Mota-Engil: 200 mil millones en contratos gubernamentales pese a un camino irregular

Pese a irregularidades y proyectos concesionados en la opacidad, Mota-Engil México completó la década de 2013 a 2023 con una suma de contratos gubernamentales por más de 200 mil millones de pesos.

Los gobiernos federales y estatales en turno, así como Petróleos Mexicanos (Pemex), fueron para esta compañía de origen portugués los escenarios para un constante ganar sin que los errores y el mal desempeño le pesaran, de acuerdo con las plataformas CompraNet, Nacional de Transparencia, Pemex Transparente y la Auditoría Superior de la Federación.

Esta es la historia de una firma en México que sin importar los vientos políticos o sus propios tropiezos logró convertirse en una de las proveedoras con contratos de los mayores montos y recibir concesiones emblemáticas como la de Aztlán Parque Urbano en la Ciudad de México; la Línea 4 del Tren Ligero en Guadalajara, Jalisco;  la planta hidroeléctrica Necaxa en Puebla, así como la Autopista Urbana Siervo de la Nación que conduce al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.

La compañía fue fundada en 1946 en Portugal como Mota & Companhia y en estos momentos tiene presencia en 28 países de Europa, África y América Latina. En 2000 se convirtió en Grupo Mota-Engil. En México, bajo la propiedad de la familia Miguel Bejos, recibió sus primeros contratos del Gobierno federal en 2013.

En esa década –en 2022–en la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, logró su contrato de mayor monto en cuanto a infraestructura, por 12 mil 417 millones 577 mil 497 pesos, para la rehabilitación del tramo Compostela-Las Varas en Nayarit con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) por adjudicación directa.

El último contrato que ha recibido para obra pública lo firmó en 2023, con una vigencia del 19 de mayo al 4 de diciembre de ese mismo año. El monto fue por 624 millones 219 mil 927 pesos y fue otorgado por el Gobierno de Nayarit para el saneamiento del Río Mololoa en la cuenca de ese estado.

Pero, más allá de la cuantía de sus contrataciones, la firma logró compromisos con vigencia hasta dentro de siete y ocho años; es decir, cuando el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo haya concluido y haya un nuevo gobierno federal. Para el mantenimiento y rehabilitación del tramo en Nayarit, el contrato es para 2032 y otro que tiene para la plataforma y vía del Tren Maya tiene vigencia hasta 2031.

El historial de Mota-Engil muestra que los contratos obtenidos por la empresa fueron más por licitación pública que por otros procedimientos. De 16 contratos para infraestructura localizados por Reporte Índigo, 12 fueron otorgados por ese procedimiento. La compañía concursó y salió vencedora frente a competidoras, a veces, con más años en México.

De las irregularidades a la alianza estratégica

El de Mota-Engil fue un crecimiento con escollos. En la revisión de la Cuenta Pública de 2014, la Auditoría Superior de la Federación encontró irregularidades en tres contrataciones. La compañía incumplió con la fecha de entrega e incurrió en 112 conceptos no previstos en la construcción de las vías en Celaya, Guanajuato; omitió vigilar y controlar el desarrollo de los trabajos en el Centro SCT de Colima y además, por sus trabajos mal realizados, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se vio obligada a erogar más de 52 millones de pesos para indemnizar a 39 propietarios de inmuebles por donde pasaría la carretera Coatzacoalcos-Villahermosa.

Pese a los tropiezos, Mota Engil logró justo el año siguiente llegar a un punto de inflexión como proveedora. Y se posicionó aún más. En 2015 logró una sinergia con el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) a través de la conformación de una empresa a la que bautizaron como Generadora Fénix. Bajo esa denominación, las dos entidades recibieron en concesión 15 plantas hidroeléctricas y una termoeléctrica. Hoy el SME y su cooperativa cuentan con el 49 por ciento de las acciones de Generadora Fénix. El otro 51 por ciento lo tiene Mota-Engil.

Nayarit, el microcosmos de los obstáculos

Otro obstáculo, la empresa lo subsanó en Nayarit. El contrato que en 2021 le otorgó Banobras para varias obras en la autopista Jala-Compostela-Las Varas y Ramal a Compostela también resultó con observaciones de la ASF. El Banco habría pagado trabajos que se ejecutaron en cadenamientos diferentes a los establecidos en el catálogo de conceptos y por cantidades adicionales.

“Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal o al patrimonio del Fideicomiso número 1936 denominado Fondo Nacional de Infraestructura, por un monto de 21 millones 393 mil 774 pesos por los pagos efectuados más los intereses correspondientes que en su caso procedan”, expuso el órgano fiscalizador del Congreso en su informe.

Al año siguiente, la compañía obtuvo del mismo Banobras otro contrato para la misma carretera. Y este , por 12 mil 417 millones 577 mil 497 pesos, se convirtió hasta ahora, en el más grande en una década en la lista de la firma. Incluso es mayor que el que la compañía tiene para la construcción de la plataforma y vía del Tren Maya que es de 4 mil 23 millones 658 mil 804 pesos.

