Cuando Karina decidió sobre su propio cuerpo la respuesta de las autoridades fue ponerla tras las rejas. Su crimen: decidir abortar a pesar de las preocupaciones económicas y de salud que expresó, incluso cuando se le tomó la declaración.
Karina, cuyo nombre ha sido cambiado por su seguridad, optó por esta vía tras conocer que su embarazo tenía complicaciones y le estaba causando diversos malestares; sangrado y dolores. En las clínicas a las que asistió le dieron sólo algunos medicamentos, pero no mejoró. Cuando fue a un doctor particular, éste le dijo que tenía una malformación en su embarazo.
En tanto, una chica que conoció en el transporte público le aconsejó tomar pastillas para abortar. Luego de pensarlo por semanas y teniendo en consideración los problemas de salud y las complicaciones que traería la malformación detectada, la joven decidió tomarse el medicamento.
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Luego de eso Karina empezó a sentir mucho dolor. Llegó hasta una clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en donde la atendieron y se dieron cuenta de que había abortado debido a los trozos de medicamento que detectaron en la exploración, según dijeron las funcionarias de salud que la atendieron.
En la clínica dieron aviso de su caso y apareció una trabajadora social con agentes del ministerio público. La llevaron ante las autoridades de procuración de justicia y finalmente hasta los juzgados. Ahí fue cuando le hicieron sentir el peso social de su decisión.
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Fue en 2017 cuando su caso llegó hasta los tribunales. En apenas unos meses se le puso a disposición del Juez Noveno de lo Penal en el estado de Jalisco.
Según relató a las autoridades, optó por abortar ante la preocupación de que el producto de su embarazo naciera enfermo o con malformaciones. No era su primer hijo, tiene dos pequeños y uno de ellos sufre una enfermedad que temía también le fuera ocurrir con este embarazo.
A Karina nadie le informó sobre la opción legal de la interrupción por la causal de salud, también contemplada en el Código Penal, por lo que junto con sus complicaciones médicas se fueron acumulando preocupaciones sobre la manutención de sus hijos.
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“Quiero declarar que me vi en la necesidad de abortar ya que tenía dos hijos y me había quedado sin trabajo. La verdad me asusté mucho porque no supe qué hacer con otro hijo más y la verdad estoy arrepentida”, dijo Karina al dar su declaración ante los agentes del ministerio público.
Falta de información para mujeres que deciden abortar
Para la abogada y representante del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM) en Jalisco, Alejandra Cartagena López, este caso llama la atención pues evidencia que aún cuando existen causales no penalizadas como el de la salud o la malformación a la que se puede acceder para interrumpir el embarazo, las autoridades no brindan la suficiente información, evitando así que mujeres inocentes terminen en la cárcel.
Karina fue sentenciada a cuatro meses de prisión; pena mínima contemplada en el artículo 228 del Código Penal del Estado. A pesar de que el ministerio público interpuso una apelación para que también se le impusiera un pago de reparación del daño por 357 mil 706 pesos, al que no dio razón la Primera Sala del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco.
Como ella, entre 2013 y lo que va de 2019, se han sentenciado a 18 mujeres a para que sean llevadas a la cárcel por abortar, según se contempla en los artículos 227 y 228 del Código Penal de Jalisco. Este desglose es de un total de 30 sentencias por esta tipificación, lo que evidencia que la mayoría de las sentencias tienen como inculpada a una mujer.
Esta información fue obtenida por Reporte Indigo vía transparencia, donde destaca también el grueso de los casos fue en mujeres jóvenes, es decir, de las 18 sentenciadas, su edad estaba entre los 19 y los 30 años de edad, la mayoría (13 casos) eran de mujeres que estaban entre los 20 y los 25.
Tal como ocurrió en el caso de Karina, existe un importante número de sentencias en donde se determinó sentenciar con cárcel a las mujeres que abortaron; siendo “la sociedad” el sujeto ofendido por el delito cometido.
La abogada de CLADEM Jalisco explica que en los casos en donde se aplica esta figura legal, son porque la denuncia parte de las instituciones de salud ante el MP, en donde se justifica que “La sociedad está ofendida por el hecho del aborto”.
La penalización del aborto es completamente violatoria de los derechos humanos. Ya lo dijo la Organización de las Naciones Unidas; la interrupción legal del embarazo es un derecho que tenemos todas las mujeres (…). Es muy lamentable que las mujeres sigamos siendo criminalizadas por tomar la decisión de interrumpir los embarazos
Además de las sentencias, el Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco da cuenta de la existencia de cinco carpetas de investigación judicializadas por aborto en el Juzgado de Control y Juicio Oral con sede en Tonalá y otras 10 en distintas sedes de las que no da cuenta.
Distribución de casos
La Fiscalía del estado de Jalisco informó vía transparencia que entre 2013 y lo que va de 2019 se han abierto 159 carpetas de investigación por este tipo penal, donde 32 municipios concentran una gran mayoría de los casos y los cuales son liderados por los que integran la Zona Metropolitana de Guadalajara: Guadalajara (45 casos en investigación), Zapopan (16), Puerto Vallarta (15), Tonalá (8), Tlaquepaque (8), Tlajomulco (11) y Ixtlahuacán de los Membrillos (2).
Patricia Ortega, de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en Jalisco (DDESER), destaca que la labor de algunas organizaciones locales se ha enfocado en primero dar a conocer las causales por las cuáles sí se puede acceder a la interrupción legal del embarazo, y también en “despenalizar socialmente’”, es decir hacer entender a la sociedad el porqué no se puede seguir criminalizando la decisión de las mujeres.
“Creo que esa despenalización social sí se está logrando. La gente está hablando más del tema, la gente está empezando a reconocer (…) En la ley va quedado más claro, con la NOM 046, Ley de Víctimas, Código Penal, ahora con el Programa de Interrupción Legal y la Suprema Corte. Va pavimentándose o facilitándose el camino para que la gente entienda que legalmente hay ruta. Aunque en Jalisco no esté despenalizado el aborto electivo, ya hablar de las causales es más común”, destacó.
