Morir en las celdas
Las deplorables condiciones en las que se encuentran los centros de reclusión de la CDMX no sólo han provocado que se violen los derechos humanos de los reclusos, también han dado lugar a que las mismas autoridades que vigilan estos lugares cometan crímenes sin recibir castigo alguno por sus actos
Montserrat Sánchez[kaltura-widget uiconfid=”39952882″ entryid=”0_lkobjlv1″ responsive=”true” hoveringControls=”false” width=”100%” height=”75%” /]
Ni en las cárceles, con policías y custodios, las mujeres están seguras.
“A mi hija me la mataron a golpes en la cárcel”, cuenta María Teresa Sánchez, quien no tiene la menor duda sobre cómo murió su hija, Sara Nayeli Sangerman, quien se encontraba recluida en el penal de Santa Martha Acatitla.
Sin embargo, no sólo las mujeres internas se enfrentan a la inseguridad dentro de los penales, también aquellas que realizan visitas.
Desde 2010, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal ha documentado dos asesinatos de mujeres a manos de sus parejas reclusas, mientras que en enero de este año, medios de comunicación informaron sobre una tercera víctima
De acuerdo con la Recomendación 4/2016 de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, la muerte violenta de personas privadas de libertad y visitantes en centros de reclusión en la Ciudad de México es un problema que se ha denunciado desde 2010 y no se ha atendido.
De 2010 a 2016 han fallecido en el interior de los centros penitenciarios de la CDMX 784 personas, 166 perdieron la vida en un contexto de violencia de las cuales, 92 fueron por homicidio, dos de ellas eran mujeres que habían acudido a visita
Con base en información de la CDHDF, la sobrepoblación suele ser un factor de la violencia al interior de las cárceles y la cual empeora por causas como la insuficiencia de los servicios básicos, falta de personal de seguridad y custodia, es decir, por falta de vigilancia.
La capacidad de los 12 penales que hay en la CDMX es para 22 mil 411 personas; sin embargo, los datos más recientes señalan que para 2016 su capacidad estaba rebasaba por nada más y nada menos que 13 mil 589 personas
El 1 de junio de 2010, un reo en el Reclusorio Preventivo Varonil Sur asesinó a su pareja durante la visita familiar.
La investigación señaló que la pareja había alquilado por 200 pesos un espacio para visita íntima informal –clandestina- denominado cabaña. Con 54 heridas con arma punzante fue que el interno terminó con la vida de su pareja.
Este homicidio evidenció las faltas del personal de seguridad y custodia, ya que nadie se percató de lo sucedido, así lo señala la Comisión en su recomendación.
De acuerdo con los dictámenes periciales, la mujer luchó por su vida, lamentablemente no existe evidencia que indique que alguien la escuchó, reportó la situación o se haya intervenido en su auxilio.
Otro caso se registró el 6 de octubre de 2015, sólo que aquí hubo dos víctimas nuevamente durante una visita íntima en Reclusorio Preventivo Norte, un interno mató a una mujer provocándole 35 lesiones con una navaja para después suicidarse.
En este caso, la víctima también realizó actos de defensa pero tampoco pudieron hacer algo por ella.
El 27 de enero de 2019, una mujer de 34 años, esposa de un reo quien se encontraba de visita, fue asesinada dentro de una celda del Reclusorio Preventivo Varonil Norte.
En la Ciudad de México el 22.1 por ciento de la población que se encontró privada de la libertad durante 2016 recibió visita conyugal. En 45.9 por ciento de los casos, dicha visita se realizó semanalmente
Homicidio disfrazado de suicidio
“Las autoridades dijeron que (su hija) se aventó de un tercer piso pero el certificado médico indica que murió por diversos golpes cometidos por más de tres personas.
Mi hija recibió patadas, en las piernas tiene marcas de como la picaron con una punta o una pluma, ella tuvo tres golpes contusos en la cabeza y la dañaron mucho, le pegaron con esos bastones de los de vigilancia” cuenta la madre de Sara Nayeli mientras hojea el expediente de su hija.