Después, en 2023, en la misma entidad, se le encargó la limpia del río Mololoa, un cauce que atraviesa la capital del estado y que tras 73 años de recepción de aguas negras se convirtió en una suerte de cloaca a cielo abierto.

Así se convirtió en proveedora clave de Pemex

Además de la obra pública, la familia Miguel Bejos es proveedora de Pemex a través de las empresas Opex Perforadora y Perforaciones Estratégicas e Integrales Mexicana (Perfomex). Según el portal Pemex Transparente estas denominaciones han obtenido más de 187 mil 685 millones de pesos con la petrolera nacional entre 2019 y 2022 a través de por lo menos cuatro contratos.

De esas cuatro contrataciones la mayor fue en 2019 para realizar obra por más de 122 mil millones de pesos. El procedimiento para este logro fue la invitación restringida y el pago, en dólares. La menor fue de 14 mil 357 millones 610 mil 481 pesos mediante un concurso abierto. También fue cotizado en dólares.

Opex Perforadora recibió dos contratos, uno para realizar obra y otro por servicios. El primero fue signado en 2019 por invitación restringida y el otro en 2022 por adjudicación directa. Los dos sumaron 152 millones 523 mil 64 pesos.

Por su parte, Perfomex obtuvo otros dos contratos en 2019 y 2022 por 340 millones 208 mil millones 626 mil 9 pesos, los dos por concurso abierto y para arrendamientos. Ambos fueron pagados en la moneda estadounidense.

De acuerdo con documentos en ese mismo portal de la empresa del Estado, Opex Perforadora fue formada en 2018 y Perfomex en 2019, cuando se iniciaba el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el primero proveniente de una fuerza política de izquierda.

Como en la obra pública, las dos empresas se consolidaron entre las mayores contratistas de Pemex, de acuerdo con la cuantía de los convenios signados, según la información pública de la petrolera.

Mota-Engil opera también el negocio de energía a través de Generadora Fénix, la entidad que surgió de la sinergia en octubre de 2015 con el Sindicato Mexicano de Electricistas.

Generadora Fénix retomó en 2021 la construcción del proyecto Jorge Luque, una central de ciclo combinador de 110 megawats que se realizará en dos etapas.

La Secretaría de Marina también le otorgó por adjudicación directa un contrato de casi 12 mil millones de pesos para rehabilitar 310 kilómetros de vías férreas y 87 puentes de la línea del tren del Istmo conocida como FA. Esta obra es una de las conexiones que se necesitaban para que operara el Corredor Transísmico.

De cómo Mota Engil quedó entre conflictos sindicales

Asociada en 2015 con el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) en Generadora Fénix, parte de los obstáculos que Mota-Engil ha tenido que sortear en su trayectoria en México están relacionados con las concesiones que se le otorgaron a la empresa en el sector eléctrico.

Ese año, debido a una reforma constitucional, surgió un nuevo marco normativo que permitió inversiones privadas. Generadora Fénix recibió en concesión 15 plantas hidroeléctricas y una termoeléctrica, entre las que se encuentra la planta Necaxa, construida en Puebla, en 1905, por la Mexican Light and Power y nacionalizada en 1960.

El SME y su cooperativa cuentan con el 49 por ciento de las acciones. El otro 51 por ciento lo tiene Mota-Engil.

Más allá del negocio, la compañía quedó en medio de las disputas de los grupos disidentes de la dirigencia sindical de Martín Esparza Flores en el SME. Además de la petición de algunas secciones de que se recupere la materia laboral después de la liquidación de Luz y Fuerza del Centro, está la demanda de rescatar las plantas e instalaciones de energía eléctrica entregadas a la empresa Mota-Engil a través de Generadora Fénix.

En 2022, los reclamos de los electricistas llegaron hasta la Presidencia de la República. La disidencia del sindicato entregó un documento con 15 mil 390 firmas en el que solicitaron que se le restituyan al Estado las plantas e instalaciones de energía eléctrica entregadas a la empresa Mota-Engil.

Hasta ahora, la demanda persiste. Una de las propuestas de campaña de Alejandro Armenta Mier, virtual gobernador electo en Puebla, fue rescatar la presa mediante la rehabilitación de dos plantas de tratamiento de aguas residuales con un sistema de operación que represente un bajo costo económico. Pero respecto a la suspensión de la concesión no hay ninguna posición.

Este presente se inició la madrugada del 11 de octubre de 2009 cuando unos 40 mil elementos de la entonces Policía Federal entraron al edificio de Luz y Fuerza del Centro de la capital del país. Sacaron a los trabajadores y colocaron vallas en torno al edificio. El Gobierno consumó de esta forma la extinción de la compañía que desde 1903 suministró energía a la región del centro del país. Seis años después, el sindicato se asoció con Mota-Engil para crear Generadora Fénix.

Desde entonces, el problema laboral subsiste, pero también el empresarial.