El monopolio de la tortilla
Las prácticas monopólicas en el mercado de la tortilla de maíz que indujo la Secretaría de Desarrollo Rural de Jalisco no han podido ser sancionadas. Su titular, Héctor Padilla, se amparó contra la multa de Cofece y la Contraloría de Jalisco declinó abrirle un procedimiento de responsabilidad
Luis Herrera[kaltura-widget uiconfid=”38045831″ entryid=”0_r8w1wfth” responsive=”true” hoveringControls=”true” width=”100%” height=”75%” /] El alza injustificada en el precio de la tortilla en Jalisco quedará impune. El castigo que la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) le impuso al titular de la Secretaría de Desarrollo Rural de Jalisco (Seder), Héctor Padilla Gutiérrez, por inducir prácticas monopólicas en el mercado de la tortilla está en el limbo legal.
El 27 de octubre de 2017, la Comisión responsabilizó al funcionario de haber promovido un acuerdo con empresarios de la tortilla en 2016 para manipular su rango de precios. Lo que causó que estos se incrementaran de forma inmediata y dañó la economía familiar de los jaliscienses, quienes pagaron 52.6 millones de pesos (mdp) de sobrecosto.
En su investigación, la Cofece concluyó que Padilla Gutiérrez debía ser sancionado por dos vías: con una multa por 165 mil 952 pesos y con un procedimiento de responsabilidad de la Contraloría local.
“Conforme al principio de legalidad, el actuar de las autoridades debe apegarse a lo que expresamente les está permitido por la Ley. En este sentido, Héctor Padilla habría actuado fuera del ejercicio de sus atribuciones, toda vez que la Seder no está facultada para manipular el precio de algún bien a través del establecimiento de un rango para estos, de manera unilateral o en colaboración con particulares o autoridades”, señaló la Cofece.
Sin embargo, ninguna de las sanciones pudo concretarse. En el primer caso, la multa fue detenida con el amparo que interpuso el secretario el 27 de noviembre pasado, en el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, reveló la Cofece vía transparencia (folio 1011100000318).
En el segundo, porque aunque la Contraloría de Jalisco a cargo de Teresa Brito Serrano recibió la solicitud de Cofece para emprender el procedimiento contra el secretario, optó por derivar el caso al Órgano Interno de Control de la propia Seder, por lo que Padilla Gutiérrez será juez y parte en la pesquisa.
El Tortillazo
La sanción al titular de la Seder, Héctor Padilla, fue por el acuerdo que firmó el 11 de febrero de 2016 con Javier Solano Andalón, líder de Grupos Unidos de Industriales de la Masa y la Tortilla; y con Morayma Preza Espinoza, dirigente de la Asociación de Industriales de la Masa y Tortilla, ambos sancionados.
En ese documento se incluyó un punto 3 sobre el costo del kilo de tortillas que dice: “en relación con los precios, estos podrán oscilar en un rango de 9.00 a 14.00 pesos como máximo, la variación depende de cada establecimiento”. La Cofece concluyó que fue una “práctica monopólica absoluta”, y que tras difundirse en los medios de comunicación “provocó un alza generalizada en el precio de la tortilla en Guadalajara que promedió 7.63 por ciento al pasar de 11.80 pesos a 12.70 pesos por kilo”.
La acción de Seder y los empresarios también causó que en Guadalajara se registrara el aumento más alto del Índice Nacional de Precio al Consumidor (INPC) de la tortilla, entre la primera y segunda quincena de febrero de 2016, con un 2.26 por ciento, respecto al de Monterrey (0.05 por ciento), CDMX (0.39 por ciento) y a nivel nacional (0.40 por ciento).
Los tapatíos “pagaron un sobreprecio por la conducta de 22 centavos por kilo. Así, el daño estimado en este mercado fue de más de 52 millones 627 mil pesos, resultado de multiplicar el sobrecosto por el consumo promedio de tortilla de las familias de Guadalajara, entre febrero de 2016 y febrero de 2017, fecha en que terminó la investigación”.
Acción monopólica
Según la resolución del caso DE-009-2016 de Cofece, consultada por Reporte Indigo, la actuación irregular del secretario le pudo haber ameritado una sanción por 13.1 millones de pesos, de haberse aplicado el monto máximo previsto.
En la comparecencia del secretario ante Cofece del 7 de julio de 2016, dice la resolución, se le pidió que indicara si el marco legal de Seder “le da atribuciones para fijar, elevar, concertar o manipular el precio de venta o compra de bienes o servicios relacionados con el mercado de la producción, distribución y comercialización de tortillas de maíz en Jalisco, a lo que respondió: ‘No’”.
Pese a ello, “Héctor Padilla convocó, participó y dirigió la reunión que culminó en la firma del acuerdo”. Como castigo, y “tomando en consideración que Héctor Padilla al momento de la comisión de la práctica fungía como secretario de la Seder y que ostentándose como tal coadyuvó, propició o indujo la celebración del acuerdo sin tener facultades para ello, corresponde que (…) se informe a la Contraloría de Jalisco de la presente resolución para que, de ser procedente, se inicie el procedimiento de responsabilidad administrativa“.
Contraloría se lava las manos
La Contraloría de Jalisco confirmó que el 10 de noviembre de 2017 recibió oficialmente el expediente DE-009-2016 de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece). Con éste se suponía que debía emprender el procedimiento de responsabilidad contra Padilla Gutiérrez, sin embargo, en lugar de ello, se deslindó de la resolución y la turnó a la Secretaría de Desarrollo Rural de Jalisco (Seder).
Arturo Leyva González, director jurídico de Contraloría, confirmó vía transparencia que derivaron la investigación a la propia Seder, por lo que Padilla Gutiérrez se indagará a sí mismo. “Se declinó dicha resolución a la Seder para que a través de su Órgano Interno de Control (OIC) o quien hiciera las veces le concedieran la tramitación correspondiente”, respondió en el documento con folio 00005218.
En el sistema anticorrupción los OIC pueden resolver sanciones solo sobre faltas administrativas no graves; en este caso, sin embargo, la Cofece resolvió que “la conducta imputada es grave, pues fue intencional y generó un daño significativo”.