Durante los últimos 8 años y bajo el amparo de la corrupción, la explotación minera ha crecido desordenadamente en el estado de Michoacán.
La riqueza mineral del estado ha sido el paraíso económico para los explotadores ilegales del subsuelo, entre los que se encuentran células del crimen organizado nacional e internacional que infiltraron a las estructuras del gobierno para el otorgamiento de permisos que posibilitan la extracción y comercialización de minerales como oro, plata, plomo y hierro.
Menos del 1 por ciento de las minas que operan en la entidad cuentan con los permisos correspondientes y solo el 2 por ciento de los ingresos que se generan por la extracción de minerales son declarados ante el fisco.
La discrecionalidad con la que se otorgaron permisos para la extracción de minerales y la rentabilidad económica de las minas –que en ocasiones son solo hoyos de donde se extrae rudimentariamente el mineral- hizo que en los últimos años el crimen organizado volteara a ver a ese sector como alternativa financiera para su actividad delincuencial.
No hay cifras exactas, pero se estima que al menos unas 200 minas de la zona de Tierra Caliente estuvieron siendo operadas por personas al servicio del cártel de los Caballeros Templarios.
En los últimos meses, el Gobierno Federal ha incautado 119 mil toneladas de hierro, que en el mercado internacional habrían significado una utilidad directa al crimen organizado por más de un millón de dólares.
De las minas que operan en el estado, no llega ni al 10 por ciento las que son manejadas por comunidades indígenas o empresas nacionales o trasnacionales bien establecidas; tampoco se cumple a plenitud con la normatividad existente para la explotación del subsuelo.
El permiso que menos se tramita -o se obtiene mediante sobornos- es el correspondiente al impacto ambiental.
El monto anual de la riqueza que se genera globalmente por la explotación de las minas en Michoacán, según un estudio del Servicio Geológico Mexicano, asciende a más de 5 mil 826 millones 982 mil 900 pesos.
Esta cifra equivale casi al 10 por ciento del presupuesto de gastos que el gobierno de Michoacán ha dispuesto para el presente año. El mayor monto en la explotación minera es generado por la extracción de hierro, seguido por el cobre y la plata.
En el estado, la zona de mayor explotación minera se encuentra en la región de Tierra Caliente y la zona Costa Sierra Nahua, en donde opera el 90 por ciento de las minas.
En esa zona también se explotan importantes minas de otros minerales no metálicos, como agregados pétreos de arena, barita, calcita, cantera, caolín, yeso y tezontle, principalmente, cuya explotación alcanza anualmente casi los 500 millones de pesos anuales, según datos de la Secretaria de Economía.
Todos están en el negocio
En Michoacán son diversos los grupos que se encuentran en el negocio de la minería. La venta de hierro es una de las actividades más comunes en esta entidad.
La facilidad con la que se hacen las transacciones económicas es lo que motiva la comercialización del mineral. Los compradores al mejor postor son empresas chinas que a través de sus representantes regentean el mercado local.
En internet son variadas las ofertas que se hacen por parte de compradores de minerales. Entre los principales compradores del hierro michoacano se encuentra las empresas chinas Shenzhen Golden E-Fast Technology Co, Ltd, Zhejiang Losun Holding Group, Co. Ltd. Sunju Mining & Resources, S.A. de C.V. y la norteamericana Liming Heavy Industry.
Todas ellas ofertan en la red una compra rápida y seria del mineral, ofreciendo pagos en forma inmediata.
En los portales de comercialización de minerales también aparecen particulares que ofrecen comprar cualquier cantidad de mineral, sin especificar la necesidad de mostrar certificados de calidad o permisos oficiales para la extracción metalúrgica.
Todos los documentos comprobatorios que garantizan que la mina está en orden, son omitidos en los procesos de compra-venta de mineral por Internet.
La mayoría de las transacciones se concretan en persona en el puerto de Lázaro Cárdenas, en donde son entregados los cargamentos de mineral que llegan sin mayor problema –solo a veces custodiados por hombres armados- desde las minas hasta los patios de movimiento para su embarque.
Para los grupos de las células criminales no es riesgoso el movimiento de minerales “en greña”.
En Michoacán la extracción y comercialización lo mismo la hacen grupos indígenas que explotan rudimentariamente sus minas en la zona Costa-Sierra-Nahua, que funcionarios de algunos gobiernos municipales, grupos de autodefensa, policías comunitarias o células del crimen organizado.
Todos venden su mineral a los representantes de las empresas chinas, que pagan precios hasta en un 60 por ciento abajo el valor internacional.
Hasta antes del pasado 4 de noviembre del 2013, fecha en la que el Gobierno Federal tomó control del puerto de Lázaro Cárdenas en Michoacán, no se tenía registro de la cantidad de buques cargados de mineral que zarparon hacia el continente asiático. Por ello, se mantiene en curso una averiguación para conocer la responsabilidad penal de los que estuvieron al frente de la Administración Portuaria Integral (API).
Los que van en el barco
Las investigaciones que ha abierto el Gobierno Federal apuntan a malos manejos en el puerto michoacano durante los periodos de administración de Armando Palos Nájera, Héctor Mejía Bautista, Rubén Medina Gonzales y Juan Paratore García.
Pero podrían alcanzar a funcionarios federales, los que se desempeñaron en la entidad en los últimos ocho años, principalmente en la delegación de la Secretaría de Economía, Secretaría de Energía y del Fideicomiso de Fomento Minero, de donde salieron sin normatividad los permisos y autorizaciones para la explotación de minas por parte de particulares.
Durante el gobierno de Felipe Calderón -con Bruno Ferrari García de Alba como secretario de Economía- que se incrementó exponencialmente el número de permisos otorgados por la Federación para la explotación de minas en Michoacán.
Los permisos fueron principalmente para la extracción de hierro, pero en la mayoría de los casos la normatividad no fue cumplida.
Por las manos del entonces subsecretario para la Pequeña y Mediana Empresa, Juan Bueno Torio, pasaron las solicitudes de permisos para minas.
La mayoría de las gestiones, solicitudes de operación y permisos que se tramitaron en los últimos ocho años fueron impulsadas por el gobierno estatal de Michoacán, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, encabezada entonces por Eloy Vargas Arreola.
La mayoría de los permisos que se resolvieron en el ámbito estatal fueron avalados por el entonces tesorero estatal Humberto Suárez López, quien se encuentra actualmente bajo proceso penal acusado de desviar a su favor más de 40 millones de pesos del erario público.
La guardia blanca
El robo del mineral extraído ilegalmente por algunas empresas internacionales asentadas en Michoacán acarrea otro problema, no solo por el delito en sí, sino por la creación de guardias blancas.
Pequeños ejércitos particulares, pagados, entrenados y armados por las empresas transnacionales que se ven saqueadas. Es el punto de origen de las autodefensas y la confrontación de guardias comunales con células del crimen organizado.
Números negros
> 926 minas operan oficialmente en Michoacán
> 47 minas cuentan con los permisos oficiales debidamente requisitadas
> 4 millones de toneladas anuales asciende –en promedio- la producción total de hierro en la entidad
> 98 por ciento del mineral que se extrae en Michoacán tiene como destino la industria china
> 5 dólares por cada tonelada de mineral vendido es la utilidad promedio que se presume obtenían las células del crimen organizado.
