Movilidad excluyente en Xochimilco
La resolución de un juez respecto a las condiciones de una carretera en Xochimilco refleja que la política actual del gobierno está centrada en el automóvil, por lo que debe ser rectificada
David MartínezUna sentencia judicial reveló que la Ciudad de México está fallando en proteger a los usuarios más vulnerables en la movilidad: los peatones.
Las autoridades del Gobierno capitalino y de la alcaldía Xochimilco fueron omisas del derecho a la movilidad al reparar la carretera Xochimilco-Tulyehualco, pueblo de Santa María Nativitas, y dar prioridad a los automóviles.
Esta vialidad resultó dañada tras el sismo del 19 de septiembre de 2017 y fue reparada hasta marzo de 2018.
No obstante, incumple con los principios plasmados en la Ley de Movilidad local, pues la infraestructura no atiende ni prioriza a los peatones, indica la resolución del expediente R.A. 290/2019, emitida el 19 de febrero de 2020 por el Juzgado Cuarto en Materia Administrativa.
La carretera Xochimilco-Tulyehualco, en el pueblo de Santa María Nativitas, fue reparada en el 2019, pero la infraestructura no atiende ni prioriza a los peatones, lo que incumple la Ley
La Ley de Movilidad estipula en su artículo 6 que el gobierno debe de implementar acciones para garantizar el derecho al tránsito de todos sus habitantes priorizando al peatón y a las personas que padecen alguna discapacidad.
Especialistas en seguridad vial consideran que la sentencia es un logro para la movilidad universal e incluyente y revela que las instancias gubernamentales no están protegiendo a los peatones, las principales víctimas de accidentes en las calles.
Situación que, indican, es generalizada en toda la capital y pone en peligro a la ciudadanía.
La vialidad es una de las más importantes del sur de la ciudad, pues conecta el centro de Xochimilco con los pueblos de San Gregorio Atlapulco, Santa Cruz Alcapixca, San Luis Tlaxialtemalco y también es un camino a la alcaldía Milpa Alta.
El problema comenzó en julio de 2018, cuando vecinos de Santa María Nativitas, pueblo que atraviesa la carretera, interpusieron el amparo 902/2018 con el argumento de que se lesionaba su derecho a la movilidad con los trabajos de reconstrucción de la vía porque no se implementaron acciones para garantizar la seguridad de peatones, ciclistas y personas con discapacidad.
En marzo de 2019 concluyeron las obras y en mayo de ese mismo año, un juez en materia administrativa resolvió que con la reconstrucción de la carretera quedaba sin efecto la demanda.
Sin embargo, los habitantes de Nativitas se inconformaron con el fallo e interpusieron el recurso de revisión R.A. 290/2019 cuya resolución del 19 de febrero de 2020 los favorece.
El Juzgado Cuarto en Materia Administrativa de la Ciudad de México determinó en esa fecha que pese a las reparaciones, las autoridades fueron omisas en respetar la Ley de Movilidad y construyeron una infraestructura que no daba prioridad a los grupos vulnerables.
Reporte Índigo recorrió la carretera y observó que el único cruce con cebras peatonales solo tiene un tope y no cuenta con semáforo ni con rampa para personas con discapacidad. En las aceras peatonales solo cabe una persona.
La alcaldía Xochimilco, la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse) y la Secretaría de Movilidad (Semovi) tienen hasta el 29 de febrero próximo para determinar las acciones que realizarán para atender la situación.
Más movilidad, menos coches
Francisco De Anda Orellana, especialista en seguridad vial de la estrategia Misión Cero, afirma que con este fallo se da un paso más al reconocimiento de los derechos de los grupos vulnerables que usan las calles de la capital.
“Es producto de una exigencia justa que pone en una perspectiva muy interesante el reconocimiento de los derechos de los ciudadanos”, menciona.
Señala que también es una oportunidad para que el gobierno rectifique su política de obras en movilidad.
“Está fallando, la gran mayoría de la inversión en obras se está haciendo para automóviles”, destaca.
Durante el 2019, de acuerdo con boletines y tarjetas informativas disponibles en portales electrónicos institucionales, la administración capitalina informó que iba a invertir 880 millones de pesos de 2018 a 2024 para la construcción de tres puentes vehiculares en las alcaldías Iztapalapa, Iztacalco y Xochimilco.
Mientras que para cinco obras de infraestructura ciclista con una extensión de 85 kilómetros, prevé destinar durante el sexenio, 201 millones de pesos.
Y el año pasado, el Gobierno central modificó 100 cruces para volverlos más seguros con una inversión de 300 millones de pesos.
Ante esto, De Anda menciona que se debe de dejar de invertir tantos recursos en obras para automóviles. “Se deben hacer obras de más y mejor movilidad para todos”, señala.
Considera que ciclovías y la habilitación de cruces seguros y accesibles ayudarán a reducir las muertes por incidentes viales.
De acuerdo con el Reporte de Hechos de Tránsito de la Semovi del 2019, en ese año hubo un aumento en fallecimientos respecto al año anterior.
En 2018, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) registró 394 muertes, cifra que en 2019 incrementó a 397, muestra la fuente consultada.
De las personas que murieron en accidentes durante 2019, 177 eran peatones.
Piden programa de movilidad
Alejandro Velázquez, representante legal de los cuatro vecinos que presentaron el amparo y el recurso de revisión, asegura que con la sentencia el juez reconoce que su derecho a la movilidad no fue respetado, por lo cual, las instancias correspondientes deben tomar medidas para priorizar el tránsito peatonal.
Velázquez solicita a las autoridades que lleven a cabo acciones tomando en cuenta las necesidades de la zona.
Deben hacer un programa de seguridad vial para las escuelas y pensando en la población de las zonas aledañas a la carretera
El representante también argumenta que si en 10 días la alcaldía y las autoridades no responden la sentencia ni realizan una acción, presentarán un incidente de desacato, que puede llegar hasta la destitución de los funcionarios que resulten responsables.
Al respecto de este supuesto, el especialista en materia de amparo de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Gerardo Hurtado Montiel, señala que la sentencia es definitiva e inapelable.
Explica que los amparos se recurren a dos instancias y, después de eso, la sentencia es irrevocable.
“El juez decidió amparar por las omisiones realizadas por las autoridades, en el caso concreto, tienen la obligación de tomar acciones para que se dé cumplimiento a la Ley de Movilidad”, explica.
