Debido a que ha aumentado de manera exponencial el número de consumidores de cigarros electrónicos o vapeadores, el partido de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados presentó una iniciativa para regular el uso de estos dispositivos.
Al presentar la iniciativa, el legislador Sergio Barrera utilizó en la máxima tribuna de la nación un vapeador dejando en el ambiente una nube de vapor.
“¿Saben qué es esto?, esto es un cigarrillo electrónico, mejor conocido como un vapeador”.
Manifestó que en el país existen cerca de 100 mil usuarios de vapeadores y son, en su gran mayoría, menores de edad que tienen acceso en la ilegalidad, por lo que se requiere una regulación urgente.
“A los mexicanos nos ha alcanzado una realidad que no debemos ignorar, los cambios en el comportamiento de la sociedad mexicana han provocado que se aumenten de manera exponencial el número de consumidores de dispositivos o cigarros electrónicos, a un ritmo de alrededor de 100 mil consumidores nuevos por año desde el 2016”, argumentó.
Dijo que lo fundamental de la regulación es garantizar que los consumidores no solo sean adultos, sino que también que consuman un producto seguro, pues actualmente no se regulan sus componentes.
La propuesta fue presentada en conjunto con el diputado Salomón Chertorivski, la cual responde a la resolución de la Suprema Corte de Justicia con respecto a que la prohibición absoluta de los vapeadores resulta abiertamente inconstitucional.
Al respecto, Chertorivski indicó: “Los vapeadores requieren de una autoridad que autorice su correcta distribución y que dé garantías sobre el producto que consume. Desde la salud pública se deben generar mecanismos para evitar que menores de edad adquieran el hábito de fumar.
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La bancada de Movimiento Ciudadano reiteró que la supuesta prohibición no funciona, ya que no se garantiza la salud de los consumidores y el gobierno deja de recaudar ante la falta de regulación.
“Para MC, la experiencia en otros países es ejemplo de que, bajo leyes claras y evidencia científica, se puede tener un marco regulatorio responsable, como ha sucedido en Nueva Zelanda, Estados Unidos, entre otros”, comentaron los legisladores.
