"La falta de voluntad política por un lado, pero también la poca importancia que se le da al tema de discriminación, pensando que no es grave en Jalisco, cuando sí lo es"
Desde mayo del 2004 el Colectivo Jalisco Incluyente presentó una propuesta ante la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, aunque fue desechada
Jalisco se encuentra en el lugar cinco por quejas en Conapred, representando un 25 por ciento del promedio nacional, por debajo de Puebla, DF y Edomex
Después de once años de que se creara la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, en el estado de Jalisco se ha demorado la creación de una ley estatal para darle la importancia necesaria al tema de discriminación.
Hasta la fecha en Jalisco solo se contemplaba una cláusula constitucional antidiscriminatoria debido a la reforma del año 2001, pero a diferencia de otras 25 entidades del país, no se cuenta con una legislación local.
De acuerdo a cifras más recientes del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), Jalisco se encuentra como el estado número cuatro en reclamos, incluso estando un 18 por ciento arriba del promedio nacional de ese rubro.
Así mismo se encuentra en el lugar cinco por quejas provenientes de este estado, representando un 25 por ciento del promedio nacional. Estando solo por debajo de entidades como el Distrito Federal, Estado de México y Puebla.
“Hay que tomar en cuenta que las quejas que llegan al Consejo Nacional son pocas en comparación con lo que normalmente sucede, es decir, suceden muchos actos discriminatorios que la gente no se queja, como en el caso de los delitos (…) podemos con eso simplemente darnos cuenta de que, si llegan muchas, se están cometiendo muchos más actos discriminatorios de los que tenemos cuenta”, expresó Gerardo Moya, académico del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente (ITESO) y miembro del Colectivo Jalisco Incluyente (CJI).
De la misma forma, la entidad no cuenta actualmente con la tipificación de la conducta discriminatoria, lo que demostraría, según los datos del propio Conapred, que el estado se queda rezagado por mucho en materia de discriminación.
Según Gerardo Moya García, a pesar de que existe intención por aprobar una ley de este tipo, es mejor que el proyecto no se haga al vapor.
Aplaude que actualmente se discuta en el Congreso de Jalisco una iniciativa para la creación de lo que sería la primera ley y un instituto antidiscriminación, cuya propuesta más reciente fue presentada por el grupo de legisladores denominado G-9 y la cual fue presentada el pasado 11 de febrero como la “Ley Estatal para Promover la Igualdad, Prevenir y Eliminar la Discriminación en el Estado de Jalisco”.
Dicha iniciativa fue presentada en el marco del Foro de Análisis sobre discriminación en Jalisco, en el Congreso de Jalisco, donde estuvieron presentes la premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú Tum, y el presidente del Conapred, Ricardo Bucio Mújica.
Larga historia
Sin embargo, esta no es la primera propuesta que se presenta en el legislativo de Jalisco, en mayo del 2004 el Colectivo Jalisco Incluyente presentó otra ante la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, que fue desechada.
En un segundo intento, Raúl Vargas López, entonces diputado local por el PRD, presentó la propuesta en conjunto con el CJI el 6 de octubre del 2010, pero por la búsqueda de una candidatura, el diputado dejó de trabajar ese asunto.
“La falta de voluntad política por un lado, pero también la poca importancia que se le da al tema de discriminación, pensando que no es grave en Jalisco, cuando sí lo es y de ello dan cuenta las propias quejas en el Conapred (…) no se dan cuenta de esto o los intereses, como suele suceder también en algunos casos, están puestos en algunos temas, en temas de presupuesto, que tienen que ver con intereses partidarios o grupos de poder, y no necesariamente en temas como la discriminación, que es una situación que afecta a todas y todos en el estado”, recalcó Moya García.
En noviembre del 2012, el diputado local Jaime Prieto también propuso una iniciativa de ley en materia de discriminación, sin embargo esta era por medio de una adición al Código Penal del Estado para tipificar el delito de discriminación, propuesta a la que el CJI se opone.
