Durante el gobierno del expresidente Felipe Calderón se implementó en México el sistema conocido como Asociaciones Público Privadas (APP) en el sector carcelero como una forma de combatir problemas como la sobrepoblación en las cárceles, pero a dos sexenios los resultados no son favorecedores.
El esquema APP existe desde la década de los 80 y 90 en otros países y representa una reingeniería de la labor del estado en materia de provisión de servicios públicos e infraestructura, explica Alberto Espejel Espinoza, politólogo y profesor investigador de la FES Acatlán, de la UNAM.
En el caso del sistema penitenciario, el gobierno calderonista acordó pagarle a empresas por la construcción, el mantenimiento y el manejo de los penales por determinado tiempo. Sin embargo, uno de los problemas es la opacidad en los contratos, pues la información fue reservada.
“Es un esquema que viene acompañado de esa estrategia de mano dura, del supuesto combate del crimen organizado y es una estrategia que ha demostrado que no tiene muy buenos resultados en el caso mexicano”, dice el catedrático.
Espejel Espinoza, quien ha realizado diversas investigaciones sobre este tema, explica que durante el 2010 se licitaron de forma directa 12 penales, pero fueron adjudicados a empresas que no tenían experiencia en el ramo, como a las vivienderas Tradeco, Homex e Ica.
Sin embargo, aunque muchos de ellos concluyeron su operación en tiempo y forma, algunos tardaron más años. Por ejemplo, el de Ramos Arizpe, en Coahuila, que fue inaugurado en el 2017.
El problema es que se le otorgó a empresas que no tenían ninguna expertis en eso, no es lo mismo construir una vivienda habitacional que la seguridad que requiere un penal de máxima seguridad
Aumentan costos de las cárceles
Además, otro hallazgo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, es que salen más caros los penales federales APP, que los ceferesos públicos.
En 2015, dice el académico, ellos calcularon que valía mil 500 pesos la manutención diaria de cada recluso en un esquema APP, mientras que en un cefereso costaba 390 pesos.
“Es una de las promesas que hizo en su momento Felipe Calderón y que secundó Peña Nieto, incluso en los debates presenciales él se manifestó porque el sector privado se hiciera cargo de las cárceles porque iba a salir más barato, porque iba a asegurar los derechos humanos de los reos, mayores condiciones de gobernabilidad, entre muchas otras bondades”, dice.
Sin embargo, Alberto Espejel Espinoza, asegura que ambos esquemas de cárceles comparten problemas.
“No estamos afirmando que el esquema es malo ‘per se’, puede mejorar evidentemente si hay marcos regulatorios un poco más robustos, y en ese sentido la implementación del esquema puede tener áreas de oportunidad”, menciona.
El doctor en Ciencia Política explica que a nivel mundial, no hay diferencias significativas entre el sistema APP y el tradicional en el sector carcelario.
El gobierno calderonista acordó pagarle a empresas por la construcción, el mantenimiento y el manejo de los penales por determinado tiempo. Sin embargo, surgieron problemas como la opacidad en los contratos
“Más bien hay que preguntarnos primero si la política de seguridad fincada en construcción de penales y aumento de penas es la salida al problema que tiene México como país”.
Prisión preventiva, último recurso
El pasado 13 de octubre, en el pleno de la Cámara de Diputados, se aprobó ampliar el catálogo de delitos que ameritan la prisión preventiva oficiosa. Sin embargo, especialistas señalan que estas medidas no funcionan y menoscaban los derechos humanos.
Entre algunos de los delitos que se contemplan ahora están el robo a casa habitación, robo a transporte de carga, delitos en materia de hidrocarburos, uso de armas de fuego, feminicidio, delitos electorales y corrupción.
“Es importante replantear el tema de la prisión preventiva, qué tantas personas van a prisión ahora, y se debería de pensar en alternativas antes de la prisión, eso también es importante.
“Mientras sigan existiendo las cárceles, lo que se tendría que garantizar es que las personas tengan las condiciones adecuadas, que las personas tengan acceso a las actividades establecidas en el plan de actividades y que realmente les brinden herramientas para cuando salgan, creo que eso es realmente muy importante”, señala Sofía González Talamantes, coordinadora del Programa Penitenciario y Reinserción Social de la organización Documenta.
La organización Asilegal señala que si bien estas medidas podrían responder a la necesidad social para frenar la comisión de los delitos, en realidad se atiende una necesidad vengativa más que una restaurativa que fortalezca las instituciones.
Con cada reforma a la medida idealmente excepcional de la prisión preventiva, nos alejamos más de la justicia y funcionamiento de las instituciones, pues en realidad se dan más herramientas para generar corrupción, opresión y malas prácticas que desembocan en vidas perdidas en prisión
