Minera canadiense explota contra AMLO: reclama 200 mdd por cancelación de concesión
De acuerdo con la empresa, se inició un procedimiento internacional de arbitraje en contra del gobierno de México
Carlos RamírezPor medio de un comunicado, la minera canadiense Almaden Minerals LTD informó la demanda que inició en contra del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador por la rescisión de la concesión.
De acuerdo con la empresa, se inició un procedimiento internacional de arbitraje en contra del gobierno de México debido a la cancelación de las concesiones mineras en el municipio de Ixtacamaxtitlán, Puebla.
Ante ello, la minera reclamó una indemnización no menor a los 200 millones de dólares por las afectaciones económicas ante la decisión del gobierno de AMLO.
A su vez, la empresa, cuya subsidiaria mexicana es Minera Gorrión, detalló que existieron presuntas violaciones al Acuerdo Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP).
La reunión con el gobierno mexicano se llevó a cabo el 30 de mayo pasado, en ellas se expuso que las acciones del gobierno de López Obrador eran una violación al acuerdo.
Y que con ellas se bloqueó el desarrollo del proyecto en Ixtacamaxtitlán, además que se rescindieron las concesiones que la minera había ganado en 2003 y 2009, lo que provocó la pérdida de las inversiones de la compañía en el país.
Por ende, ahora Almaden Minerals reclama una indemnización ante la estimación de los daños producidos, toda vez que se nombrará a un experto para que se evalúen los perjuicios totales.
Cabe recordar que en Ixtacamaxtitlán opera un depósito de cobre, oro y plata descubierto en 2010.
Este municipio, hogar de más de 25 mil habitantes, según datos del INEGI, incluye comunidades como Santa María Zotoltepec y Zacatepec, las cuales enfrentan condiciones de pobreza y marginación.
En 2021, Almaden recibió autorización para cinco proyectos de exploración de oro y plata en Puebla, entre ellos el proyecto Tuligtic Ixtaca, actualmente en fase de desarrollo.
Sin embargo, el proyecto Ixtaca ha generado resistencia por parte de los residentes locales y autoridades de la zona.
Las comunidades de la Sierra Norte han manifestado su rechazo a la operación minera, citando preocupaciones ambientales y sociales, así como el impacto potencial en su calidad de vida y recursos naturales.