Luego de que la Secretaría de Marina aceptara la responsabilidad por la muerte de dos niñas y su madre, ocurrida el 25 de marzo durante un fuego cruzado en una carretera de Nuevo Laredo, Tamaulipas, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos urgió a la Procuraduría General de la República (PGR) a no dejar inconclusas las investigaciones del caso, y sancionar a los responsables.
El día de los hechos, las víctimas se trasladaban, a bordo de su vehículo, en la avenida Luis Donald Colosio, cuando marinos se enfrentaron contra presuntos delincuentes; en la operación participó un helicóptero de las Fuerzas Armadas, desde donde se había disparado a las afectadas.
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En un principio, la Marina dijo que las niñas y la madre, y el padre de familia que resultó herido, recibieron balas durante un fuego cruzado, sin embargo, tiempo después aceptó la responsabilidad: “Esta institución asume la responsabilidad que deriva de los hechos que, de manera circunstancial, resultó involucrado un vehículo civil ajeno”.
“Se debe recordar que los efectivos de Semar podrán usar sus armas de fuego, incluidas las incorporadas en helicópteros, sólo cuando sea estrictamente necesario y en la medida necesaria para repeler la agresión sufrida”, recordó la Organización de las Naciones Unidas en un comunicado.
En el mensaje de la ONU, se recogen las palabras de Jan Jarab, representante en México de ONU-DH, quien aseveró que “todo hecho en el que un agente del Estado ocasiona la muerte o heridas a una persona debe investigarse de oficio de manera completa, exhaustiva e independiente, en un plazo razonable, siendo responsabilidad del Estado aportar toda la información necesaria que permita acreditar fehacientemente que se cumplió con dichos principios. La información hecha pública por Semar que niega que se hubieran realizados disparos desde el aire y luego la que atribuye la causa de las mueres por disparos de efectivos de Semar a la presencia de grupos delincuenciales, irían en contra de estas obligaciones”.
La ONU recrimina que no es la primera vez que el uso excesivo de la fuerza provoca la muerte de civiles ajenos a hechos violentos, y que los casos “no han derivado en los necesarios cambios de comportamiento institucional”.
La ONU instó a la PGR a “continuar con una investigación exhaustiva, a deslindar responsabilidades y a sancionar a quienes resulten responsables. Asimismo, llama a adoptar las medidas de protección necesarias para la familia y reforzar las medidas de protección ya otorgadas al personal del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo”.
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