“Consideramos que no está funcionando como debe de ser, hay un alto nivel de impunidad, y entonces estaríamos llevando a un agente del ministerio público, con la carga o el cúmulo de trabajo que tienen, ahora denuncias por actos discriminatorios, agregarle todavía más trabajo del que de por sí no pueden sacar”, manifestó Gerardo Moya.
Y es que uno de los actuales promotores de la iniciativa, el diputado Víctor Sánchez Orozco, del PAN, ya había presentado una iniciativa de no discriminación el pasado 2013, en medio del debate de la Ley de Libre Convivencia, y la cual hasta ahora no tiene un dictamen.
También el PRI y el Partido Verde Ecologista de México presentaron su propuesta a través de la diputada local Bertha Yolanda Rodríguez Ramírez, quien el pasado 16 de enero dio a conocer la iniciativa de “Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación en el Estado de Jalisco”.
Cinco han sido las iniciativas que se han presentado en el Congreso de Jalisco, y actualmente tres se mantienen en discusión paralela, por lo que, tanto Gerardo Moya y los promotores de la iniciativa del G-9 tienen confianza en que al final las bancadas conformen una sola ley y por tanto pueda ser aprobada con el consenso de todas.
“Nosotros todavía estamos esperando a que la diputada Bertha Yolanda, que es la que presentó la iniciativa, tenga un acercamiento con nosotros, nos hemos comunicado con su secretaria, no hemos tenido oportunidad de que nos haga un espacio y la solicitud muy concreta es que pueda sentarse con nosotros y logremos, en conjunto, la mejor iniciativa”, expresó Gerardo Moya García.
El CJI analizó la iniciativa que presentó Yolanda Rodríguez y encontraron cosas que pueden mejorarse, así como cosas buenas que se pueden incorporar en una sola iniciativa.
“Este es el momento oportuno para hacerlo, hay por un lado mucha presión, desde los compromisos internacionales que México tiene como Estado con la comunidad internacional para que este tema se legisle y se legisle de la mejor manera, y por supuesto nosotros estamos muy interesados en que eso sea ya después de tres legislaturas de estar tratando de impulsar este tema, y que por unas cosas u otras no se ha logrado”, concluyó el también académico del ITESO.
Instituto para prevenir
Dentro de la más reciente iniciativa en materia de discriminación se contempla la creación de un Instituto Jalisciense para Prevenir y Eliminar las Formas de Discriminación, por el cual se haría cumplir la propuesta de ley.
Dicho instituto sería un organismo autónomo que ejercería un presupuesto propio, y además se coordinaría con el poder Ejecutivo para la sanción de los actos discriminatorios por medio de los “entes públicos”.
Esos entes públicos son los jueces municipales, los cuales por medio de un procedimiento administrativo sancionarían los actos de discriminación en el estado de Jalisco. Las sanciones serían multas, servicio a favor de la comunidad, disculpas públicas, con capacitación, entre otras.
“Este instituto o consejo, como finalmente se vaya a llamar, no sería igual que en México, el Conapred, que sea un consejo que lleve los procedimientos de queja, porque entonces requeriríamos un amplio despliegue de personas que lleven esos procedimientos y entonces sería un instituto o un consejo muy caro para el erario público”, explicó Gerardo Moya García, del Colectivo Jalisco Incluyente.
A pesar de que los procesos se llevarían a cabo por entes ya existentes, Gerardo Moya señala que no quedarían impunes los casos, puesto que ya existe un procedimiento vigilado por el instituto estatal que actualmente se promueve en la iniciativa.
Así mismo este instituto permitiría tener estadísticas más cercanas a la realidad sobre el tema de la discriminación en el estado, en base a los procedimientos que se llevaran a cabo en los municipios.
Todo esto bajo una coordinación entre los poderes ejecutivos, tanto estatal y local.
Las propuestas siempre han estado bajo la vigilancia y trabajo conjunto del Colectivo Jalisco Incluyente y señalan que este modelo de instituto facilitaría los trabajos administrativos sin tener costos superiores para el erario público.