Ministro de la SCJN propone avalar Ley de Seguridad Interior; se plantea redefinir “uso legítimo de la fuerza”
La iniciativa contempla redefinir el término “uso legítimo de la fuerza”, para que pueda ser utilizada en diferentes situaciones y, especialmente, por instancias determinadas
Indigo StaffEl Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Jorge Mario Pardo Rebolledo, propuso avalar la controversial Ley de Seguridad Interior en varios de sus aspectos esenciales.
La Ley, que regula la intervención de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública y combate a la delincuencia, será discutida por los Ministros luego de ser impugnada por varias autoridades, entre ellas la CNDH.
Tras haberla promulgado, el presidente Enrique Peña Nieto detalló que la Ley no entraría en funciones hasta que la SCJN resolviera si era o no inconstitucional.
“Soy consciente de que este ordenamiento que habré de promulgar esta tarde es especialmente sensible para la vida pública del país, por eso no emitiré declaratoria de protección de Seguridad Interior en los términos de esta ley hasta que el máximo tribunal decida sobre su constitucionalidad”, aseguró el presidente
De acuerdo a la iniciativa del Ministro, se propone validar la competencia del Congreso de la Unión para legislar en materia de seguridad interior, reconociéndose a ésta como una vertiente de la seguridad nacional.
Por lo anterior, la propuesta también plantea definir los límites y alcances de las nociones de “seguridad interior” y “seguridad pública” para entender las funciones que las Fuerzas Armadas tendrían.
Incluso, la iniciativa contempla redefinir el término “uso legítimo de la fuerza”, para que pueda ser utilizada en diferentes situaciones y, especialmente, por instancias determinadas.
Asimismo, la propuesta integra la posibilidad de que el Presidente de la República pueda actuar sin que exista alguna petición de las entidades federativas.
Por último, la iniciativa también avala que las Fuerzas Armadas puedan sin solicitud de apoyo o auxilio de las autoridades civiles; así como que atiendan “amenazas” a la seguridad interior sin declaratoria previa.
