La muerte de Giovanni López tras haber sido detenido por policías municipales por no usar cubrebocas, ha golpeado severamente la imagen del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, y de su política de mano dura para hacer cumplir las medidas sanitarias ante la pandemia del coronavirus.
Todavía el miércoles por la mañana, momentos antes de que tomara fuerza la difusión del fallecimiento del joven de 30 años, el gobernador Alfaro Ramírez se había reunido con los alcaldes de la metrópoli para anunciar “un reforzamiento de los operativos con la fuerza pública” para que los jaliscienses acaten las directrices de contención de la pandemia.
De acuerdo con lo comunicado por el Gobierno de Jalisco, en dicha reunión del gobernador estuvo presente el alcalde de Ixtlahuacán de los Membrillos, Eduardo Cervantes Aguilar, responsable de la Policía que detuvo de manera violenta a Giovanni López el 4 de mayo, para luego devolverlo sin vida a sus familiares.
El mensaje que emitió el gobernador este 3 de junio poco antes de que estallara mediáticamente el caso de Giovanni, continúa en la misma línea de mano dura que adoptó desde el 19 de abril, cuando autorizó el uso de la fuerza pública en el contexto de la pandemia del coronavirus:
Habíamos dicho que íbamos a aplicar el principio de tolerancia cero y lo vamos a hacer. Estamos acordando que no va a haber tolerancia tampoco para que la gente se esté paseando en la calle, porque una cosa es que regresemos poco a poco a que la gente tenga la oportunidad de trabajar para sacar adelante a sus familias, en eso estamos comprometidos y lo estamos haciendo y lo vamos haciendo bien, y otra cosa es que la gente salga a vacacionar o a pasear como si nada
El Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad) condenó “el asesinato de Giovanni por parte de elementos de la policía municipal de Ixtlahuacán de los Membrillos”, y dijo que: “Este es un caso de violaciones graves a los derechos humanos, tales como tortura y ejecución extrajudicial”.
“El asesinato de Giovanni”, continuó, “además constituye un acto de uso de fuerza de carácter excesivo, desproporcionado e ilegal que ocurre en el contexto de varios antecedentes de abusos policíacos en el marco de la pandemia”.
Esto pasó en mi país. Esto pasó en México. Los policías detuvieron a Giovanni por no traer cunrebocas y lo mataron. Queremos justicia porque ya estamos cansados de la situación en la que vivimos
#JusticiaParaGiovanni pic.twitter.com/toXRIsugAa— Nay⁷ 1B (@Fookin_Losaaah) June 4, 2020
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Investigación y deslinde estatal
La ola de indignación que causó la muerte de Giovanni presuntamente a manos de policías municipales por no usar cubrebocas en la vía pública, llevó a que el gabinete de Seguridad de Jalisco emitiera un posicionamiento en el que confirma que tiene una investigación abierta por los hechos.
Sin embargo, tanto el fiscal, Gerardo Octavio Solís Gómez, como el coordinador General Estratégico de Seguridad, Macedonio Tamez Guajardo, dedicaron buena parte de su mensaje a intentar deslindar del caso al gobernador, asegurando que no tenían evidencias de que la detención se hubiera efectuado por no portar cubrebocas, pese a que así lo denunciaron los familiares de Giovanni, testigos directos de lo sucedido.
De hecho, entre ambos funcionarios mencionaron en cinco ocasiones que no estaba corroborado que la detención se hubiera realizado por no usar cubrebocas –una medida impuesta por Alfaro Ramírez-, como si ese fuera un elemento sustancial para la investigación penal del presunto asesinato de Giovanni a manos de policías.
Dijo el fiscal, quien sigue sin tener autonomía constitucional: “Tal y como se desprende de dos informes que constan en actuaciones de la propia Policía, no se desprende que el uso del tapaboca haya sido el acto de molestia por el cual se haya abordado a este joven“.
Y el coordinador secundó: “no consta en autos que fue detenido por no usar el cubrebocas, argumento del cual a mi ver se ha abusado en estas últimas horas; fue detenido por otras razones mas no por no usar cubrebocas”.
Se confirmó además que también se investiga si, en efecto, el alcalde de Ixtlahuacán ofreció dinero a los familiares de Giovanni para no difundir el caso, e incluso las presuntas amenazas de muerte que el munícipe también les habría proferido:
“Si se llega a probar que el alcalde hubiera tratado de desviar la investigación a través de la amenaza o a través de la oferta de dinero, desde luego estaría incurriendo en una irregularidad grave que puede constituir en una responsabilidad penal, que desde luego sería investigada por la Fiscalía también hasta las últimas consecuencias“, dijo el fiscal el 3 de junio.
Efectos de la mano dura
La muerte de Giovanni mientras estaba bajo custodia de la Policía de Ixtlahuacán por traumatismo craneoencefálico, no es el primer hecho de violencia que se presenta en Jalisco derivado del uso de la fuerza pública para contener la pandemia del coronavirus.
El 1 de mayo, por ejemplo, el director de la escuela preparatoria de Chapala, Juan Ramón Álvarez López, perteneciente a la Universidad de Guadalajara (UdeG), fue detenido por policías de ese municipio dentro de un operativo por la pandemia, quienes lo golpearon hasta hacerle perder el conocimiento, según la UdeG:
El directivo fue detenido por elementos de la policía municipal, dentro de los protocolos implementados con motivo de la contingencia sanitaria por el Covid-19. Los elementos de seguridad actuaron de manera violenta e irracional (…); en el lugar fue agredido verbal y físicamente, provocándole lesiones hasta dejarlo inconsciente; luego, fue trasladado a los separos municipales y fue liberado sin explicación alguna
Y un poco más atrás, el 29 de abril, está la detención de un ciudadano en Tala también por no portar cubrebocas, hecho que fue denunciado por el cineasta Guillermo del Toro –como también lo hizo con el caso de Ixtlahuacán-, al decir: “A la mejor yo no entiendo las cosas- pero este es un momento que requiere humanidad y criterio y no esto…” y aunó: “Definicion de brutalidad: Accion desmedida e irracional- sin humanidad. Este es un ciudadano en medio de una pandemia. No un criminal (sic)”.
El 23 de abril el gobernador llamó “pendejos” a los ciudadanos “que siguen sin entender” la gravedad de la pandemia.
