Tras recibir una denuncia anónima, Norma Lucía Piña Hernández, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), ha ordenado una investigación exhaustiva contra excolaboradores del ministro en retiro Arturo Zaldívar por presuntas actividades corruptas y de coacción.
La explosión de esta bomba ha sacudido al Poder Judicial, apuntando directamente a Carlos Antonio Alpízar Salazar, exsecretario general de la Presidencia del CJF, quien es acusado de ejercer presión, extorsión y amenazas contra jueces para obtener fallos favorables a sus intereses.
La lupa de la investigación también se ha dirigido hacia el extitular de la Secretaría Ejecutiva de Disciplina, el magistrado Jaime Santana Turral, quien enfrenta serias acusaciones de utilizar su posición para presionar a jueces y magistrados.
Sin embargo, las implicaciones no terminan aquí. La denuncia también señala a la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas y a la entonces Contraloría del Poder Judicial, encabezada por Arely Gómez González, quien actualmente desempeña el cargo de auditora en la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Se les acusa de intimidación y fabricación de quejas para declarar culpables a los titulares de responsabilidades administrativas.
También señalan a Julio Scherer
Las revelaciones se amplían al vincular al exconsejero Jurídico de la Presidencia de la República, Julio Scherer, en una presunta conspiración para socavar la autonomía e independencia de los titulares de los órganos jurisdiccionales.
La investigación, identificada con el número J/108/2024, se extiende también a Netzai Sandoval, exdirector del Instituto de la Defensoría Federal, y al actual magistrado Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, conocido por su papel en el caso de la “Estafa Maestra”.
Más de 50 jueces y magistrados habrían aceptado resolver casos según las indicaciones de los colaboradores de Zaldívar, lo que revela una red de corrupción que ha socavado la confianza en el sistema judicial mexicano.