El caso de Sara Sangerman, quien presuntamente se suicidó al interior del penal de Santa Martha Acatitla, es la muestra de la incapacidad de los custodios que laboran en estos lugares, pues la mamá de la víctima asegura que su hija no se quitó la vida, sino que los guardias la asesinaron
Sara Nayeli Sangerman Sánchez de 33 años ingresó al penal de Santa Martha el nueve de marzo de 2017 bajo el cargo de homicidio. Para el 28 de octubre, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) le notificaría a su madre que su hija había muerto.
“No se me olvida ese día. El 28 de octubre yo llamé a Derechos Humanos para saber cómo estaba mi hija porque a mí ya me la negaban, no me dejaban hablar con ella ni verla, por esa razón y porque mi hija ya había presentado golpes 15 días atrás pusimos una queja con la Comisión y yo con ellos hablaba, entonces ese día me dicen que mi hija estaba en el hospital de Balbuena porque se había caído, a mí jamás me llamaron del penal para decirme lo que le pasó” lamenta la madre.
De acuerdo con el testimonio de la señora Teresa Sánchez, la supuesta caída de Sara fue a las cinco de la tarde y hay videos en los que se ve cómo hasta las siete de la noche la sacan del penal para llevarla al Hospital Balbuena
“A mi muchacha le mostraron toda la saña posible, aunque ya esté muerta, su cuerpo me sigue hablando, me dice cómo es que fue maltratada, los moretones y marcas que presentó en la espalda, en sus pompis me lo dicen, a mí me quieren engañar diciendo que eso fue una caída pero yo le creo al cuerpo de mi hija y a las pruebas de los exámenes que indican, que gritan, que no fue un suicidio” relata la madre de Sara Nayeli.
Teresa Sánchez afirma que lo único que quiere es que las autoridades le den una respuesta digna “¿cómo es que dejaron que pasara esto? Nadie tiene derecho de hacer esto, a ninguna persona, ni a un hombre ni a una mujer, a mi hija la golpeaban, yo quiero que respondan por todos esos actos, las autoridades no están para golpearnos, solo están para cuidar nuestra integridad, la seguridad”
Teresa se muestra segura cuando dice que no va a parar hasta tener justicia.
“Yo quiero que me digan quién fue, que se les quite del cargo, que se les enjuicie porque lo que cometieron es un delito, fue homicidio y este crimen no ha parado con mi hija”, la madre de Nayeli denuncia que, de acuerdo con vecinas de su colonia quienes visitan a sus familiares en el penal, le han dicho que a las internas las han amenazado diciéndoles que “si no se acoplan a la situación o si no les parece, te vamos a hacer lo mismo que a Rochón sobrenombre por el cual llamaban a mi hija”.
Ante la falta de vigilancia por parte de las autoridades hacia las mujeres reclusas y quienes van de visita, la Comisión determinó que “esta inacción puede constituir violaciones al derecho a la libertad personal, a la seguridad y al principio de legalidad reconocidos en la normatividad nacional y en los tratados internacionales sobre derechos humanos”.
De acuerdo con la Comisión, “los servidores públicos de centros de reclusión de la CDMX omitieron su deber de adoptar medidas eficaces para proteger la vida de las personas en su custodia, así como de quienes acuden como visitantes”
Asimismo, se les acusa de no haber informado oportunamente a los familiares de las víctimas del fallecimiento de los reclusos violando su derecho a la información y a conocer la verdad.
Las autoridades tienen la obligación de garantizar el derecho a la seguridad a las personas en visita de centros de reclusión así como mantener áreas adecuadas, limpias y dignas para evitar la comisión de posibles delitos como el homicidio.
Por su parte, Roberto Cortés, representante legal del caso de Sara Nayeli, dice que en su intento por saber lo que en verdad había pasado, la señora Sánchez solicitó los videos de vigilancia y las autoridades de la cárcel le dijeron que no los tienen, que los borraron bajo el argumento de que éstos videos se borran tres días después.
“Hay que darnos cuenta en la múltiple violación de derechos humanos que se genera desde que no hay algo tan obligatorio como lo es una debida y correcta cadena de custodia en el centro penitenciario”.
