Las relaciones políticas de Minerva Martínez Garza generan incertidumbre frente a la autonomía que le confiere el Artículo 102 de la Constitución
La Comisión Estatal de Derechos Humanos, un organismo con autonomía constitucional frente a partidos y gobiernos, se ha convertido en la guarida para exmiembros del cuerpo técnico que auxilia a los diputados priistas.
La ombudsman Minerva Martínez Garza ha contratado, al menos, a dos exasistentes del Grupo Legislativo del PRI, la fracción a la que pertenece su sobrino político, el legislador Juan Manuel Cavazos Balderas.
Se trata de Ana Cecilia Díaz Villarreal, quien auxilió a la Dirección Jurídica de la bancada tricolor, y de José Armando Moreno García.
Ambos estaban integrados en la nómina del Congreso local hasta agosto del año pasado, pero ahora trabajan en la institución que encabeza la ombudsman del Estado.
Díaz Villarreal se desempeña como defensora de Derechos Humanos “A” y gana al mes 14 mil 716 pesos.
Durante su paso por el Legislativo, la abogada alcanzó a percibir un sueldo mensual de 9 mil 896 pesos.
Mientras que Moreno García labora en la Comisión Estatal como investigador “B”, con una percepción al mes de 19 mil 708 pesos.
Antes de su salida del Congreso de Nuevo León, el funcionario alcanzó a tener un salario de 16 mil 475 pesos mensuales.
Aunque la Comisión Estatal cuenta con autonomía constitucional frente a partidos políticos y gobiernos, estas decisiones ponen en duda la imparcialidad con la que se debe conducir la institución protectora.
Precisamente es en el Poder Legislativo donde está trabada la denuncia de juicio político contra la titular que fue promovida por una exempleada del organismo.
La Comisión de Justicia y Seguridad Pública, presidida por el también priista Francisco Cienfuegos Treviño, no ha declarado la procedencia del recurso interpuesto por la exproyectista Martha Alicia Valdez Valenzuela.
La quejosa es una de las que ha denunciado la tortura y el “bullying” laboral de la presidenta, que asegura sufrió cuando trabajó en la Comisión Estatal.
El acoso de la titular fue discutido el pasado 30 de octubre en una comparecencia a puerta cerrada en el Congreso de Nuevo León, donde la ombudsman respondió a diversos cuestionamientos.
En la reunión, los legisladores tricolores defendieron el comportamiento de la titular, pero la diputada panista Carolina Garza Guerra, fue la única que cuestionó sus actos.
Esto se suma a los lazos familiares de la presidenta del organismo, que ponen en duda su imparcialidad en las decisiones que toma, y las relaciones políticas que tiene en el Legislativo.
La ombudsman está casada con el ganadero Hugo Osvaldo Cavazos Uribe, hermano de Juan Manuel Cavazos Uribe, secretario general del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado, el SUSPE.
Su sobrino es el diputado local del PRI Juan Manuel Cavazos Balderas, hijo del líder sindical y su protector en el Congreso del Estado, el órgano facultado para removerla de su cargo público.
Las relaciones políticas de Martínez Garza generan incertidumbre frente a la autonomía que le confiere el Artículo 102 de la Constitución federal, donde se establece que las comisiones estatales de derechos humanos son independientes.
Derivado de ese ordenamiento, el Artículo 87 de la Constitución de Nuevo León reconoce la ley que regula a la Comisión Estatal.
El Artículo Segundo de esa legislación invoca la naturaleza de la institución, como “un organismo público descentralizado, autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio”.
Además de los exasistentes tricolores contratados por la titular de la Comisión, también está Blanca Daniela Gómez Guerra, quien tiene un sueldo mensual de 20 mil pesos en la Comisión Estatal.
Ella trabajó como diseñadora en la Dirección de Comunicación Social, también del Congreso, cuando era encabezada por Eduardo Javier González Cazares, quien se desempeñó en diferentes áreas durante el sexenio del priista Natividad González Parás.
La funcionaria ahora aparece como la responsable de diseñar la revista El Lado Humano, la publicación institucional que cada tres meses edita el organismo.
Estas revelaciones se suman a las quejas de tortura y acoso laboral de diferentes exempleados contra la presidenta, quienes han acudido a diferentes instancias, como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Congreso local, el Tribunal de Arbitraje del Estado y los juzgados de Distrito.
