En una conferencia de prensa esta mañana, el senador Clemente Castañeda, del partido Movimiento Ciudadano, expresó su preocupación ante lo que calificó como “dos atracos” contra el pueblo de México, refiriéndose a dos iniciativas en discusión en el Senado. Castañeda afirmó que su partido está en desacuerdo con estas iniciativas, particularmente con respecto a lo relacionado con amnistía y amparo, reiterando su postura de no dar “ni un paso atrás en materia de derechos”.
Durante la conferencia, Castañeda responsabilizó a la mayoría parlamentaria, liderada por Morena y sus aliados, de obstaculizar el inicio de la sesión legislativa. Según el senador, la mayoría tiene los votos suficientes para iniciar la sesión y votar los dictámenes correspondientes, pero deciden utilizar a la oposición como pretexto para no cumplir con su responsabilidad.
El senador explicó que el retraso en la sesión no estaba relacionado con el homenaje planeado para el Secretario de Marina, sino más bien con la dinámica legislativa del cierre del periodo. Afirmó que Movimiento Ciudadano estaba dispuesto a participar en la sesión solemne para cumplir con este compromiso institucional, pero lamentó que la mayoría quisiera condicionar una cosa a la otra.
Castañeda criticó lo que llamó “el sello característico de la Cuarta Transformación”, refiriéndose a la tendencia de culpar a otros por los problemas. Además, expresó su preocupación por las implicaciones de la reforma a la ley de amparo, afirmando que restringiría derechos y limitaría el acceso a la justicia, especialmente para los más vulnerables.
El senador enfatizó que Movimiento Ciudadano seguirá defendiendo los derechos de los mexicanos y utilizando todos los recursos parlamentarios disponibles para oponerse a iniciativas que consideren perjudiciales. Concluyó rechazando la idea de que la solución a los posibles abusos de la Corte sea dar más poder al Gobierno, subrayando la importancia de mantener un equilibrio de poderes y proteger el Estado de derecho.
La postura de Movimiento Ciudadano refleja una creciente preocupación dentro del espectro político mexicano sobre el estado de los derechos y las libertades fundamentales en el país, así como sobre el equilibrio de poderes entre los distintos órganos del gobierno.ƒ
