La bancada de Morena en el Senado y organizaciones de los colectivos #FiscalíaQueSirva y #VamosPorMás, presentaron este lunes la iniciativa de la nueva Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República.
Esta nueva Ley regirá la estructura y actividades de la Fiscalía General de la República.
La propuesta establece que la Fiscalía General de la República contará con tres fiscalías especializadas: en Delitos Electorales; en Combate a la Corrupción; y en materia de Derechos Humanos.
Además, será creada una Fiscalía de Asuntos Internos que estará encargada de investigar los actos de corrupción cometidos al interior de la FGR.
Los titulares de estas fiscalías especializadas serán nombrados por el fiscal general, quien también podrá removerlos de su cargo.
Para el nombramiento del titular de la FGR se utilizará el método que está indicado en la Constitución Política, en que el Senado enviará al Ejecutivo una lista de 10 personas idóneas para el cargo, de las cuales, el presidente de la República elegirá una terna, que será enviada a la Cámara alta para que de entre ellos se elija al nuevo fiscal; sin embargo, el titular de la FGR podrá ser removido por el presidente de la República.
Las organizaciones de la sociedad civil acordaron con el nuevo gobierno señalar algunas cualidades que deberá tener el nuevo fiscal.
“Para garantizar la autonomía de las y los integrantes de la institución, se establecen principios generales para las designaciones, tales como el mérito, la transparencia y publicidad, y la participación ciudadana”, exponen las organizaciones en un pronunciamiento.
Las organizaciones y el nuevo gobierno acordaron, según la iniciativa presentada en el Senado, que en un año se llevará a cabo el proceso de modificación de la Constitución Política en los ordenamientos propuestos por las organizaciones de la sociedad civil.
Aunque esta propuesta es considerada un avance hacia el cambio de la Procuraduría General de la República hacia la Fiscalía
General de la República, los colectivos civiles han señalado que las modificaciones a la Carta Magna son fundamentales para garantizar la autonomía de la FGR.
