La Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Ana Margarita Ríos Farjat, afirmó que a través de la independencia judicial se asegura la correcta aplicación de la ley, la protección de los derechos humanos y se garantiza la estabilidad del Estado.
“Resulta paradójico que se considere a la independencia judicial como amenazante cuando en realidad los jueces independientes garantizan el cumplimiento de las leyes promulgadas por el Estado, así como sus procesos, a fin de que todas las personas gocen de sus derechos”.
Ríos Farjat destacó que, más que un riesgo para la sociedad o para la coalición política que sea dominante, un juez independiente e imparcial es una garantía de estabilidad del Estado.
FOTO: SCJN/CUARTOSCURO.COM
“Y cuando hay estabilidad, cuando se cumple la ley, existe crecimiento económico. Cuando existe seguridad jurídica, se sientan las bases para la prosperidad”.
En sus conclusiones, Ríos Farjat dijo que las garantías de estabilidad que la ley otorga a los juzgadores favorecen a quienes acuden a la justicia y esperan que la que reciban sea justicia imparcial, valiente, autónoma, técnica y excelente.
“No es una fórmula matemática el quehacer de los jueces, no trabajamos con abstracciones, sino con personas que están litigando, que están en pleito, en desasosiego. Todo eso se percibe y se sufre por quien juzga, porque somos personas y las injusticias que se ven en los expedientes duelen”.
En el foro, Francisca Pou Giménez, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM, llamó a fortalecer las instituciones de justicia en México, tomando como referencia experiencias internacionales exitosas como las de Argentina, Brasil y España.
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Destacó la importancia de elevar el prestigio de los fiscales al nivel de los jueces, así como de mejorar las condiciones laborales y la capacitación de la policía de investigación, y fortalecer la independencia de los poderes judiciales estatales, aún influenciados por los gobernadores.
Reflexionó que le hubiera gustado no estar discutiendo sobre temas tan básicos como la independencia judicial.
“Se requiere una reforma que permita avanzar hacia un acceso real y cercano a la justicia, y seguir avanzando en la incorporación de estándares de derechos humanos en el sistema judicial”.
Carlos Ayala Corao, expresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (OEA), cuestionó la iniciativa de reforma judicial que actualmente analiza el Congreso de la Unión y expuso que le falta claridad y su principal objetivo es ajeno al deber ser judicial.
“En la exposición de motivos de la reforma se dice que esta se hace para buscar mayor legitimidad de la justicia en México a través de la participación ciudadana en la elección de los jueces”.
“Si ese es el objetivo, lo primero que tenemos que plantearnos es si ese es un objetivo legítimo en la justicia. Pero incluso ese objetivo ni se logra con la reforma constitucional: no veo a los ciudadanos por ningún lugar participar, ni en la selección de candidatos ni aportando, no los veo cuestionando ni los veo proponiendo”.
Tras destacar que el acceso a la justicia detona la garantía de otros derechos, Leticia Bonifaz Alfonzo, integrante del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), advirtió que no se pueden prever los resultados de la reforma, pues, agregó, no hay en la actualidad alguna otra experiencia similar en el mundo.
“No hay un caso hoy como el de México. Este proceso ni siquiera es semejante al boliviano cuando eligieron a su órgano supremo en materia jurisdiccional, así que no nos queda más que seguir aportando elementos y convencer de la importancia de que esta reforma vaya muy pensada y que vaya teniendo todos los puntos indispensables para cumplir con los tratados internacionales”.
Finalmente, el juez Marcelo Gallo Tagle, presidente de la Federación Latinoamericana de Magistrados, aseveró que la independencia de la que goza un juez no es un privilegio, sino una garantía para asegurar a toda persona un juicio justo.
Y criticó que se hable de los privilegios de los jueces, asegurando que se trata de una “etiqueta mediática para tratar de denostar la imagen del Poder Judicial y malinformar al ciudadano”.
El juez Gallo Tagle también destacó que el cese masivo de jueces que plantea la iniciativa de reforma judicial propuesta por el Ejecutivo Federal en México afectaría retroactivamente designaciones que fueron realizadas adecuadamente.
La Mesa de Diálogo tuvo por objetivo analizar la independencia judicial, identificada como un atributo indispensable de las personas juzgadoras para ejercer su función, así como un derecho inalienable de los justiciables para acceder a una justicia imparcial frente a los actos arbitrarios de la autoridad.
Al terminar las exposiciones de este foro, la ministra Ana Margarita Ríos Farjat agradeció la participación de los ponentes, quienes, dijo, dejaron un testimonio muy claro de responsabilidad en su forma de abordar un tema fundamental para la sociedad y su bienestar; al tiempo que cuestionó:
“Que si la sociedad no conoce el quehacer judicial es porque, en gran medida, la academia, los medios de comunicación y la abogacía en general no asumen esa tarea y se la dejan a los jueces, cuando no debería ser así”.
Las mesas de trabajo del Encuentro Internacional sobre Independencia Judicial son organizadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), el Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas (ONU).
