.
Lo anterior provocó que decidiera a aprender a manejar para poder ocupar el coche familiar para ir a su trabajo.
Lo que le sucedió a Amanda es una situación recurrente que sufren las mujeres usuarias del transporte: de acuerdo con el artículo “Pandemia, movilidad y mujeres”, publicado en marzo de 2021 por el Instituto de Políticas para el Transporte y Desarrollo (ITDP por sus siglas en inglés), con la pandemia de COVID-19, la violencia de género y el acoso empeoró en el Metro, Metrobús y el transporte concesionado.
“Durante la emergencia sanitaria por COVID-19, las mujeres trabajadoras han señalado el aumento del nivel de acoso sexual en el transporte público como el motivo principal para elegir caminar o desplazarse en bicicleta hasta su trabajo. Antes de la emergencia sanitaria por COVID-19, la percepción de seguridad de las mujeres en el transporte público era más baja que la de los hombres (…) El transporte público en muchas ciudades del mundo ha presentado una disminución de personas usuarias entre el 80 por ciento y 90 por ciento”, indica la publicación citada.
En total, son 7.9 millones de mujeres que a diario realizan viajes en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) y que están expuestas a situaciones como la que vivió Amanda, revela la Encuesta Origen Destino (EOD) 2018 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Falta de integración en políticas del transporte público
La inseguridad que viven las mujeres en el transporte público se debe a que la infraestructura de movilidad se ha diseñado y edificado sin contemplar sus necesidades ni su opinión, afirma Víctor Alvarado, especialista en movilidad del Poder del Consumidor.
“Esta problemática no se debe atribuir solo a una dependencia de gobierno y su política pública en la materia, también se debe tener presente la composición cultural de la sociedad y a que el rol de las mujeres en el transporte público y la movilidad no se ha abordado ampliamente todavía”, detalla.
También refiere que en la toma de decisiones no se ha visto reflejada la paridad de género que se ha buscado impulsar dentro de las dependencias que están encargadas de diseñar las políticas de movilidad.
“Aún no impacta de manera trascendental la presencia de las mujeres dentro de las dependencias públicas que tienen relación con la movilidad”, dice.
Evaluación necesaria
En 2019 fue dado a conocer el Plan Estratégico de Género y Movilidad 2019 por la Secretaría de Movilidad (Semovi) de la Ciudad de México con el fin de ser una directriz en el diseño transversal de políticas a favor de las mujeres en la materia.
Según el documento, el plan consta de 3 ejes estratégicos a atender: el primero, las violencias sexuales y agresiones hacia las mujeres en el Sistema Integrado de Transporte; segundo, el fortalecimiento de la paridad de género y la cultura institucional en el sector transporte; y el tercero, atender las necesidades y patrones de viaje de las mujeres de forma efectiva.
Para cada uno de los ejes, el Plan Estratégico de Género y Movilidad 2019 plantea 3 líneas de acción: primera, información, monitoreo y evaluación; segunda, normatividad y gestión pública; por último, la vinculación estratégica y espacios colaborativos multisectoriales.
Sin embargo, dice Alvarado, el plan necesita una evaluación de lo logrado en el corto y mediano plazo para tener certeza de qué tanto ha atendido la crisis de violencia de género que hay en la capital.
“Es tiempo de realizar una evaluación interna y cruzarla con el impacto externo que ha tenido en la sociedad, para ver qué se necesita ajustar o mejorar para que tenga una mayor incidencia en el mediano y largo plazo”, afirma.