Mujeres con discapacidad son blanco de abusos en NL
Las mujeres que viven con discapacidad son objeto de una serie de abusos y discriminación que van desde trato cruel, hasta esterilizaciones forzadas, los cuales ocurren en los núcleos familiares y en instituciones públicas gubernamentales como hospitales
Daniel AnguianoEn Nuevo León, la mitad de las mujeres con discapacidad ha padecido algún tipo de violencia.
La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares señala que en la entidad hay una prevalencia de violencia contra las mujeres con discapacidad del 68 por ciento.
Y aunque el resultado del documento publicado por el Inegi no revela el tipo de violencia que han padecido, en general las agresiones sexuales se encuentran entre este tipo de ataques.
Incluso, de acuerdo con colectivos de apoyo a personas con discapacidad, en algunos centros de atención médica, como hospitales o centros rehabilitación, a los familiares de estas mujeres les es sugerida la esterilización.
Esto, bajo el argumento de que si son víctimas de un ataque sexual “al menos no quedarán embarazadas”.
Vamos cuesta abajo. Se está construyendo un país que le está dando vía libre a la violencia sexual. Miren el aumento de abusos sexuales contra personas menores de edad y con discapacidad a partir del 2021. Y estos son abusos cometidos por otros menores de edad!! pic.twitter.com/QGIRrRRWWR
— montserrat sagot (@sagotmontse) December 9, 2024
En Nuevo León, el pasado 28 de noviembre se hizo de dominio público el caso de un enfermero del Hospital Metropolitano de Monterrey que fue detenido tras presuntamente agredir sexualmente a una paciente con cuadriplejia.
“Cuando un abuso sexual ocurre dentro de una institución de salud, se pone de manifiesto no solo un delito grave, sino la falta de medidas preventivas y protocolos efectivos en estos espacios.
“Las autoridades tienen la obligación de investigar estos casos, considerando las responsabilidades individuales del agresor, pero también la responsabilidad de la institución y del Estado si es que esta es del sector público”, explicó una vocera de la organización Mexicanas con Discapacidad.
Señaló que en este tipo de casos, el Estado actúa como garante de la persona ante la situación de vulnerabilidad y está obligado a cuidar que sus derechos sean respetados.
“En la situación de la que estamos hablando, es evidente que hubo una negligencia institucional que habla de que fallaron protocolos, o tal vez no existían. Faltó supervisión y medidas para prevenir abusos.
“Sin embargo, esto no es un caso aislado, sino parte de una problemática sistemática de mayor profundidad y que evidencia una falta de políticas y estrategias para proteger a las niñas y mujeres con discapacidad”, añadió.
Esterilizaciones forzadas
En cuanto a las esterilizaciones forzadas de personas con discapacidad, señaló que este es un tema que han denunciado constantemente, además de que, indicó, no hay suficiente información oficial sobre los casos de violencia sexual, derechos sexuales y reproductivos.
“En el reporte de 2020 Disability Rights International (DRI) ‘Crímenes de Lesa Humanidad: Décadas de Violencia y Abuso en las Instituciones Mexicanas para Niñas, Niños, Adolescentes y Adultos con Discapacidad’, en donde se documentan datos terribles.
“Solo en esta investigación documentan que, en al menos una cuarta parte de las instituciones visitadas, DRI había recibido denuncias de abuso físico y sexual. Se reportan casos de abuso sexual por personal y trabajadores externos, así como esterilizaciones forzadas sin consentimiento para ocultar las huellas de esos abusos”, añadió.
Trato cruel y degradante
La titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León, Susana Méndez, dijo que las esterilizaciones forzadas son una violación a los derechos humanos de las personas con discapacidad y que, hasta el momento, no se tienen registros de denuncias de este tipo en el estado.
“En particular las instituciones, públicas o privadas, deben tener una sanción. Esto está en el Código Penal federal (…) Se trata de una violencia y tratos crueles y degradantes”, dijo.
Detalló que se han hecho recomendaciones para que se prohíba cualquier medida coercitiva impuesta a personas con discapacidad.
“Existen procesos de responsabilidad penal o administrativa cuando se trata de hospitales”, añadió, y que en estos casos cualquier persona puede presentar la denuncia.
Las mujeres y niñas con discapacidad somos más propensas a sufrir violencia doméstica, abuso emocional y abuso sexual que las mujeres sin discapacidad.
Minimizar o ignorar el problema no hará que desaparezca.
Nunca más sin nosotras!#SoyMujerConDiscapacidad#NiUnaMenos pic.twitter.com/7aRPer4aI4
— Jess Aguilar (@1talJess) March 8, 2021
Méndez Arellano dijo que las personas con discapacidad tienen derecho a decidir libremente el número de hijos que deseen tener y a elegir los periodos en los que quieran hacerlo.
Explicó que en el caso de las esterilizaciones forzadas, éstas se consideran violencia de género, violencia obstétrica y una forma de tortura.
“No tenemos registro en la Comisión específicamente de este tema (en el estado). A través de nuestro Comité de seguimiento a la convención de los derechos de las personas con discapacidad, lo que tratamos es de promover sus derechos”, agregó.
Doble vulneración
Patricia Martínez, del colectivo Personas con Discapacidad en Nuevo León, dijo que, de acuerdo con datos del Inegi, en la entidad existen más de 800 mil personas con discapacidad, de las cuales al menos la mitad son mujeres.
“Enfrentamos una doble vulneración, primero por género, porque con discapacidad o sin ella, existe estos casos lamentables de agresión sexual. Primero que nada, reconocer que somos doblemente vulneradas, primero por género y después por tener una condición de discapacidad”, expresó la activista.
Agregó que son pocas los casos en los que se conoce una denuncia y que confía en que la autoridad esté haciendo lo propio para garantizar la seguridad de las mujeres y niñas con discapacidad.
“No pedimos ni más ni menos, sino lo que nos corresponde conforme a derecho (…) Debemos empoderar a la mujer con discapacidad, para que ella pueda, a través de las herramientas pertinentes, hacer su propia denuncia y alzar la voz”, comentó Martínez.
Pese a la lucha desde diversos frentes ciudadanos porque se garanticen los derechos de las personas con discapacidad, los datos oficiales aún son carentes en cuanto al abuso sexual o esterilizaciones forzadas, no sólo en Nuevo León sino en todo el país.
Y han sido los organismos internacionales los que se han dado a la tarea de documentar estos casos.
