En 2015 la compañía portuguesa Mota-Engil y el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) se asociaron para conformar una nueva firma subsidiaria, la llamaron Generadora Fénix y ese mismo año recibió en concesión 15 plantas hidroeléctricas y una termoeléctrica.
Querían competir en el mercado mayorista de las eléctricas privadas y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), impulsado por el entonces Presidente Enrique Peña Nieto a través de una reforma energética.
Mota-Engil iba a aportar su experiencia global, además de capacidad tecnológica y financiera. El SME daría el conocimiento técnico de sus trabajadores. Habían pasado seis años del proceso de extinción de Luz y Fuerza del Centro ordenado por el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012), que dejó sin empleo a más de 44 mil profesionales electricistas mexicanos.
Sindicato dividido
La mañana del pasado 11 de octubre, al conmemorar la extinción de Luz y Fuerza del Centro, el sindicato dejó algo muy claro: está fracturado. Frente a Palacio Nacional, dos grupos marcaron límites mediante un enfrentamiento verbal y físico. De un lado, los que apoyan al actual secretario general Martín Esparza. Del otro, miembros de la corriente democrática con Rosendo Flores y Jorge Tapia –exsecretarios generales del sindicato– como líderes.
La disidencia le hizo llegar a la Presidencia de la República un documento con 15 mil 390 firmas en el que demandan “rescatar” las plantas e instalaciones de energía eléctrica entregadas “de manera ilegal” a la empresa Mota-Engil en 2015.
En la misiva, los electricistas apelan a la política del gobierno de Andrés Manuel López Obrador para “evitar el crecimiento desmedido y el abuso de las empresas particulares extranjeras con el propósito de alcanzar la soberanía del sector energético”.
Pero mientras el conflicto interno del SME se aviva, Mota-Engil se fortalece como proveedora del Gobierno federal. Desde 2015, cuando conformó la asociación con el sindicato, ha firmado 15 contratos millonarios. El mayor, hasta ahora, fue por más de diez mil millones de pesos.
En la recta final del gobierno de Enrique Peña Nieto y en lo que va del de Andrés Manuel López Obrador, la compañía acumuló más de 26 mil 77 millones de pesos en contratos con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe), Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) y el Fondo Nacional al Turismo (Fonatur), según la localización de compras públicas bajo la denominación de Mota-Engil en Compranet
El mismo año en que se formó la asociación de Mota Engil con el SME, el gobierno del entonces Presidente Enrique Peña Nieto, le otorgó tres contrataciones a través de la SCT que sumaron más de 763 millones de pesos.
Mota-Engil en Negocio transexenal
La empresa ha logrado garantizarse un lugar en el futuro. El mayor de sus contratos, signado con Banobras en agosto de 2022, fue por más de 12 mil 417 millones de pesos y su vigencia se extiende hasta agosto de 2032; es decir, compromete todo el sexenio del Gobierno federal que inicie gestiones el 1 de octubre de 2024 y casi dos años más del siguiente.
Mota-Engil ha logrado posicionarse como proveedora del Gobierno federal; pero los trabajadores electricistas siguen sin alcanzar plena transparencia sobre el proceso de extinción de Luz y Fuerza del Centro. A pesar del paso de los años, el gobierno mantiene documentos cruciales bajo los candados de la reserva.
Martín Esparza Flores, dirigente del SME, firmó el 9 de octubre de 2013 un memorándum de entendimiento con el entonces subsecretario de Gobernación, Luis Enrique Miranda Nava, en el que se comprometió con acciones para el pago de las pensiones vitalicias de los trabajadores del SME.
El 10 de julio de 2015, firmó otro al que se añadieron las secretarías de Energía, del Trabajo y Previsión Social, así como el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (hoy Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado) para proceder a la última etapa del proceso de liquidación.
Ese memo fue modificado el 30 de septiembre de ese mismo año para incluir el compromiso del Gobierno federal de entregarle bienes a la Generadora Fénix.
A la fecha, los documentos en los que se registraron esos acuerdos permanecen con una reserva permanente mientras se resuelven juicios de amparo respecto al proceso de liquidación de Luz y Fuerza del Centro, de acuerdo con una consulta en la Plataforma Nacional de Transparencia.
Dado que esos documentos no son públicos, no hay acceso a los activos en comodato que recibió el SME, ni su valor ni la razón por la que fueron entregados.
A 13 años de la desaparición de la empresa del Estado, los electricistas no cuentan de manera pública con el relato completo de lo que ocurrió el 11 de octubre de 2009 cuando elementos de la entonces Policía Federal entraron al edificio de Luz y Fuerza del Centro de la Ciudad de México.
Aquella madrugada, la televisión abierta transmitió la toma del edificio. Pero en octubre de 2022 ni siquiera puede conocerse el número de policías que participaron en el operativo. La Policía Federal –desaparecida por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador– dejó reservada esa información hasta 2024.
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