En respuesta a los cuestionamientos y acusaciones que hizo el presidente López Obrador a la Ministra Margarita Ríos Farjat respecto a los sueldos de los Ministros en días pasados, la juzgadora constitucional afirmó que para tener los números claros, el salario neto mensual de los ministros es de:
“Cerca de 207 mil pesos, y no los 600 o 700 mil pesos que se ha mencionado constantemente”.
La Ministra, propuesta para el alto tribunal por Andrés Manuel López Obrador en 2019, negó que las cifras presentadas por el gobierno federal sean correctas.
Según los datos divulgados por el primer mandatario, el salario mensual de los ministros es de 792 mil 258 pesos, el de un consejero de 464 mil 73 pesos y el de un juez 376 mil 498 pesos.
A lo que Margarita Ríos aseguró que un ministro gana 207 mil pesos, un Consejero 205 mil y un Magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral de la Federación 202 mil.
Mientras que los Magistrados de Circuito y Magistrados Electorales de las salas regionales ganan 152 mil, y los Jueces de distrito 139 mil pesos.
La Juzgadora Constitucional dijo que no es lo mismo “Salario” que “Remuneración”, siendo este último un concepto más amplio, pues abarca prestaciones y asignaciones adicionales tanto para el Ejecutivo como para los integrantes del Poder Judicial, todas reflejadas en el Presupuesto de Egresos de 2024.
Ríos Farjat reconoció que es cierto que existe una diferencia importante entre la cúpula Judicial y la del Ejecutivo federal, y por tanto necesita hablarse de ello.
La Ministra dijo que estos salarios pueden ajustarse siempre que sea el resultado de un Pacto Nacional y si así lo deseara la cúpula judicial. Además, deben tabularse de manera piramidal ponderando el mérito y los perfiles correctos.
“Existe un problema constitucional que es necesario resolver, derivado de una reforma al artículo 127 que en 2009 estableció que ningún servidor público puede recibir una remuneración mayor a la establecida para el Presidente”.
Ana Margarita Ríos explicó que esta Reforma solo aplicó hacia el futuro, creando dos grupos de servidores: los antiguos, que ganaban más, y los nuevos, que ganaban menos, aunque desempeñaran las mismas funciones.
“Este desbalance se agravó en el Poder Judicial debido a su estructura de renovación escalonada y transexenal, en contraste con el Ejecutivo y Legislativo, que se renuevan más frecuentemente”.
Para solucionar la inequidad, dijo, la Corte de aquella época interpretó que los once puestos de ministros (no las personas, sino los puestos) que ya existían desde antes de 2009, no estaban sujetos a la reforma porque las condiciones de esos asientos estaban dadas desde antes, con independencia de quienes los ocuparan.
“Así se evitó algo inequitativo, pero implicó que el Poder Judicial quedó exento del artículo 127 constitucional. Y además, aquella Corte de 2011 […] tampoco mostró solidaridad con el objetivo del Constituyente Permanente, que era generar cierta disciplina salarial”.
Aclaró que la Corte no se exentó a secas, sino que partió de la autonomía entre los tres poderes del Estado, consignada en el artículo 41 constitucional, que señala que el pueblo ejerce su soberanía por medio de los tres poderes de la Unión.
Y, sin que la autonomía sea una carta en blanco para que cada poder “se recete como guste”, no se puede anular su participación para determinar qué características y conocimientos requieren sus integrantes.
Asimismo, explicó que otra consecuencia de la reforma de 2009 es que los sueldos quedaron a expensas de lo que los presidentes determinaran.
“Por ejemplo, en un acto de gran congruencia y austeridad, el presidente López Obrador renunció a determinados elementos que presupuestalmente integraban la remuneración del Poder Ejecutivo, reduciéndose de forma extraordinaria”.
Aclaró que el Poder Judicial nunca fue llamado a evaluar y consensuar las necesidades de su desempeño, y al reducirse el Presidente se generó una incongruencia constitucional, pues los poderes son autónomos entre sí, y además la Constitución ordena que no se reduzca el salario mientras se está en el cargo.
Respecto a qué se puede hacer ante esta situación de disparidad, la Ministra apuntó que se requiere de un gran consenso.
“Nada está escrito en piedra, y eso no implica que la judicatura no pueda ajustar sus remuneraciones. Toda la Corte, ministros en activo y en retiro, deberían conciliar una forma de equilibrar lo que la sociedad pide, ajustando los salarios hacia el porvenir, pero también los haberes de retiro respecto de los cuales la Constitución no establece un monto ni tampoco una duración. De aquí en adelante y de aquí para atrás”.
Buscando la honrosa medianía a la que aspiraba Juárez, “medianía sí, pero honrosa, no medianía a secas”. Una medianía que se estima, que se aprecia, que permite vivir con decoro, esa es la honrosa medianía, la justa medianía.
Finalmente, destacó que la Reforma Judicial, que se discute actualmente, consigna el tema de los salarios y los haberes de retiro como si ello fuera a solucionar los problemas nacionales.
Y establece que los Ministros en activo que deseen conservar su haber de retiro tienen que renunciar este año, aunque la renuncia se haga efectiva el año entrante, porque si no lo pierden.
“Es decir, se pretende que sigamos trabajando luego de presentar nuestras renuncias. Es un extraño deseo, oscuro, para las instituciones mexicanas. En lo personal, prefiero renunciar a la pensión a la que tendría derecho antes que aceptar una situación que no deja espacio a la dignidad personal”.
La Jueza Constitucional dijo que cree genuinamente que sería una crisis innecesaria y puede evitarse con un diálogo ecuánime, donde se dé espacio para que el Poder Judicial reflexione y proponga soluciones al respecto.