Enfermo e incomunicado, el jefe fundador de los grupos de autodefensa de Michoacán, José Manuel Mireles se mantiene a la espera de que el juez federal del juzgado quinto de lo penal en Uruapan le resuelva un incidente por desvanecimiento de pruebas, el que -de ser a su favor- podría dejarlo en libertad.
Sin embargo, el mismo incidente que promueve la defensa de Mireles, ya había sido presentado por uno de los escoltas del líder de las autodefensas, que también se encuentra recluido en la cárcel federal de Tepic, y fue rechazado por otro juez.
Este antecedente le deja pocas esperanzas a la defensa del doctor, pero no se descarta que el criterio del juzgador sea distinto en esta ocasión.
Salvador Molina, abogado de Mireles, señaló que si se aprueba a favor la resolución, ésta dejaría un buen precedente para que otros miembros de las autodefensas que se encuentran presos puedan salir en libertad, posiblemente antes de que termine el año.
El legista recordó que aunque los juzgados entran en periodo de receso por las vacaciones de fin de año, en términos constitucionales el sistema judicial opera los 365 días del año, por lo que en el instante en que se presente la resolución se hace del conocimiento al procesado.
El incidente por desvanecimiento de pruebas que promueve la defensa de Mireles, es un recurso jurídico al que se acude cuando el proceso penal se desvirtúa, al quedar demostrada en contra la prueba que sirvió de base para el auto de formal prisión.
Es decir, en el caso de Mireles, la prueba reina presentada por el Ministerio Público de la federación fue la portación de armas, pero ya se demostró que las armas fueron autorizadas por el Gobierno federal.
De acuerdo al abogado, la ruta legal que le queda a Mireles en caso de que el juez desechara la posibilidad de decretarle la libertad, sería la solicitud de revisión de ese recurso ante un tribunal unitario de distrito, cuya sentencia final sería inapelable.
Mientras espera el resolutivo el líder fundador de las autodefensas permanece enfermo. Continúa en el área de hospitalización de la cárcel federal de Hermosillo, en donde afronta problemas de depresión. Un padecimiento que, según su defensa, no le ha sido bien atendido y que lo mantiene recostado la mayor parte del día.
Molina aseguró que Mireles también afronta problemas de salud que se le han complicado en los últimos días, principalmente los derivados con la hipertensión arterial que se le ha agudizado, como consecuencia de su padecimiento diabético.
El centro penitenciario se ha negado en darle atención médica especializada y medicamentos de calidad para poder afrontar sus estados descendientes de ánimo, denunció.
Otra de las afecciones que mantienen a Mireles postrado en su cama es una lesión en la cadera, la que no solo le impide caminar, sino que es el pretexto de la dirección de ese centro penitenciario para que se le haya suspendido la posibilidad de salir al patio una hora al día para tomar el sol. En consecuencia, está vedado de cualquier actividad física a pesar de que en su expediente está recomendado al menos una vez –por espacio de una hora- a la semana.
Ante esa situación, la defensa ha interpuesto dos reclamos ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en donde se argumenta “el trato cruel a inhumano”, sin embargo, esa dependencia no emitido ninguna postura oficial.
Un proceso viciado
El reclamo de sobreseimiento del proceso penal abierto a Mireles lo lleva el abogado Ignacio Mendoza Jiménez, el exsubprocurador de Michoacán que se vio envuelto en el escándalo del “Michoacanazo” y que estuvo preso en la cárcel federal de Tepic, y luego en la estatal de Morelia por espacio de casi dos años.
Hoy Mendoza Jiménez, al frente de la defensa de Mireles, aseguró que el proceso que se le sigue al jefe de las autodefensas está viciado de origen. No existe la intención de hacerle justicia, argumentó, pues además de estar soportado sobre pruebas falsas y argumentos ficticios, existe la clara intención de retardar lo más que se pueda la permanencia de Mireles en la cárcel.
La prueba más clara de esa intención, dijo, es la negativa del excomisionado Alfredo Castillo Cervantes y del procurador de justicia de Michoacán, Martin Godoy Castro, para acudir a declarar ante el juez que los ha mandado llamar en dos ocasiones.
Los dos funcionarios, responsables del encarcelamiento de Mireles, han argumentado diversas causas, principalmente la de sus ocupaciones como funcionarios públicos para no acudir al juzgado, limitándose a enviar por escrito sus declaraciones sobre el caso, las que no cumplen con la formalidad del careo exigido por el reo en su defensa.
Reclaman libertad de su jefe
Frente a las condiciones carcelarias que afronta José Manuel Mireles, los grupos de civiles armados leales al jefe fundador de las autodefensas siguen manifestando de manera constante el reclamo público para que su comandante sea puesto en libertad.
En la zona sur del estado de Michoacán se contabilizan en 17 los grupos de autodefensas que reconocen como única autoridad a Mireles, la mayor parte de ellos se encuentran en una constante movilización.
Aun cuando el gobierno estatal de Silvano Aureoles no reconoce como válida ninguna comunicación con los grupos de autodefensa que siguen activos, sobre los cuales no han cesado las órdenes de aprehensión, fuentes de la Secretaría de Gobierno confirmaron a Reporte Indigo que se han recibido peticiones formales para exigir la liberación tanto de Mireles y del comandante Semeí Verdía Zepeda.
La tregua
A manera de tregua, al menos 8 de los 17 grupos de autodefensas que siguen activos, han propuesto al Gobierno estatal, a través de interlocutores directos que ha enviado la Secretaría de Gobierno del Estado, su intervención ante la federación para que cese la presión oficial en los procesos penales que afrontan los dos líderes del movimiento armado.
A cambio, las autodefensas han ofrecido disminuir su movilización al grado de “responder solo a las agresiones de los Templarios”.
Hipólito: el mediador
Como parte de las movilizaciones que buscan alcanzar la liberación de José Manuel Mireles mediante la vía política, se ha distinguido el trabajo de Hipólito Mora, el retirado jefe de las autodefensas de La Ruana, quien no ha quitado el dedo del renglón para que en la primera semana de febrero un grupo de senadores haga una visita a la zona que está bajo el control de los civiles armados, a fin de tender una línea de comunicación.
Mora busca revivir la iniciativa de la llamada Ley Mireles, la que mediante el indulto presidencial permitiría que al menos 383 autodefensas presos, entre ellos incluido el jefe del movimiento, alcanzaran la libertad en forma inmediata.
La Ley Mireles es la misma que sepultó la entonces senadora, Arely Gómez, hoy procuradora de la república, bajo el argumento de que “esa ley beneficiaria a algunos delincuentes”.