Una problemática múltiple
Entre los factores que se han identificado que fomentan la falta de respuesta de las autoridades dentro de los centros penitenciarios se encuentran la insuficiencia del personal de seguridad y custodia así como el hecho de que realizan su trabajo en condiciones precarias y sin los instrumentos necesarios para ello.
“Las autoridades sufren falta de personal para cubrir todas las áreas de los centros así como las limitaciones de las cámaras de video, las cuales no tiene el alcance suficiente para vigilar todas las zonas” señala la Comisión.
Pero éste no es el único problema, de acuerdo con información del Instituto General de Estadística y Geografía (Inegi) con fecha de corte al mes de abril de 2018, la situación jurídica de poco más de la mitad de la población reclusa en los centros penitenciarios federales estaba en prisión preventiva, mientras que en los centros penitenciarios estatales 36 por ciento de los reclusos no tenía una sentencia condenatoria
En comparación con los hombres, una mayor proporción de mujeres reclusas no habían sido presentadas ante un juez.
En 2013, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) constató la insuficiencia de personal femenino de seguridad y custodia para la vigilancia de las mujeres reclusas, especialmente en los Centros Femeniles de Readaptación Social Santa Martha Acatitla y Tepepan en la Ciudad de México; el Centro de Reinserción Social Femenil Atlacholoaya, Morelos, el de San José el Alto en Querétaro; el de Nogales, Sonora y, el Centro de Reinserción Femenil Jalisco, ya que no cuentan con personal suficiente para cubrir ausencias, vacaciones e incapacidades.
Ante esta problemática de inseguridad en centros penitenciarios, la organización de derechos humanos, Documenta, exigió en un comunicado poder garantizar la vida, integridad y seguridad de las mujeres en contextos de cárcel en la Ciudad de México.
De acuerdo con el artículo 19 de la Ley Nacional de Ejecución Penal “la custodia penitenciara tendrá que: mantener la vigilancia, orden y tranquilidad de los centros penitenciarios así como salvaguardar la vida, integridad, seguridad y derechos de las personas privadas de la libertad, visitantes y personal adscrito a los centros penitenciarios.
Por su parte, Roberto Cortés, representante legal del caso de Sara Nayeli, señala los factores que deben mejorar en las cárceles para que estas omisiones no sigan pasando.
“Tendríamos que mejorar la formación de los custodios, ellos están muy acostumbrados a dar un trato agresivo y punitivo en lugar de ser más preventivos, no están acostumbrados al diálogo y creo que una forma de parar estas violaciones a derechos humanos es ayudando a los custodios, mejorar su forma de dirigirse y cuidar tanto a los internos como a los visitantes”.
Pero aunque el abogado plantea soluciones para prevenir y erradicar la violencia dentro de las cárceles, menciona que existe un obstáculo que es “la impunidad que existe en relación a las muertes bajo custodia, es decir, cuando el homicidio se comete por elementos del Estado, éstos casi nunca tienen una explicación, situación que va en contra de los estándares internacionales que dicen que cualquier muerte en prisión debe ser explicada para obtener un sentido de justicia”.
La falta de seguridad al interior de las prisiones de la CDMX es el resultado de la suma de muchos otros factores como la falta de personal capacitado, la sobrepoblación y las precarias condiciones en las que se encuentran las instalaciones de estos centros de reclusión
Recientemente, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador informó que “las Islas Marías ya no serán una cárcel sino un centro para la cultura y las artes”, bajo este contexto, el mandatario federal aseguró que hay espacio suficiente en los reclusorios Federales y no hay sobrepoblación, por ello se apoyará a cárceles estatales para disminuir su población en los que se encuentren saturados”.
Por su parte, Francisco Garduño, responsable de las penitenciarias, sostuvo que “la capacidad en los Centros Federales de Readaptación Social (Ceferesos), es de 41 mil espacios y se tienen 19 mil espacios ocupados. Tenemos Francisco Garduño, responsable de las penitenciarías, dice que no hay sobrecupo en las prisiones federales. aún espacios de sobra.