Morena tras licitaciones libres de corrupción

Una iniciativa de Morena para reformar la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León, plantea que las licitaciones públicas sean libres de corrupción. Esta propuesta busca que los entes gubernamentales que convoquen a este tipo de procesos, se abstengan de contratar a empresas cuyos propietarios o asociados tengan un cargo público o formen parte de un órgano autónomo.

Esto es lo que manifiesta Waldo Fernández, legislador de este partido, quien presentó una iniciativa para reformar la fracción II del artículo 37 de la Ley de Adquisiciones y evitar así que una persona abuse del poder y obtenga un beneficio.

Aunque existen instrumentos jurídicos para evitar los posibles actos de corrupción, además de que estos no se aplican, su ambigüedad provoca que persista el probable conflicto de interés en los servidores públicos.

Casos como el de la entrega de un contrato, que otorgó el municipio de Monterrey, por 10 millones de pesos a la empresa en la que estaba involucrado un servidor público del estado de Nuevo León, son muestra de lo comunes que pueden ser estos actos de corrupción.

La compañía beneficiada con esta licitación fue Gumon Comercializadora, en la que Gustavo Edgardo Nuño Treviño, quien funge actualmente como subsecretario en la Secretaría de Administración estatal, es socio.

Sin embargo, este contrato no llegó a materializarse pues el municipio de Monterrey lo canceló, después de que fueran evidentes las razones por las que fue otorgado.

Por ello, Waldo Fernández puso sobre la mesa del Congreso local, la modificación al artículo 37 de la Ley mencionada, con la que se impedirá la adjudicación de contratos a las personas que desempeñen un empleo, cargo o comisión en el servicio público de cualquiera de los tres órdenes de gobierno y de organismos autónomos, o a las sociedades de las que formen parte.

Aunque la reforma propuesta por Fernández busca remediar un problema común en la administración pública, todos los planteamientos del legislador morenista han sido rechazados por sus pares del Congreso local.

Es por ello que este documento podría quedar sepultado entre las demás iniciativas de las bancadas mayoritarias.

“Ser honesto y honorable también aplica en renunciar a cualquier conflicto de interés que pueda poner en duda la integridad de los servidores y procesos. La transgresión que hace un funcionario público de la ley para obtener un beneficio personal es el primer paso del problema de la corrupción gubernamental”, aseguró el diputado.

Waldo Fernández considera que el servicio público es una vocación, un compromiso con la ciudadanía, por lo que las personas que lo ejercen deben ser honorables y confiables a los ojos del pueblo, además de incorruptibles.

“Los servidores públicos no deben valerse de su posición, o de sus contactos para obtener ningún tipo de beneficio que no sea el del ejercicio de su cargo”, concluyó el morenista.

Corrupción, en aumento

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2021, Nuevo León presentó un aumento en sus índices de corrupción del 30 por ciento, después de que este tipo de actos, contabilizados por cada 100 mil habitantes, pasaron de 14 mil 394 en 2019, a 18 mil 648 durante el año pasado.

Los datos emanados de este análisis establecen que la tasa de victimas de actos de corrupción en la realización de un trámite, fue de 10 mil 714 casos por cada 100 mil habitantes, lo que representa un aumento de 3.5 por ciento en comparación con el año anterior.

El documento señala que, a nivel nacional en el 2021, el costo total de la corrupción en la realización de pagos, trámites o solicitudes de servicios públicos y otros contactos con autoridades fue de 9 mil 500 millones de pesos; lo que equivale a 3 mil 044 pesos promedio por persona afectada.

En Nuevo León, el Código de Ética de los servidores públicos del Gobierno estatal señala que los funcionarios deben actuar, en todo momento, buscando la máxima atención de las necesidades y demandas de la sociedad por encima de intereses y beneficios particulares, los cuales son ajenos a la satisfacción colectiva.

Sin embargo, las investigaciones que surgen año con año, evidencian que este Código no es respetado por quienes conforman las administraciones municipales y estatales, pues sus círculos personales resultan constantemente beneficiados.

Tras el primer año de gobierno de Samuel García, organizaciones como el Consejo Cívico consideran que la administración estatal, que ha sido definida por el mandatario como “incorruptible”, quedó a deber en esta materia.

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